¿Cuándo interrumpe la demanda la prescripción? Este comentario examina 475 sentencias de la Primera y la Cuarta Sala de la Corte Suprema, dictadas entre enero de 2023 y septiembre de 2026, sobre la interrupción civil de la prescripción extintiva de los artículos 2503, 2518 y 2523 del Código Civil, y responde una pregunta con dos respuestas: si basta presentar la demanda dentro del plazo o si es necesario notificarla antes de que venza. Revisa el pleno de mayo de 2024, que se pronunció por la notificación por nueve votos contra seis; la Primera Sala, que consolidó esa tesis con la sola excepción de la Ley N° 21.226 y la aplica también a los cobros con cláusula de aceleración; la Cuarta Sala, dividida en lo civil y ordenada por materias en lo laboral y lo previsional; los actos que interrumpen y los que no, la pérdida de la interrupción y sus efectos personales; y cierra con una valoración crítica y una propuesta de presentación condicionada a una notificación oportuna.

1. Introducción ↑ índice

La pregunta sobre el momento en que la demanda interrumpe la prescripción parece menor y es, sin embargo, una de las que con mayor frecuencia decide la suerte de un juicio civil en Chile. El inciso final del artículo 2518 del Código Civil dispone que la prescripción extintiva “se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el artículo 2503”, y este último niega efecto interruptivo al recurso judicial “si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal”. Entre la presentación del libelo y su notificación media un tiempo que no siempre controla el acreedor, porque depende de la búsqueda del deudor, de la diligencia del receptor y de la carga de trabajo del tribunal, y si en ese intervalo se cumple el plazo de prescripción la respuesta a la pregunta decide si la acción sobrevive o se extingue. La cuestión se presenta a diario en el cobro de pagarés y mutuos, en las demandas laborales, en la cobranza de cotizaciones previsionales y en las acciones de nulidad, y la Corte Suprema la ha resuelto en sentidos distintos durante décadas.

La cuestión no es nueva. Ha sido estudiada a lo largo de los años por la doctrina nacional y ha recibido de la Corte Suprema respuestas distintas, al punto de que entre quienes litigan se ha instalado la impresión de que el resultado depende, en buena medida, de la sala que conozca del recurso. Ese es el origen de este trabajo: revisar, con un universo amplio de sentencias y un período reciente, si esa impresión se corresponde con lo que efectivamente resuelve la Corte, qué ha ocurrido en cada sala desde 2023 y qué otras cuestiones sobre la interrupción ha debido decidir el tribunal.

El problema puede formularse así: ¿la Primera y la Cuarta Sala de la Corte Suprema aplican, entre 2023 y 2026, un criterio común sobre el momento y los actos que interrumpen civilmente la prescripción extintiva? La hipótesis que se intentará verificar es negativa. La Primera Sala habría consolidado la tesis de la notificación como regla general, con la sola excepción del régimen transitorio de la Ley N° 21.226, mientras la Cuarta Sala mantendría una división que se explica en parte por la materia de los asuntos que conoce y en parte por su integración, de modo que el resultado de un mismo problema puede variar según la sala a la que llegue el recurso, aun después de que el Pleno se pronunciara por la notificación en mayo de 2024. Sostendré, además, que ambas tesis presentan costos que la jurisprudencia ya ha identificado, y que la fórmula de una presentación condicionada a una notificación oportuna, presente en la ley, en el derecho comparado que los fallos citan y en algunas prevenciones, ofrece un punto de equilibrio razonable.

El estudio comprende las sentencias de la Primera y de la Cuarta Sala de la Corte Suprema publicadas en el Buscador Unificado de Sentencias del Poder Judicial y consultadas el 11 de octubre de 2026, mediante las expresiones “interrupción civil”, “interrupción natural”, “interrumpe la prescripción”, “interrumpir la prescripción”, “interrumpió la prescripción”, “interrumpida la prescripción” y los números de los artículos 2503, 2518 y 2523. La búsqueda arrojó 621 documentos, de los cuales 475, correspondientes a 458 roles y dictados entre el 6 de enero de 2023 y el 28 de septiembre de 2026, se pronuncian efectivamente sobre la interrupción de la prescripción; los restantes mencionan esos artículos de modo incidental o tratan la interrupción de plazos de otra naturaleza. Las sentencias de casación y sus sentencias de reemplazo se examinaron por separado. Como la búsqueda se filtró por sala, no recoge la sentencia del Pleno de 16 de mayo de 2024, que se examina aparte en la sección 2.3 y no forma parte de los conteos. La distribución de las 475 sentencias es la siguiente.

Tres precisiones delimitan el alcance de las cifras. La primera es que desde julio de 2025 el portal publica una selección de sentencias, de modo que los números de 2025 y 2026 son un piso y no permiten inferir la totalidad de los asuntos resueltos. La segunda es que una parte considerable de las decisiones no entra al fondo, porque el recurso se declara inadmisible o se rechaza por defectos de formalización, y que solo en 191 de las 475 sentencias la mayoría se pronuncia sobre el momento de la interrupción, 159 por la notificación, 22 por la presentación, pura o condicionada a una notificación posterior, y 10 con fórmulas ambivalentes; el resto se ocupa de otros actos interruptivos, de la interrupción natural o de cuestiones procesales. La tercera es que los conteos describen tendencias en los fallos revisados y no agotan lo que la Corte ha resuelto. Las sentencias se identifican por su rol, sala y fecha, y las partes no se individualizan. La doctrina se considera en la medida en que la recogen los fallos, porque el propósito del trabajo es describir y valorar la jurisprudencia y no reconstruir el debate doctrinario.

El plan es el siguiente. La sección 2 expone el marco normativo, las dos lecturas que de él se han hecho y el intento del Pleno por unificarlas en 2024. La sección 3 examina la Primera Sala y la sección 4 la Cuarta, cada una con sus fallos representativos, sus votos de minoría y lo resuelto en 2026. La sección 5 se ocupa de los actos que interrumpen y de los que no lo hacen, de la pérdida de la interrupción y de sus efectos. La sección 6 contiene la valoración crítica y la propuesta, y la sección 7 las conclusiones, que responden a la pregunta formulada.

2. El marco normativo y las dos lecturas ↑ índice

2.1. Las normas en juego

El Código Civil regula la interrupción de la prescripción extintiva por remisión, pues el artículo 2518 distingue la interrupción natural, que se produce “por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente”, de la civil, que se produce por la demanda judicial, y para esta última se remite a los casos del artículo 2503, escrito para la prescripción adquisitiva. Este último precepto define la interrupción civil como “todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor”, y enumera tres supuestos en que el recurrente no puede alegarla: que la notificación de la demanda no se haya hecho en forma legal, que el recurrente se haya desistido expresamente de la demanda o se haya declarado abandonada la instancia, y que el demandado haya obtenido sentencia de absolución. Ninguna de las dos disposiciones dice cuándo se produce la interrupción, y de esa omisión nace la controversia, porque el artículo 2518 vincula el efecto a la demanda y el artículo 2503 lo subordina a una notificación legal sin fijarle oportunidad.

Para las prescripciones de corto tiempo, el artículo 2523 establece que se interrumpen desde que interviene pagaré u obligación escrita o concesión de plazo por el acreedor, y “Desde que interviene requerimiento”, expresión que la ley no define. Esa norma adquiere importancia en sede laboral, porque el inciso quinto del artículo 510 del Código del Trabajo, según lo describen los fallos de la Cuarta Sala, remite a ella la interrupción de la prescripción de los derechos laborales, y con ello introduce en la discusión un término distinto del de demanda judicial.

A esas reglas generales se suman normas especiales que los fallos emplean como argumento en uno y otro sentido. El artículo 100 de la Ley N° 18.092, aplicable al pagaré, dispone que la prescripción de las acciones cambiarias se interrumpe solo respecto del obligado a quien se notifica la demanda o la gestión judicial de cobro. El inciso tercero del artículo 18 de la Ley N° 17.322 tiene por interrumpida la prescripción de la cobranza de cotizaciones previsionales con la sola presentación de la demanda, en las hipótesis que esa norma contempla. Y el artículo 8 de la Ley N° 21.226, dictada con ocasión de la pandemia, dispuso que durante el estado de excepción constitucional de catástrofe declarado por el Decreto Supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, y sus prórrogas, “se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda, bajo condición de que esta no sea declarada inadmisible y que sea válidamente notificada dentro de los cincuenta días hábiles siguientes a la fecha del cese del referido estado de excepción constitucional”, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la demanda fuere proveída, lo que suceda último, según la transcripción del Rol 115.196-2022 (Primera Sala, 20 de enero de 2023). Las tres normas especiales comparten un rasgo que interesa para lo que sigue: cada una resuelve expresamente el problema que el Código Civil dejó abierto, y lo resuelve en sentidos distintos.

2.2. Las dos tesis en disputa

Las dos posiciones que dividen a la Corte pueden enunciarse con brevedad. Según la primera, basta la presentación de la demanda dentro del plazo para interrumpir la prescripción, y la notificación posterior opera como una condición que consolida un efecto ya producido. Según la segunda, la interrupción se produce con la notificación legal de la demanda, de modo que esta debe practicarse antes de que venza el plazo, y la demanda presentada pero notificada tardíamente no impide que la prescripción se cumpla. Los argumentos de cada una se repiten en las sentencias con pocas variaciones. A favor de la presentación se invocan el tenor literal de los artículos 2518 y 2503, las dificultades prácticas que entraña la notificación, la diferencia entre los aspectos sustantivos y procesales de la demanda y el fundamento de la prescripción como sanción a la inactividad del acreedor. A favor de la notificación se aducen las normas especiales que resuelven el problema en ese sentido, la finalidad de certeza de la prescripción, las desventajas prácticas de la tesis contraria y un argumento a fortiori fundado en la relación entre el artículo 2503 y el artículo 2518.

Ambas posiciones tienen, además, una larga historia en la propia Corte. El voto de minoría del Pleno de 2024, que se examina enseguida, cita fallos favorables a la presentación desde 2016, y la mayoría de ese mismo pronunciamiento recuerda que la Corte ha sostenido la tesis de la notificación en diversas oportunidades. Esa convivencia sugiere que la cuestión no es solo interpretativa, sino también institucional: cuando una misma disposición recibe lecturas opuestas en las distintas salas de un tribunal de casación, la previsibilidad que se espera de la casación en el fondo se debilita, y al litigante le resulta difícil saber de antemano cuál de las dos reglas regirá su caso. Lo que sigue examina si esa situación persiste en el período estudiado: primero en el pronunciamiento del Pleno de 2024, luego en la Primera Sala, que concentra la mayor parte de los asuntos civiles y de cobranza, y por último en la Cuarta, que conoce de los asuntos laborales, previsionales y de una parte de los civiles por su competencia mixta.

2.3. El Pleno de 2024: una mayoría por la notificación que no cerró la discusión

Dentro del período estudiado, la Corte intentó zanjar la controversia por la vía del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, que permite a las partes pedir que el recurso de casación en el fondo sea conocido por el pleno cuando la Corte ha sostenido interpretaciones distintas sobre la materia de derecho que se discute. A petición de la empresa demandada, el Pleno conoció un recurso deducido en un juicio de indemnización por responsabilidad extracontractual derivado de un atropello ocurrido el 1 de marzo de 2012, cuya demanda se presentó el 23 de noviembre de 2015 y se notificó a los primeros demandados el 2 de marzo de 2016, al día siguiente de cumplidos los cuatro años del artículo 2332 del Código Civil. La sentencia rechazó el recurso y declaró que “esta Corte en su mayoría adscribe a la denominada ‘Tesis de la Notificación’”, que concibe la notificación como “un elemento constitutivo de la interrupción de la prescripción” (Rol 75.995-2021 (Pleno, 16 de mayo de 2024), considerando undécimo). Sus razones son las tres que la Primera Sala venía empleando: la tesis contraria dejaría al arbitrio del demandante la época de la interrupción, privaría de sentido al N° 1 del artículo 2503 y atribuiría a la notificación un efecto retroactivo que la ley no le reconoce (considerando noveno). A ellas agregó la desidia del actor que no notifica, con cita del Rol 19.556-2019, la lectura restrictiva del artículo 8 de la Ley N° 21.226 y el apoyo de Alcalde Silva, Pinochet Olave y De la Maza Gazmuri (considerandos décimo y undécimo).

La votación deja ver, sin embargo, que la Corte estaba lejos de un consenso. En el punto de la interrupción, la mayoría se formó por nueve votos contra seis, y la minoría sostuvo que “la mera presentación de la demanda interrumpe la prescripción, siendo la notificación de la misma una condición para alegarla”, con cita de cuatro fallos anteriores de la propia Corte y de Fabres, Peñailillo, Domínguez Águila y Pizarro Wilson (motivos 2° a 4° del voto disidente). Ese voto reconoció, además, que el riesgo de una interrupción indefinida advertido por Corral Talciani “es real”, y transcribió su propuesta de reformar la ley para fijar un plazo de notificación, a la manera de los códigos de Colombia, Québec y Brasil (motivo 4°). Tres integrantes disintieron en otro punto, pues estimaron que, respecto del propietario y de los explotadores del vehículo, el plazo debía contarse desde la sentencia penal condenatoria, y dos prevenciones se refirieron al cómputo desde el proceso penal y a la suspensión en favor de la hija menor de la víctima. Conviene retener desde ya dos rasgos del fallo. El primero es que la mayoría y la minoría reprodujeron, casi a la letra, las dos fórmulas que ya circulaban en las salas y que se examinan en las secciones 3 y 4. El segundo es que, conforme al inciso segundo del artículo 3 del Código Civil, la sentencia solo obliga en la causa en que se pronunció, de modo que su influencia sobre las salas depende de la autoridad que estas quieran reconocerle.

2.4. El acceso de la cuestión a la Corte Suprema

La interrupción de la prescripción llega a la Corte, en la gran mayoría de los casos, por la vía del recurso de casación en el fondo, y en la Cuarta Sala también por el recurso de unificación de jurisprudencia laboral. La determinación del momento en que se produce la interrupción es una cuestión de derecho, porque supone interpretar los artículos 2503, 2518 y 2523, pero la fijación de las fechas de presentación, de notificación y de exigibilidad corresponde a los jueces del fondo, y su alteración exige denunciar normas reguladoras de la prueba. A ello se agrega la exigencia de que el recurso denuncie todas las normas decisorias de la litis, que en el juicio ejecutivo incluye el N° 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, y que en la Primera Sala explica una proporción considerable de rechazos sin examen de fondo, según se verá en la sección 3.4. Conviene tenerlo presente al leer los conteos, porque buena parte de los recursos fracasa sin que la Corte decida la disyuntiva entre presentación y notificación.

3. La Primera Sala: la notificación como regla de la interrupción civil ↑ índice

3.1. La tesis de la notificación: fórmulas, argumentos y adhesión en el período

La Primera Sala resuelve la disyuntiva entre presentación y notificación de la demanda a favor de la segunda, mediante un repertorio reducido de fórmulas que se repiten a lo largo de los cuatro años examinados. La de uso más frecuente, presente en no menos de veintinueve sentencias, es la que el tribunal emplea en los cobros de pagarés y mutuos con cláusula de aceleración, y que el Rol 55.575-2024 (Primera Sala, 31 de julio de 2025) reproduce en su considerando sexto: “Ello, porque al tenor de lo que disponen los artículos 2503 y 2518 del Código Civil, la interrupción del término de la prescripción extintiva de la acción de cobro se verifica con la notificación de la demanda.” Una segunda fórmula, que aparece en diecinueve sentencias, desplaza el acento hacia la eficacia del acto procesal y afirma, como el Rol 4.361-2025 (Primera Sala, 16 de abril de 2026) en su considerando noveno, que “la presentación de la demanda sólo adquiere eficacia jurídica en la medida que sea conocida legalmente por el deudor”. Ambas descansan en la misma lectura del inciso final del artículo 2518 en relación con el N° 1 del artículo 2503: si la ley niega efecto interruptivo a la demanda cuya notificación no se hizo en forma legal, con mayor razón ha de negárselo a la que no ha sido notificada.

Los fallos que desarrollan la tesis añaden razones de fondo que conviene distinguir, porque son las que respaldan la fórmula breve de las resoluciones de cuenta. Según el Rol 131.700-2022 (Primera Sala, 18 de enero de 2023), admitir la sola presentación dejaría al arbitrio del demandante la época de la interrupción, haría incomprensible la excepción del N° 1 del artículo 2503 y atribuiría a la notificación un efecto retroactivo que la ley no le reconoce. El Rol 251.917-2023 (Primera Sala, 17 de marzo de 2025) agrega la finalidad de certeza de la prescripción, con apoyo en Fueyo Laneri y en Domínguez Benavente, y concluye en su considerando noveno que “la notificación de la demanda es un elemento constitutivo de la interrupción de la prescripción, toda vez que los fines de la prescripción hacen aconsejable que su interrupción constituya un acto concreto y conocido”. El mismo fallo imputa la falta de notificación a la desidia del actor, que dispone de herramientas procesales para cumplir esa carga. Las razones del Rol 131.700-2022 y la fórmula del Rol 251.917-2023 coinciden casi a la letra con los considerandos noveno y undécimo de la sentencia del Pleno (Rol 75.995-2021, 16 de mayo de 2024): el Pleno hizo suya la argumentación de la Primera Sala, y esta la reitera después con el respaldo de la mayoría del tribunal en pleno. En 2025 y 2026 la tesis se presenta, además, como opinión doctrinaria y jurisprudencial dominante o como jurisprudencia reiterada de la Sala, según el Rol 38.055-2024 (Primera Sala, 22 de diciembre de 2025).

En las acciones cambiarias la Sala dispone de un apoyo adicional en el artículo 100 de la Ley N° 18.092, aplicable al pagaré por el artículo 107, según el cual la prescripción se interrumpe solo respecto del obligado a quien se notifica la demanda o la gestión preparatoria. El Rol 98.504-2022 (Primera Sala, 5 de julio de 2023) declara en su considerando octavo que esa norma establece que “la prescripción se interrumpe exclusivamente con la notificación del obligado al pago”, y el Rol 4.443-2024 (Primera Sala, 23 de junio de 2025) invoca su preferencia por especialidad. La misma disposición sirve para precisar que basta la notificación y que no se requiere el requerimiento de pago, pues de lo contrario no podría interrumpir la notificación de la gestión preparatoria, criterio presente desde el Rol 54.199-2022 (Primera Sala, 30 de mayo de 2023) hasta el Rol 33.875-2025 (Primera Sala, 4 de agosto de 2026). Este último punto tiene rendimiento práctico inmediato en el juicio ejecutivo, donde la notificación y el requerimiento suelen practicarse en fechas distintas.

El conteo de los fallos revisados confirma que la notificación aparece como criterio predominante y que las demás posiciones surgen solo bajo la Ley N° 21.226 o en pronunciamientos ambivalentes. La tabla registra las sentencias que se pronuncian sobre el momento de la interrupción, contando por separado las de casación y de reemplazo e incluyendo los pronunciamientos a mayor abundamiento. Las cifras de 2025 y 2026 deben leerse como un piso, porque desde julio de 2025 el portal publica una selección de sentencias. Aun con esa reserva, la proporción de pronunciamientos favorables a la notificación supera el ochenta por ciento en todos los años del período.

Sentencias de la Primera Sala que se pronuncian sobre el momento de la interrupción civil

Ninguna de las siete sentencias que sitúan la interrupción en la presentación lo hace bajo la regla general del Código Civil, pues todas aplican el artículo 8 de la Ley N° 21.226, y los pronunciamientos ambivalentes combinan afirmaciones abstractas sobre la interposición con un cómputo que se cierra en la notificación, como en el Rol 208.765-2023 (Primera Sala, 20 de octubre de 2023). Tampoco se registra un voto disidente que defienda la presentación como regla general, de modo que las discrepancias se expresan en prevenciones. En el Rol 51.839-2023 (Primera Sala, 12 de febrero de 2024) un integrante concurre sin compartir que la interrupción exija notificar la demanda, y en el Rol 4.443-2024 (Primera Sala, 23 de junio de 2025) otro concurre solo porque el artículo 100 de la Ley N° 18.092 exige la notificación, manteniendo que, como regla general, basta la demanda judicial. En sentido inverso, en la prevención del Rol 251.917-2023 (Primera Sala, 17 de marzo de 2025) un integrante que antes sostenía la tesis de la presentación declara que un nuevo examen “ha llevado a revisar y cambiar la posición inicialmente adoptada”, porque la interrupción requiere un acto recepticio que se materializa con la notificación. En el Rol 84.175-2021 (Primera Sala, 5 de julio de 2023), por último, dos integrantes concurren solo por un defecto formal del recurso, de modo que el razonamiento sobre la notificación quedó respaldado por tres votos.

El Rol 6.948-2025 (Primera Sala, 25 de junio de 2026) permite observar la tesis en su formulación más desarrollada del período. Una entidad de crédito dedujo en junio de 2015 demanda ejecutiva de cobro de un pagaré pactado en ochenta y cuatro cuotas mensuales; la ejecutada quedó notificada tácitamente en diciembre de 2015, al acogerse un incidente de nulidad por falta de emplazamiento conforme al inciso segundo del artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, y el requerimiento de pago solo se practicó en agosto de 2022. El tribunal de primer grado acogió la prescripción, contando el año del artículo 98 de la Ley N° 18.092 desde la mora hasta el requerimiento, y la Corte de Apelaciones revocó, por estimar que la interrupción se produjo con la notificación tácita y que el pagaré no contenía cláusula de aceleración. Recurrida de casación en la forma y en el fondo por la ejecutada, la cuestión quedó planteada en dos planos: si interrumpe la notificación de la demanda o el requerimiento de pago, y desde cuándo corre la prescripción de un pagaré en cuotas sin aceleración.

La Sala rechazó ambos recursos con una ratio decidendi que se articula en dos afirmaciones complementarias. La primera es que, conforme al inciso final del artículo 2518 y al N° 1 del artículo 2503, “la notificación judicial de la demanda es el hito que marca el momento de interrupción civil de la prescripción” (considerando décimo quinto), mientras el requerimiento excede esa finalidad porque se dirige a intimar al deudor y a posibilitar el embargo, lo que confirma el artículo 100 de la Ley N° 18.092 al admitir la interrupción por la notificación de la gestión preparatoria. La segunda, apoyada en Pothier y en Domínguez Águila y Domínguez Benavente, es que sin cláusula de aceleración cada cuota prescribe desde su vencimiento, conforme al inciso final del artículo 105 de la Ley N° 18.092, por lo que la alzada se equivocó al contar desde la última cuota, error sin influencia porque entre esos vencimientos y la notificación de diciembre de 2015 no transcurrió un año. El fallo registra el voto en contra de un integrante, que estuvo por acoger la casación en la forma por extra petita, al estimar que la ausencia de cláusula de aceleración no había sido discutida por las partes. Esa disidencia no controvierte la tesis de la notificación, que en el caso operó a favor del acreedor.

En 2026 y tendencia actual. Las quince sentencias de 2026 que sitúan la interrupción en la notificación reiteran las fórmulas descritas, como fundamento o a mayor abundamiento, según se advierte en el Rol 8.223-2026 (Primera Sala, 4 de marzo de 2026). El Rol 20.805-2025 (Primera Sala, 10 de marzo de 2026) califica de “impropiedad” que los jueces del grado hayan situado la interrupción en la interposición, aunque niega influencia al error. En el año no se registran votos ni prevenciones que defiendan la presentación como regla general, y la irrelevancia del requerimiento de pago se ha incorporado a la línea.

3.2. La Ley N° 21.226: una excepción muy calificada que confirma la regla

El artículo 8 de la Ley N° 21.226 entendió interrumpida la prescripción por la sola presentación de la demanda durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, bajo la condición de que no fuera declarada inadmisible y de que se notificara válidamente dentro de los cincuenta días hábiles siguientes al cese de ese estado o de los treinta siguientes a su proveído, según cuál venciera último, como recuerda el Rol 5.957-2024 (Primera Sala, 26 de marzo de 2024). La Primera Sala la ha leído de manera restrictiva y la ha calificado, en dieciséis sentencias, como “excepción muy calificada a la regla general” de la interrupción civil, desde el Rol 13.864-2022 (Primera Sala, 27 de abril de 2023). El uso más frecuente de la norma no consiste en aplicarla, sino en negar su aplicación a demandas presentadas antes del 18 de marzo de 2020 y notificadas durante el estado de excepción, lo que ocurre en veinticinco sentencias (veintitrés causas), veintiuna de ellas de 2023. La Sala invoca el tenor literal del precepto, la irretroactividad de la ley, la historia de su establecimiento y la opinión de Corral Talciani, y el Rol 57.424-2022 (Primera Sala, 30 de mayo de 2023), en su sentencia de reemplazo, agrega que la norma “no autoriza la aplicación de un criterio puramente prudencial y potencialmente arbitrario”.

La calificación de excepcional opera como argumento a contrario a favor de la regla general, porque al describir el artículo 8 como excepción los fallos dan por supuesto que fuera de ese régimen rige la notificación. Así lo aplican el Rol 32.297-2022 (Primera Sala, 13 de marzo de 2023) y el Rol 19.932-2024 (Primera Sala, 22 de abril de 2025), que, descartada la norma especial, computan el plazo hasta la notificación válida. En 2025 el argumento se explicita en resoluciones de cuenta que declaran que el artículo 8 refuerza la exigencia general de notificación, como el Rol 6.954-2025 (Primera Sala, 17 de abril de 2025), y en el Rol 12.420-2024 (Primera Sala, 15 de mayo de 2025), según el cual los efectos civiles de la demanda se originan, por regla general, con su notificación. Las condiciones de la norma se han aplicado con rigor en ambos sentidos: la demanda presentada durante el estado de excepción pero notificada fuera de plazo no interrumpe, mientras la notificación tácita por la oposición de excepciones dentro del plazo legal satisface la condición.

Supuestos en que la Sala tuvo por interrumpida la prescripción conforme al art. 8 de la Ley N° 21.226

Supuestos en que la Sala negó el efecto interruptivo del art. 8 de la Ley N° 21.226

Junto a estos criterios asentados, los fallos revisados registran una divergencia en el supuesto en que la demanda se presentó, se proveyó y se notificó durante el propio estado de excepción. En el Rol 183.406-2023 (Primera Sala, 6 de agosto de 2024) y en el Rol 79.950-2023 (Primera Sala, 26 de septiembre de 2024) la Sala concluyó que en esa hipótesis la ejecutante había renunciado al beneficio del artículo 8 y que regía la regla general de la notificación, con la consecuencia de declarar prescritas las cuotas vencidas más de un año antes de esa fecha. En el Rol 135.476-2022 (Primera Sala, 22 de mayo de 2024), frente a un supuesto semejante, razonó que si la notificación practicada dentro de los cincuenta días posteriores al cese permite invocar la interrupción, “con mayor razón es posible reclamarla en la hipótesis más favorable para todas las partes en un proceso” (considerando quinto), y en el Rol 35.715-2025 (Primera Sala, 14 de agosto de 2026) tuvo por interrumpida la prescripción desde la presentación, aunque una prevención no compartió la aplicación del artículo 8 al caso. La diferencia no se explica por los hechos, porque en todos esos casos la demanda se presentó y se notificó dentro del estado de catástrofe; se trata, por tanto, de decisiones opuestas sobre un mismo supuesto.

Demanda presentada y notificada durante el estado de excepción: decisiones en uno y otro sentido

A esa divergencia se suman dos fallos que no encajan en las categorías anteriores y que se consignan por separado. En el Rol 8.355-2025 (Primera Sala, 26 de junio de 2025) la Sala aplicó el artículo 8 a la sola presentación de una gestión preparatoria de notificación de facturas, por formar una unidad procesal con la ejecución, sin referirse a la condición de notificación oportuna. En el Rol 13.291-2023 (Primera Sala, 15 de junio de 2023), en cambio, descontó del plazo el período en que el tribunal había impedido notificar por resolución expresa, construcción que el propio fallo desvincula del artículo 8. Ninguno de los dos criterios ha sido reiterado en los fallos posteriores revisados.

En 2026 y tendencia actual. En 2026 la Sala aplicó el artículo 8 en el Rol 10.210-2025 (Primera Sala, 3 de julio de 2026), para una nueva demanda presentada durante el estado de excepción y notificada en plazo, y en el Rol 35.715-2025 (Primera Sala, 14 de agosto de 2026), para el supuesto de presentación y notificación durante ese estado. En el Rol 41.225-2025 (Primera Sala, 31 de agosto de 2026) precisó que la norma presupone una acción vigente al presentarse la demanda. El artículo 8 se lee hoy como una excepción estricta, y la divergencia sobre la renuncia al beneficio sigue sin un pronunciamiento que la resuelva.

3.3. Aceleración con la presentación, interrupción con la notificación

La tesis de la notificación adquiere su mayor peso práctico en los cobros de obligaciones en cuotas con cláusula de aceleración facultativa, que forman el grupo más numeroso de los fallos revisados de la Sala. En más de sesenta sentencias del período se da por establecido que la exigibilidad anticipada del total se produce cuando el acreedor manifiesta su voluntad de acelerar, lo que ocurre con la presentación de la demanda y no con su notificación ni con el requerimiento, como se lee en el Rol 33.487-2023 (Primera Sala, 13 de febrero de 2024). La misma presentación que hace exigible el crédito no interrumpe la prescripción, de modo que el acto del acreedor abre el plazo de prescripción del total y carece de aptitud para detenerlo; si entre la presentación y la notificación transcurre el plazo aplicable, la acción prescribe íntegramente por obra de la propia demanda. El Rol 13.864-2022 (Primera Sala, 27 de abril de 2023) lo expresa al decir, en su considerando séptimo, que “esa notificación solo pudo interrumpir la prescripción extintiva de la acción si se hubiese practicado antes de haber transcurrido el término previsto en el artículo 98 de la Ley N° 18.092”, y el Rol 59.868-2024 (Primera Sala, 5 de enero de 2026) aplica la misma consecuencia.

La asimetría alcanza también a las cuotas vencidas antes de la aceleración, cuya prescripción corre desde su propio vencimiento y solo se interrumpe con la notificación, por lo que la Sala declara con frecuencia una prescripción parcial y ordena seguir la ejecución por el saldo acelerado, como en el Rol 1.945-2024 (Primera Sala, 19 de febrero de 2025). Dos fallos dictados con un día de diferencia llegan a resultados distintos, pero la diferencia se explica por los hechos y no por un cambio de criterio. En el Rol 61.500-2024 (Primera Sala, 20 de octubre de 2025) la notificación se practicó antes de cumplirse un año desde la presentación, de modo que solo prescribieron las cuotas vencidas con anterioridad, mientras en el Rol 59.462-2024 (Primera Sala, 21 de octubre de 2025) transcurrió más de un año entre ambos actos y la prescripción alcanzó a todo el crédito acelerado. Cuando la cláusula es imperativa, en cambio, la exigibilidad se produce con la mora, como resolvió el Rol 40.494-2025 (Primera Sala, 20 de octubre de 2025).

El trato asimétrico se acentúa cuando la demanda que aceleró el crédito pierde eficacia procesal. La Sala ha sostenido que la aceleración es un acto jurídico unilateral y sustantivo del acreedor, que no requiere aceptación ni conocimiento del deudor y que produce su efecto “con independencia de la suerte o destino que corra la pertinente demanda desde una perspectiva procesal”, según el considerando séptimo del Rol 7.854-2023 (Primera Sala, 18 de abril de 2024), dictado a propósito de una demanda retirada sin notificar. Con ese fundamento ha resuelto que la aceleración subsiste, aunque el acreedor se haya desistido con reserva de acciones, como en el Rol 25.088-2023 (Primera Sala, 22 de agosto de 2024), y aunque el procedimiento haya sido declarado abandonado, invocando el inciso segundo del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, como en el Rol 1.706-2025 (Primera Sala, 29 de enero de 2026). En esos casos la demanda conserva su eficacia para fijar el inicio del plazo y la pierde para interrumpirlo, de manera que el acto procesal privado de efectos sirve al deudor para adelantar el cómputo y no al acreedor para detenerlo. El abandono y el desistimiento como causas de pérdida de la interrupción se examinan en la sección 5.

Los fallos revisados registran, con todo, dos matices que acotan el alcance de esta línea. En el Rol 15.574-2024 (Primera Sala, 25 de febrero de 2025) la Sala admitió que el acreedor se retracte de la aceleración si, después de interpuesta la demanda, acepta el pago de las cuotas morosas y la continuación del servicio de la deuda. En el procedimiento hipotecario del artículo 103 de la Ley General de Bancos, por su parte, el Rol 54.926-2024 (Primera Sala, 27 de enero de 2026) declaró que solo pueden cobrarse los dividendos impagos y que la deuda no se acelera con la demanda, sino al decretarse el remate. Ambos matices dependen de circunstancias particulares y no alteran la regla de que la aceleración facultativa se ejerce con la presentación.

En 2026 y tendencia actual. En 2026 la Sala reiteró que la presentación por el total ejerce la aceleración y fija el inicio del plazo, mientras la interrupción se perfecciona con la notificación, en el Rol 2.247-2026 (Primera Sala, 13 de febrero de 2026) y en el Rol 20.311-2026 (Primera Sala, 20 de mayo de 2026). Mantuvo también que el abandono del juicio anterior no borra la aceleración allí manifestada y que, ejercida esta, el acreedor no puede dividir la deuda para cobrar solo las cuotas no prescritas, según el Rol 32.568-2025 (Primera Sala, 1 de septiembre de 2026). La asimetría se consolida, sin votos de minoría que la cuestionen en ese año.

3.4. La exigencia técnica del recurso como filtro

Una parte considerable de las sentencias de la Primera Sala no llega al fondo, porque el recurso de casación no denuncia todas las normas decisorias de la litis. De las 385 sentencias revisadas, 148 terminan sin examen de fondo (51 en 2023, 36 en 2024, 49 en 2025 y 12 en 2026), y en 69 de ellas el artículo 464 N° 17 del Código de Procedimiento Civil aparece como norma decisoria de la excepción de prescripción en el juicio ejecutivo, sea porque se omitió denunciarlo, sea porque se denunció sin las demás normas que debían acompañarlo. La Sala razona que la casación en el fondo es de derecho estricto y que la omisión genera un vacío que la Corte no puede subsanar, como resolvió desde el Rol 139.998-2022 (Primera Sala, 9 de enero de 2023) hasta el Rol 60.222-2024 (Primera Sala, 21 de enero de 2025). Según el litigio, exige además los artículos 2503 y 2518 del Código Civil, las normas sobre el plazo y las de la acción ejercida, y el artículo 8 de la Ley N° 21.226 cuando el acto interruptivo ocurrió durante su vigencia, como precisa el Rol 35.347-2024 (Primera Sala, 26 de agosto de 2024).

El efecto del filtro es que, en un número apreciable de casos, quedan firmes criterios de instancia sobre la interrupción que la Sala no revisa. En el Rol 9.274-2024 (Primera Sala, 4 de abril de 2024) quedó firme la decisión de los jueces del grado que tuvieron por interrumpida la prescripción por la sola presentación de una gestión preparatoria, al amparo del artículo 8 de la Ley N° 21.226, porque el recurso no denunció esa norma ni el artículo 2514. En 2026 la Sala rechazó en cuenta un recurso sin examinar si el requerimiento de pago es necesario para interrumpir, en el Rol 41.973-2026 (Primera Sala, 11 de septiembre de 2026), y otro sin decidir si la gestión preparatoria de cobro de facturas interrumpe con su presentación o con su notificación, en el Rol 32.275-2026 (Primera Sala, 21 de julio de 2026). La exigencia alcanza a la vía de la excepción, pues la prescripción no puede hacerse valer como falta de requisitos del título del N° 7 del artículo 464, sino por la del N° 17, según el Rol 3.072-2025 (Primera Sala, 5 de febrero de 2026).

El filtro tiene, con todo, dos contrapesos que atenúan su efecto sobre la línea jurisprudencial. El primero es que la Sala, aun cuando rechaza por defecto formal, suele declarar a mayor abundamiento que la sola presentación no interrumpe, de modo que la tesis de la notificación se difunde también a través de resoluciones de cuenta, como el Rol 11.377-2025 (Primera Sala, 12 de mayo de 2025) y el Rol 34.729-2026 (Primera Sala, 27 de agosto de 2026). El segundo es la invalidación de oficio, que la Sala empleó en el Rol 15.577-2024 (Primera Sala, 25 de marzo de 2025) para acoger una prescripción parcial pese a que ambos recursos estaban mal formalizados. El rigor formal no impide, por tanto, que la regla de la notificación siga expresándose en casos que no llegan a decidirse en el fondo.

En 2026 y tendencia actual. De las cincuenta sentencias de 2026 revisadas, doce no entran al fondo, y solo una de ellas invoca el artículo 464 N° 17, el Rol 41.973-2026 (Primera Sala, 11 de septiembre de 2026); en las demás el defecto recae en las normas de la acción ejercida. La proporción de rechazos formales es menor que en 2023, aunque la diferencia debe leerse con cautela, porque las cifras de 2025 y 2026 son un piso. El criterio sobre la exigencia técnica del recurso no presenta variaciones en el período.

3.5. Lo resuelto en 2026 y tendencia actual

De las cincuenta sentencias de 2026 revisadas, dieciocho se pronuncian sobre el momento de la interrupción: quince lo sitúan en la notificación, una en la presentación bajo el artículo 8 de la Ley N° 21.226 y dos son ambivalentes, ligadas a la notificación de una gestión preparatoria en el Rol 5.971-2025 (Primera Sala, 16 de marzo de 2026) o a la exigencia de una acción vigente en el Rol 41.225-2025 (Primera Sala, 31 de agosto de 2026). Las decisiones de mayor desarrollo del año, el Rol 6.948-2025 (Primera Sala, 25 de junio de 2026) y el Rol 33.875-2025 (Primera Sala, 4 de agosto de 2026), reafirman que la notificación judicial de la demanda es el hito de la interrupción y que el requerimiento de pago no es necesario. Las resoluciones de cuenta lo presentan como jurisprudencia reiterada, y el Rol 20.311-2026 (Primera Sala, 20 de mayo de 2026) declara en su considerando cuarto que “esta Corte ha sostenido reiteradamente en sus sentencias que la interrupción se produce con la notificación válida de la demanda.” En los fallos revisados de ese año no se advierte un regreso a la tesis de la presentación como regla general.

Puede tenerse por asentado en los fallos revisados que, fuera del régimen de la Ley N° 21.226, la sola presentación no interrumpe; que en materia cambiaria el artículo 100 de la Ley N° 18.092 refuerza esa conclusión; que el artículo 8 de la Ley N° 21.226 no alcanza a demandas anteriores al 18 de marzo de 2020; que la aceleración facultativa se ejerce con la presentación de la demanda; y que esa aceleración subsiste pese al retiro, al desistimiento o al abandono del procedimiento. Presentan criterios dispares, en cambio, la aplicación del artículo 8 cuando la demanda se presentó y notificó durante el estado de excepción, donde se registran decisiones en uno y otro sentido, y la posición de algunos integrantes que, mediante prevenciones, mantienen la tesis de la presentación como regla general del Código Civil. En la Primera Sala la tesis de la notificación puede considerarse consolidada, pues coincide con la mayoría del Pleno de 2024, se expresa en fallos de distinta integración y en 2025 sumó la adhesión expresa de un integrante que antes sostenía la contraria. La comparación con el criterio de la Cuarta Sala corresponde a la sección dedicada a esa sala.

4. La Cuarta Sala: una sala dividida entre la presentación y la notificación ↑ índice

La Cuarta Sala dictó, entre enero de 2023 y septiembre de 2026, noventa de las sentencias revisadas sobre interrupción de la prescripción (incluidas dos de reemplazo), con una composición temática propia: treinta y dos recaen en materia laboral, otras treinta y dos en cobranza previsional y el resto en asuntos civiles que llegan a la Sala por su competencia mixta, como nulidades mineras, acciones posesorias y cobros de pesos. La mayoría se pronuncia expresa o implícitamente sobre el momento de la interrupción en treinta y nueve fallos de fondo, veintiséis por la notificación de la demanda y trece por su presentación, sin contar una sentencia regida por el régimen excepcional de la Ley N° 21.226. Los conteos de 2025 y 2026 son un piso, porque desde julio de 2025 el portal del Poder Judicial publica una selección de las sentencias. La división no responde a una corriente que suceda a otra, sino a dos posiciones que se reiteran con argumentos casi textuales en fallos de distinta integración, y a una distinción por materias que la propia Sala ha ido perfilando. Ese cuadro no varió tras la sentencia del Pleno de mayo de 2024, que adhirió a la tesis de la notificación.

4.1. Dos lecturas de los artículos 2503 y 2518 que se enfrentan en la misma sala

La tesis de la notificación se expresa en la Cuarta Sala mediante una fórmula estable desde el Rol 29.922-2022 (Cuarta Sala, 29 de marzo de 2023), dictado en una nulidad de pertenencia minera cuya demanda se presentó dentro de los cuatro años del artículo 96 del Código de Minería y se notificó días después de vencido ese plazo. El último fallo revisado de esta línea, el Rol 31.699-2024 (Cuarta Sala, 28 de septiembre de 2026), repite que “la interpretación correcta de dichas normas es aquella que entiende que la interrupción civil del plazo de prescripción extintiva se produce con la notificación judicial de la demanda, efectuada en forma legal, actuación que impide que se complete el plazo de que se trata” (considerando quinto). La primera razón que sostiene esa fórmula es que la tesis contraria dejaría al arbitrio del actor la época en que la interrupción se consolida. La segunda se apoya en el artículo 2503 N° 1 del Código Civil, que perdería sentido porque, como dice el voto disidente del Rol 12.249-2024 (Cuarta Sala, 27 de abril de 2026), “si no se produce la interrupción en el caso de notificación ilegal de la demanda, menos se entenderá que la interrumpe si no ha sido notificada de modo alguno” (motivo 1° del voto). La tercera es que se dotaría a la demanda de un efecto retroactivo que la ley chilena no le reconoce, a diferencia del artículo 94 del Código General del Proceso de Colombia, del artículo 2892 del Code civil du Québec y del artículo 240 del Código de Processo Civil de Brasil, que según los fallos fijan un plazo para notificar la demanda ya presentada.

A esas razones se suma la lectura a contrario de dos excepciones legales, el artículo 18 inciso tercero de la Ley N° 17.322 y el artículo 8 de la Ley N° 21.226, que el Rol 31.925-2022 (Cuarta Sala, 4 de julio de 2023) y el Rol 106.776-2023 (Cuarta Sala, 6 de diciembre de 2024) presentan como reglas especiales que confirman la regla general. Los fallos agregan que entender suficiente la presentación haría letra muerta la interrupción natural, las obligaciones naturales y la renuncia, y privaría de objeto al artículo 2519 del Código Civil sobre los efectos personales de la interrupción entre coacreedores y codeudores, como se lee en el Rol 64.678-2023 (Cuarta Sala, 28 de octubre de 2024) y en el Rol 251.609-2023 (Cuarta Sala, 7 de julio de 2026). La falta de notificación se imputa, además, a la indolencia del demandante, que dispone de la notificación del artículo 54 del Código de Procedimiento Civil y del defensor de ausentes. En el plano doctrinal, estos fallos invocan a Domínguez Benavente, Barros Errázuriz y Meza Barros, y un comentario de Hernán Corral, y en el Rol 5.694-2023 (Cuarta Sala, 13 de agosto de 2025) la mayoría declara coincidir “con la posición dominante en la doctrina nacional” (considerando cuarto).

La tesis de la presentación condicionada a la notificación posterior parte de la letra de los artículos 2518 y 2503, que hablan de demanda judicial y de recurso judicial sin exigir su notificación, y del numeral 1° del artículo 2503, que solo impide alegar la interrupción cuando la notificación no fue legal, sin fijar la época en que debe practicarse. Los fallos de esta línea califican la interrupción como un acto no recepticio, distinguen los efectos sustantivos y procesales de la demanda y añaden que la notificación escapa a la esfera del acreedor, que exigirla dentro del plazo crea desigualdad según la dificultad de ubicar al deudor y que la presentación expresa mejor el cese de la inactividad que la prescripción sanciona. Su fórmula, reiterada en el Rol 171.803-2022 (Cuarta Sala, 8 de abril de 2024), el Rol 175.332-2023 (Cuarta Sala, 14 de marzo de 2025) y el Rol 13.952-2024 (Cuarta Sala, 2 de febrero de 2026), declara que “la mera presentación de la demanda interrumpe la prescripción, siendo la notificación de esta una condición para alegarla, debiendo circunscribir su efecto al ámbito procesal, pero no como un elemento constitutivo de la interrupción de la prescripción” (considerando octavo del último). Estos fallos invocan a Fabres, Peñailillo y Domínguez Águila, y a Abeliuk a través de este último. El voto disidente del Rol 8.711-2024 (Cuarta Sala, 15 de septiembre de 2025) invierte, por su parte, el argumento de la Ley N° 21.226, pues entiende que su artículo 8 solo explicitó la regla general añadiendo un plazo para notificar. Esta fórmula y la de la tesis contraria son las mismas que emplearon la minoría y la mayoría del Pleno en el Rol 75.995-2021, de modo que la discusión de la Cuarta Sala reproduce, en menor escala, la división del tribunal en pleno.

Las dos posiciones se han aplicado a supuestos semejantes con meses de diferencia y por la misma votación, lo que hace difícil explicar la divergencia por los hechos. En materia minera, el Rol 29.922-2022 negó efecto a una demanda presentada en plazo y notificada después; el Rol 175.332-2023 y el Rol 13.952-2024, ambos sobre pertenencias superpuestas cuyas demandas se presentaron en marzo de 2019 y se notificaron vencidos los cuatro años, rechazaron la prescripción; y el Rol 31.699-2024, en otra nulidad de la misma jurisdicción con demanda presentada el 31 de enero de 2019 y notificada el 26 de marzo, volvió a la notificación. En las acciones posesorias, el Rol 171.803-2022 tuvo por interrumpido el plazo del artículo 920 con la presentación de la querella de restitución, mientras el Rol 5.520-2024 (Cuarta Sala, 30 de septiembre de 2025) exigió la notificación en una querella de amparo. Todos estos fallos se decidieron por tres votos contra dos: las dos reglas conviven en la misma Sala y la que prevalece depende de quienes la integran en cada caso. El Rol 175.332-2023 y el Rol 13.952-2024 son, además, posteriores a la sentencia del Pleno, como también lo es el Rol 12.249-2024 que se examina enseguida, de manera que la mayoría de nueve votos alcanzada en 2024 no ha bastado, al menos hasta ahora, para uniformar el criterio de la Sala.

El Rol 12.249-2024 (Cuarta Sala, 27 de abril de 2026) condensa el estado de la discusión en lo civil, a partir de un caso en que una trabajadora obtuvo en sede laboral una condena contra su exempleadora, ejecutoriada el 2 de noviembre de 2010, y demandó su cobro en juicio sumario ante un juzgado civil de Santiago el 27 de octubre de 2015; tras varios intentos fallidos, la demanda se notificó el 5 de diciembre de 2017. El juzgado acogió la prescripción y la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó, razonando que la prescripción de largo tiempo del artículo 2515 se rige enteramente por el artículo 2503 y exige una demanda válidamente notificada. Ante la pregunta de si la presentación oportuna interrumpe aunque la notificación sea posterior al vencimiento, la mayoría reconoce que la tesis de la notificación “ha sido acogida mayoritariamente por la doctrina y la jurisprudencia” (considerando quinto), pero adhiere a la contraria y concluye que “basta que la demanda sea presentada dentro del plazo, aunque la notificación se practique eficazmente después que este se haya cumplido” (considerando octavo). La ratio es que la notificación es condición para alegar la interrupción y no determina el momento en que se verifica, por lo que los jueces infringieron los artículos 2503 y 2518; se acogió la casación por tres votos contra dos, con una disidencia que reproduce la línea opuesta. Conviene advertir que el crédito era de origen laboral y, sin embargo, la Sala lo resolvió con la tesis general civil y no con el argumento del artículo 2523 que emplea en lo laboral.

En 2026 y tendencia actual. En 2026 la Sala falló por la presentación en el Rol 13.952-2024 (Cuarta Sala, 2 de febrero de 2026) y en el Rol 12.249-2024 (Cuarta Sala, 27 de abril de 2026), y por la notificación en el Rol 31.699-2024 (Cuarta Sala, 28 de septiembre de 2026), los tres por tres votos contra dos. En lo civil y minero persisten criterios dispares, y el último pronunciamiento del período favorece la notificación.

4.2. La materia laboral como espacio propio: el requerimiento del artículo 2523 N° 2

La Sala ha construido en lo laboral un fundamento independiente de la discusión civil, porque el artículo 510 del Código del Trabajo remite al artículo 2523 del Código Civil, cuyo numeral 2° interrumpe las prescripciones de corto tiempo “desde que interviene requerimiento”, noción que los fallos estiman menos estricta que la demanda judicial del artículo 2518. El argumento aparece como fundamento de mayoría en el Rol 4.699-2024 (Cuarta Sala, 24 de febrero de 2025), por cuatro votos contra uno, junto con el principio in dubio pro operario y la circunstancia de que la notificación laboral corresponde al tribunal según los artículos 429 y 436 del Código del Trabajo. El Rol 4.212-2024 (Cuarta Sala, 13 de agosto de 2025), por tres votos contra dos, extiende la remisión a todo el derecho del trabajo y afirma que ella “sólo puede entenderse, en el contexto de la eficacia en el ámbito laboral, interpretando que la interrupción civil de la prescripción extintiva se configura con la sola presentación de la demanda” (considerando quinto). La serie continúa en el Rol 40.654-2024 (Cuarta Sala, 9 de diciembre de 2025) y en el Rol 28.192-2025 (Cuarta Sala, 20 de enero de 2026), ambos por tres votos contra dos, y en ellos la doctrina citada por la mayoría ya no es la de Peñailillo, sino la de Abeliuk, Corral y Alessandri, Somarriva y Vodanovic sobre el requerimiento.

Ese criterio no se impuso de inmediato. El Rol 31.925-2022 (Cuarta Sala, 4 de julio de 2023), por tres votos contra dos, exigió la notificación en una demanda por despido y abandonó expresamente el criterio de dos fallos anteriores de la propia Sala. El Rol 252.279-2023 (Cuarta Sala, 27 de diciembre de 2024), por la misma votación, declaró que “la sola presentación de la demanda no es suficiente para entender efectivamente interrumpido el plazo de prescripción, puesto que la demanda debe notificarse al deudor y cumplir los requisitos establecidos en la ley” (considerando decimocuarto), sin responder el argumento del artículo 2523 N° 2 que planteó la disidencia. En sentido inverso, el Rol 40.155-2022 (Cuarta Sala, 28 de julio de 2023) acogió la presentación en un cobro de bono, pero con la tesis general civil. Hasta fines de 2024 conviven, por tanto, fallos en ambos sentidos; desde febrero de 2025 la tesis del requerimiento predomina en los fallos de fondo sobre el artículo 510. Que el giro se haya construido sobre el artículo 2523 N° 2, y no sobre los artículos 2503 y 2518, tiene una consecuencia que conviene advertir: permite a la Sala apartarse en lo laboral del criterio del Pleno sin contradecirlo, porque la sentencia de 2024 interpretó la demanda judicial y no el requerimiento.

La distinción por materias explica que una misma integración resuelva de modo distinto según el asunto, como se advierte en la del Rol 20.149-2024 (Cuarta Sala, 16 de septiembre de 2025), que acogió la presentación en una acción de tutela y despido indirecto por cuatro votos contra uno y es la misma que dictó los Roles 10.490-2026, 10.491-2026 y 10.626-2026 (Cuarta Sala, 10 de abril de 2026), en que se mantuvo en cobranza previsional el cómputo hasta la notificación y solo dos integrantes previnieron a favor de la presentación. En el Rol 20.149-2024, además, dos votos de mayoría se fundaron únicamente en la remisión al artículo 2523 N° 2, y esas dos integrantes formaron dos semanas después la mayoría por la notificación en la querella de amparo del Rol 5.520-2024; la víspera del fallo laboral, una integración con cuatro miembros comunes había exigido la notificación en el Rol 8.711-2024. La disidencia del Rol 175.332-2023 y una prevención del Rol 13.952-2024 confinan el requerimiento a las prescripciones de los artículos 2521 y 2522, lo que deja las prescripciones civiles y mineras bajo los artículos 2503 y 2518. En las sentencias de la Cuarta Sala no se registran fallos sobre gestiones de desposeimiento, y la acción contra el tercer poseedor solo aparece como término de comparación en los fallos sobre caducidad laboral.

En 2026 y tendencia actual. El único fallo de fondo de 2026 sobre el artículo 510 es el Rol 28.192-2025 (Cuarta Sala, 20 de enero de 2026), que acogió la presentación por la remisión al artículo 2523 N° 2 y calificó como falta grave la interpretación contraria. En lo laboral, la tendencia se inclina hoy por la presentación, fundada en el requerimiento y en el principio protector.

4.3. Cobranza previsional y la lectura restrictiva del artículo 18 de la Ley N° 17.322

La cobranza de cotizaciones reúne treinta y dos de las sentencias de la Sala, y en veintisiete de ellas la prescripción quedó acogida o fue declarada por la Corte, en una fue rechazada y en cuatro no hubo pronunciamiento de fondo. El plazo es el de cinco años del artículo 31 bis de la Ley N° 17.322, contado desde el término de los servicios, y el Rol 39.373-2026 (Cuarta Sala, 9 de septiembre de 2026) precisó que la nulidad del despido no posterga ese término. El patrón de hecho se repite en demandas ejecutivas de administradoras de fondos notificadas cinco, diez o trece años después de presentadas, en que la ejecutante invoca el inciso tercero del artículo 18, que tiene por interrumpida la prescripción con la sola presentación de la demanda. La Sala ha leído esa norma de manera restrictiva y la ha circunscrito, en el Rol 9.648-2024 (Cuarta Sala, 4 de abril de 2024) y en el Rol 184.255-2023 (Cuarta Sala, 13 de febrero de 2025), a las omisiones del ejecutado sobre el cambio de su representante legal que dificultan la ejecución, hecho que debe alegarse y acreditarse.

El Rol 226.177-2023 (Cuarta Sala, 8 de agosto de 2025) y el Rol 246.894-2023 (Cuarta Sala, 17 de octubre de 2025) caracterizaron la regla como sanción, al afirmar que el inciso tercero establece la interrupción por la sola presentación, pero “lo hace en un contexto preciso y a modo de sanción” (considerando cuarto de ambos). Desde enero de 2026 se emplea una fórmula breve, según la cual el artículo 18 no se aplica “por tratarse de una regla especial que regula una hipótesis específica” (Rol 50.809-2025, Cuarta Sala, 8 de enero de 2026, considerando cuarto). Fuera de esa hipótesis, la Sala computa el plazo hasta la notificación, con desarrollo propio en el Rol 64.678-2023 y en el Rol 251.609-2023, o validando el cómputo de instancia en la mayoría de los casos. El Rol 210.454-2023 (Cuarta Sala, 24 de junio de 2025) agregó que, aun aceptando la tesis de la presentación, la recurrente “soslaya el hecho que una vez interrumpido el plazo comienza nuevamente a computarse” (considerando séptimo), de modo que entre la presentación y la notificación había corrido un nuevo plazo completo.

Dos decisiones de 2026 matizan ese cuadro, aunque ninguna altera el resultado práctico de la línea. El Rol 35.488-2024 (Cuarta Sala, 13 de enero de 2026) rechazó la unificación pedida contra una sentencia que había aplicado la regla especial, porque los fallos cotejados coincidían en su alcance, y con ello dejó firme el rechazo de la prescripción. Los Roles 23.430-2026, 24.317-2026 y 24.318-2026 (Cuarta Sala, 5 de junio de 2026) declararon en mayoría que “la correcta interpretación de las normas de derecho común conduce a sostener que basta la presentación de la demanda para interrumpir la prescripción” (considerando cuarto). Con todo, mantuvieron la prescripción, porque el plazo máximo ya había transcurrido y el recurso no denunciaba las normas del Código Civil, mientras la prevención de esos fallos reiteró la lectura restrictiva del artículo 18.

En 2026 y tendencia actual. En 2026 se pronunciaron por la notificación, entre otros, los Roles 10.490-2026, 10.491-2026, 10.626-2026, 10.804-2026 y 17.546-2026 (Cuarta Sala, abril de 2026) y el Rol 33.685-2026 (Cuarta Sala, 17 de julio de 2026). La lectura restrictiva del artículo 18 predomina, y la afirmación favorable a la presentación de junio de 2026 carece de influencia en lo dispositivo.

4.4. Caducidad laboral y medidas prejudiciales: un concepto amplio de recurrir

La interrupción civil reaparece por analogía en los fallos que deciden si una medida prejudicial probatoria satisface la exigencia de recurrir al juzgado competente dentro del plazo de caducidad de los artículos 168 y 489 del Código del Trabajo. El Rol 46.593-2022 (Cuarta Sala, 18 de abril de 2023) admitió que la prejudicial interrumpe, con un efecto que opera como suspensión, “continuando la contabilización una vez que se haya dado cumplimiento a la prejudicial respectiva” (considerando octavo), y precisó, como el Rol 44.004-2022 (Cuarta Sala, 27 de marzo de 2023), que el artículo 8 de la Ley N° 21.226 solo previó la interrupción por la presentación para las acciones civiles y una prórroga de plazos para las laborales. Desde el Rol 80.648-2023 (Cuarta Sala, 12 de octubre de 2023) la Sala adoptó un concepto amplio, apoyado en que el Código Civil emplea indistintamente recurso judicial, demanda judicial y requerimiento, y el Rol 1.294-2024 (Cuarta Sala, 20 de mayo de 2024) declaró que “el medio para interrumpir civilmente la prescripción es cualquier gestión que se haga por el titular de un derecho ante los tribunales a fin de poder gozarlo, sea accionando directamente contra quien se lo niega o perturba, o impetrando ante ellos el medio para ejercitar su acción” (considerando decimotercero). En estos fallos la acción del acreedor hipotecario contra el tercer poseedor del artículo 758 del Código de Procedimiento Civil se menciona como ejemplo de gestión apta para interrumpir.

La línea se aplicó en el Rol 223.061-2023 (Cuarta Sala, 5 de diciembre de 2023), el Rol 222.843-2023 (Cuarta Sala, 11 de enero de 2024) y el Rol 32.804-2024 (Cuarta Sala, 15 de noviembre de 2024), que acogieron recursos de queja y dejaron sin efecto declaraciones de caducidad, con la precisión de que la medida probatoria no está sujeta al plazo de diez días del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y de que el plazo corre de nuevo desde el día hábil siguiente a cumplida la diligencia. Los votos particulares revelan los límites de la doctrina. En el Rol 1.294-2024 dos integrantes concurrieron solo por la falta de un plazo legal para demandar tras una prejudicial probatoria, y otra prevención negó que el principio pro operario se extienda al derecho procesal. En el Rol 32.804-2024, a su vez, un voto disidente aceptó que la prejudicial suspenda el plazo, pero rechazó la falta total de límite temporal para demandar. Ese reparo anticipa la discusión de 2026, en que la pregunta ya no es si la prejudicial interrumpe, sino cuál es la duración del plazo que se reinicia.

En 2026 y tendencia actual. El único fallo de 2026 es el Rol 40.077-2026 (Cuarta Sala, 9 de septiembre de 2026), que en un recurso de queja admitió como compartible que la prejudicial probatoria interrumpa la prescripción del artículo 510, pero estimó discutible la propuesta “referida a la transformación del plazo de seis meses en dos años” (considerando tercero) y su reinicio íntegro. La aptitud interruptiva de la prejudicial está asentada; sus efectos sobre la duración del plazo siguen abiertos.

4.5. Un límite temporal para la tesis de la presentación

Una propuesta de especial interés surge de los propios partidarios de la tesis de la presentación, que en cobranza previsional han concurrido a declarar la prescripción cuando la notificación se practica muchos años después de la demanda. En el Rol 64.678-2023 y en el Rol 64.679-2023 (Cuarta Sala, 28 de octubre de 2024), dos integrantes previnieron que una notificación practicada ocho años después de la demanda superaba los diez años desde la exigibilidad, “plazo que se considera razonable para la estabilización de los derechos y que es congruente con el plazo máximo establecido en nuestro ordenamiento”, y que esa dilación infundada contradice el fundamento de la prescripción como sanción a la desidia. La misma prevención se repite en el Rol 251.609-2023 (Cuarta Sala, 7 de julio de 2026), con diecisiete años de dilación, y en el Rol 33.685-2026 (Cuarta Sala, 17 de julio de 2026), con once. El Rol 167.273-2023 (Cuarta Sala, 6 de enero de 2025) contiene una variante sin cifra fija, que niega efecto a una notificación practicada seis años y cinco meses después de la interposición, sin justificación razonable.

La prevención tiene interés práctico, porque transforma la tesis de la presentación en una tesis de presentación seguida de notificación oportuna, con un límite externo tomado del plazo máximo de diez años, y la aproxima a los sistemas comparados que la mayoría contraria cita para negar la retroactividad. Su alcance es, con todo, limitado, ya que se trata de prevenciones de dos integrantes que han aparecido solo en cobranza previsional, donde el resultado coincide con el de la tesis de la notificación. En los fallos civiles y laborales en que la presentación obtuvo mayoría, como el Rol 12.249-2024 (Cuarta Sala, 27 de abril de 2026), cuya notificación se practicó algo más de dos años después de la demanda, la cuestión del límite no se planteó. El correctivo del Rol 210.454-2023, según el cual el nuevo plazo corre desde la presentación, fija en la práctica un límite equivalente al plazo de la propia acción.

En 2026 y tendencia actual. En 2026 el límite de diez años se reiteró en el Rol 251.609-2023 (Cuarta Sala, 7 de julio de 2026) y en el Rol 33.685-2026 (Cuarta Sala, 17 de julio de 2026), en ambos casos como prevención. La propuesta no ha sido asumida por una mayoría ni trasladada a lo civil o lo laboral.

4.6. Lo resuelto en 2026 y tendencia actual

En 2026 la Cuarta Sala dictó quince fallos de fondo con pronunciamiento de mayoría sobre el momento de la interrupción, nueve por la notificación y seis por la presentación, aunque la cifra exige matices. Ocho de los nueve fallos por la notificación son de cobranza previsional y descansan en la lectura restrictiva del artículo 18 inciso tercero de la Ley N° 17.322, en su mayoría con validación implícita del cómputo de instancia, y el noveno es el Rol 31.699-2024 (Cuarta Sala, 28 de septiembre de 2026), en materia minera. De los seis por la presentación, tres son los fallos de cobranza de junio, cuya afirmación carece de influencia en lo dispositivo. Los otros tres se reparten entre lo laboral, con el Rol 28.192-2025 (Cuarta Sala, 20 de enero de 2026), y lo civil y minero, con el Rol 13.952-2024 (Cuarta Sala, 2 de febrero de 2026) y el Rol 12.249-2024 (Cuarta Sala, 27 de abril de 2026).

Con esas precisiones puede tenerse por asentado, en los fallos revisados, que en cobranza previsional el plazo se computa hasta la notificación salvo la hipótesis especial del artículo 18. También aparece asentado que en lo laboral la presentación interrumpe por la remisión del artículo 510 al artículo 2523 N° 2, y que la medida prejudicial probatoria es apta para interrumpir la caducidad laboral. En lo civil y minero, en cambio, persisten criterios dispares, porque los fallos de 2025 y 2026 se dividen por tres votos contra dos en fallos de distinta integración y el último del período volvió a la notificación. La tendencia de la Sala se inclina, así, por la presentación en lo laboral y por la notificación en lo previsional, y mantiene una divergencia abierta en lo civil.

Fallos de fondo por la notificación de la demanda (2023 a 2026)

Fallos de fondo por la presentación de la demanda (2023 a 2026)

5. Qué actos interrumpen y cuáles no: la demanda judicial en sentido amplio y sus límites ↑ índice

Esta sección examina qué actos, además de la demanda en sentido procesal estricto, interrumpen la prescripción, cuáles pierden ese efecto y a quiénes alcanza. Los conteos se hacen sobre las 315 sentencias del período revisadas para esta sección, 253 de la Primera Sala y 62 de la Cuarta. Respecto de 2025 y 2026 son un piso, porque desde julio de 2025 el portal publica una selección de sentencias. El debate entre presentación y notificación se menciona solo cuando condiciona la eficacia de un acto concreto.

5.1. La demanda judicial como toda gestión que activa la jurisdicción en resguardo del derecho

La Primera Sala parte, en los fallos revisados, de una lectura amplia de la expresión demanda judicial del artículo 2518 del Código Civil, en relación con los artículos 2503 y 2523. Según el Rol 10.242-2022 (Primera Sala, 4 de abril de 2023), esa expresión “no debe entenderse restrictivamente referida solo a la demanda civil, en términos procesales estrictos, sino comprende cualquier gestión que demuestre que el titular de la acción activa las facultades jurisdiccionales de un tribunal para obtener o proteger su derecho” (considerando sexto). La amplitud tiene un límite funcional que la Sala formula de manera reiterada: “no cualquier acto judicial tiene la virtud de detener la continuidad del curso del tiempo, puesto que para que ello ocurra es necesario que el recurso judicial tienda al reconocimiento del mismo derecho que se pretende hacer valer en la acción en la que se alega la interrupción” (Rol 11.282-2021, Primera Sala, 5 de junio de 2023, considerando noveno). Opera, así, una prueba de conexión y no una lista cerrada de actuaciones.

Las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva son el campo de aplicación más frecuente de ese criterio, y diez fallos de la Primera Sala reconocen efecto interruptivo a la gestión de desposeimiento, de notificación de protesto, de notificación de facturas o de notificación de títulos a los herederos del deudor, como “todo acto realizado por el acreedor ante los tribunales, ya sea para cobrar directamente su crédito, o para efectuar las gestiones que lo coloquen en condiciones de hacerlo” (Rol 38.285-2023, Primera Sala, 30 de abril de 2024, considerando quinto). El efecto se produce con la notificación de la gestión y no con su interposición (Rol 11.778-2024, Primera Sala, 16 de mayo de 2024), salvo la gestión presentada durante el estado de catástrofe, a la que el Rol 8.355-2025 (Primera Sala, 26 de junio de 2025) aplicó el artículo 8 de la Ley N° 21.226. En cuanto a su duración, el Rol 111.187-2022 (Primera Sala, 10 de julio de 2023) sostuvo que la gestión de protesto y la ejecución no son un único juicio y que el efecto llegó hasta la certificación que cerró la gestión, mientras que para las facturas la gestión y la ejecución forman una unidad procesal y el efecto “se prolonga durante la tramitación de esa gestión hasta que quede afinado ese procedimiento” (Rol 5.971-2025, Primera Sala, 16 de marzo de 2026, considerando sexto). La divergencia es de fundamento y no de resultado, pues en ambos casos el nuevo plazo corre desde que concluye la gestión.

Las medidas prejudiciales siguen la misma lógica funcional, con matices que dependen de la sede en que se solicitan. El Rol 215.542-2023 (Primera Sala, 13 de enero de 2025) atribuyó efecto interruptivo a la notificación de una precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos que anunciaba la acción rescisoria, por cuanto prepara e inicia el juicio. El Rol 47.583-2023 (Primera Sala, 22 de abril de 2024) se lo negó, en cambio, a la medida probatoria pedida por la comunidad del condominio, distinta de los demandantes. En la Cuarta Sala, seis fallos estiman que la medida prejudicial probatoria satisface la exigencia de recurrir al juzgado competente del artículo 168 del Código del Trabajo, por analogía con los artículos 2503 y 2523, aunque en materia de caducidad (Rol 1.294-2024, Cuarta Sala, 20 de mayo de 2024).

La relación entre el proceso penal y la acción civil ofrece soluciones distintas, explicables por los hechos de cada caso. La querella criminal por el mismo hecho interrumpió la acción indemnizatoria (Rol 10.242-2022), y la demanda de divorcio por culpa fundada en la violencia intrafamiliar interrumpió la acción de daño moral contra el excónyuge, con nuevo plazo desde la sentencia firme de divorcio (Rol 10.616-2023, Primera Sala, 26 de marzo de 2024). En cambio, terminado el proceso penal por procedimiento abreviado sin fallarse la acción civil, la interrupción subsiste solo si se demanda ante el tribunal civil dentro de sesenta días, conforme al artículo 68 del Código Procesal Penal (Rol 34.488-2021, Primera Sala, 27 de febrero de 2023), regla que supone acción civil deducida o preparada en sede penal y favorece solo a la víctima, no al asegurador subrogado (Rol 25.428-2025, Primera Sala, 23 de abril de 2026). La tercería de prelación, que contiene una acción personal de cobro, es demanda judicial en sentido amplio (Rol 51.839-2023, Primera Sala, 12 de febrero de 2024), aun deducida en una ejecución ajena (Rol 10.210-2025, Primera Sala, 3 de julio de 2026).

Frente a la usucapión del derecho real de herencia, cinco fallos de la Primera Sala atribuyen efecto interruptivo a la demanda de reclamación de filiación, porque es condición necesaria de la petición de herencia y con ella el heredero sale de su inactividad (Rol 50.925-2022, Primera Sala, 28 de mayo de 2024; Rol 28.897-2024, Primera Sala, 10 de febrero de 2026). La demanda ante tribunal incompetente interrumpió la prescripción en el Rol 151.853-2022 (Primera Sala, 13 de mayo de 2024) y en el Rol 38.478-2025 (Primera Sala, 4 de agosto de 2026), porque la incompetencia no figura entre las excepciones del artículo 2503, que la Sala estima de derecho estricto, y porque la notificación que luego pierde eficacia “sigue siendo una notificación, que en cuanto diligencia procesal, ha sido hecha en forma legal” (Rol 151.853-2022, considerando noveno). Ejecutoriada la incompetencia, corre un nuevo plazo. Ambos fallos registran el voto disidente de un integrante, para quien lo obrado ante tribunal incompetente emana de un proceso nulo.

Actos que interrumpen la prescripción

Actos que no interrumpen la prescripción

Actos discutidos

En 2026 y tendencia actual. En 2026 se reiteró la eficacia de la demanda de filiación (Rol 28.897-2024), de la tercería (Rol 10.210-2025) y de la demanda ante tribunal incompetente (Rol 38.478-2025), y se la negó al proceso penal sin acción civil (Rol 25.428-2025) y a la querella contra otra persona jurídica (Rol 34.729-2026). Se mantiene la lectura amplia, acotada por la identidad de partes y la conexión con el derecho reclamado.

5.2. La interrupción natural exige un acto del deudor que reconozca la misma obligación

La interrupción natural aparece en los fallos revisados como un acto unilateral del deudor, que no requiere aceptación del acreedor y cuyo efecto es instantáneo, a diferencia de la interrupción civil, que se prolonga durante la instancia (Rol 162.662-2022, Primera Sala, 13 de junio de 2024). Por eso no interrumpen las cartas de cobranza ni la retención de devoluciones de impuestos (Rol 137.496-2022, Primera Sala, 12 de febrero de 2024). Tampoco lo hace el correo del acreedor luego acompañado por el deudor, que “no da cuenta de un acto que emane del deudor y por ello no importa un reconocimiento deliberado de la deuda” (Rol 238.191-2023, Primera Sala, 4 de diciembre de 2024, considerando quinto). Igual suerte corren los abonos imputables a un contrato distinto de la obligación cobrada (Rol 162.662-2022).

Los pagos y abonos del deudor constituyen, en los fallos revisados, la forma de reconocimiento admitida con mayor frecuencia. Así ocurrió con los pagos voluntarios de cuotas del crédito universitario (Rol 137.496-2022) y con el pago de cuotas morosas acompañado del acuerdo de continuar el servicio de la deuda (Rol 15.574-2024, Primera Sala, 25 de febrero de 2025). También interrumpieron las consignaciones hechas en un juicio luego abandonado, que subsisten como derechos definitivamente constituidos conforme al artículo 156 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil (Rol 243.836-2023, Primera Sala, 14 de enero de 2025). En defectos constructivos, la Cuarta Sala mantuvo el reconocimiento tácito por reparaciones hechas a requerimiento de la compradora en los Roles 3.741-2024 y 4.842-2024 (Cuarta Sala, 26 de septiembre de 2024), y lo descartó en el Rol 244.329-2023 (Cuarta Sala, 22 de diciembre de 2023) y en el Rol 53.186-2024 (Cuarta Sala, 27 de noviembre de 2024); la diferencia se explica por la prueba de las reparaciones en cada caso.

En sede penal, el Rol 13.401-2023 (Cuarta Sala, 8 de mayo de 2025) resolvió que las salidas alternativas no interrumpen la acción civil salvo que lo obrado importe reconocimiento de la obligación, y se lo negó a un acuerdo reparatorio celebrado a título personal y limitado al daño emergente. El Rol 61.966-2024 (Primera Sala, 15 de enero de 2026), en cambio, mantuvo como hecho asentado que la aceptación de responsabilidad en un procedimiento simplificado interrumpió naturalmente la prescripción. La existencia del reconocimiento es una cuestión de hecho que solo puede alterarse en casación denunciando normas reguladoras de la prueba (Rol 133.356-2022, Primera Sala, 31 de enero de 2023; Rol 15.951-2026, Primera Sala, 7 de abril de 2026). Su alegación tardía, por su parte, es tratada como argumento nuevo (Rol 4.361-2025, Primera Sala, 16 de abril de 2026).

Reconocimiento del deudor: decisiones en uno y otro sentido

En 2026 y tendencia actual. En 2026 la Primera Sala mantuvo el reconocimiento derivado de la aceptación de responsabilidad penal (Rol 61.966-2024) y descartó el fundado en correos y tasaciones (Rol 15.951-2026), y la Cuarta Sala no examinó la postventa por defectos del recurso (Rol 133.277-2023, Cuarta Sala, 30 de marzo de 2026). La línea exige un acto del deudor referido a la misma obligación y deja su apreciación a los jueces del fondo.

5.3. La pérdida de la interrupción: abandono, desistimiento, nulidad y absolución

El abandono del procedimiento priva de efecto interruptivo a la notificación de la demanda conforme al artículo 2503 N° 2, y el plazo sigue su curso como si no se hubiese interrumpido, según declaran al menos seis fallos de la Primera Sala (entre ellos, Rol 34.736-2023, Primera Sala, 18 de junio de 2024, y Rol 1.706-2025, Primera Sala, 29 de enero de 2026). Esos fallos separan, sin embargo, la interrupción de la aceleración del crédito. La voluntad de hacer exigible el total es un acto sustantivo que subsiste conforme al artículo 156 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, porque “la declaración de abandono del juicio ejecutivo anterior no alcanza a la manifestación de voluntad efectuada por el ejecutante de hacer exigible el total de lo adeudado conforme a la cláusula de aceleración pactada” (Rol 49.774-2025, Primera Sala, 12 de enero de 2026, considerando sexto). El acreedor pierde así la interrupción, conserva la exigibilidad anticipada y no puede eludir la prescripción cobrando solo las cuotas posteriores (Rol 32.568-2025, Primera Sala, 1 de septiembre de 2026).

El Rol 44.758-2024 (Primera Sala, 24 de noviembre de 2025) permite apreciar el alcance de la regla cuando el abandono se declara en la fase de cumplimiento del juicio ejecutivo. Un banco dedujo desposeimiento contra la sociedad tercera poseedora de un inmueble hipotecado en garantía de tres pagarés de la deudora personal, cuyas ejecuciones terminaron en 2023 por abandono, dos en el cuaderno de apremio conforme al artículo 153 del Código de Procedimiento Civil y la tercera conforme al artículo 152. El juzgado acogió la prescripción opuesta por la tercera poseedora, por estimar borrada la interrupción en los tres juicios, y la Corte de Apelaciones confirmó. Planteada la cuestión de si el artículo 2503 N° 2 alcanza al abandono declarado en el cuaderno de apremio, la mayoría acogió la casación y distinguió: el abandono del artículo 152 extingue lo obrado en el cuaderno principal y con ello la interrupción, mientras que en el del artículo 153 “la sanción del abandono se limita al cese de la tramitación del cuaderno de apremio, pero no deja sin efecto la sentencia definitiva ni hace perder el carácter ejecutivo al título, ni menos la interrupción de la prescripción producida con la notificación de la demanda ejecutiva original” (considerando sexto). La sentencia de reemplazo rechazó la prescripción respecto de dos pagarés y la mantuvo respecto del tercero, invocando la indivisibilidad de la hipoteca para la parte no prescrita.

La decisión registra el voto disidente de un integrante, para quien la norma “no distingue la etapa del juicio en que se produce el abandono”, y la prevención de otro, que extendía el rechazo a los tres pagarés porque la gestión de desposeimiento se notificó antes de que quedaran firmes los abandonos. Conviene leer esta ratio junto al Rol 238.188-2023 (Primera Sala, 17 de marzo de 2025), en que el abandono del cuaderno de apremio hizo perder lo obrado en él y el nuevo plazo se contó desde que el mandamiento hizo las veces de sentencia. Esa decisión también fue acompañada de una prevención y de un voto disidente. La distinción importa a quien persigue la finca hipotecada, porque el tipo de abandono declarado contra el deudor personal define la suerte de la acción real.

El desistimiento y el retiro de la demanda producen efectos análogos a los del abandono, con matices propios de cada figura. Desistida la ejecución con reserva conforme al artículo 467 del Código de Procedimiento Civil, el acreedor no puede invocar lo obrado como interrupción y “el nuevo cómputo se sitúa, nuevamente, en la fecha en que la obligación se hizo exigible” (Rol 25.088-2023, Primera Sala, 22 de agosto de 2024, considerando octavo), aunque la aceleración subsiste. La nulidad de la notificación o de todo lo obrado priva igualmente de efecto a la demanda (Rol 49.297-2025, Primera Sala, 1 de diciembre de 2025; Rol 17.950-2025), lo que no ocurre con la rectificación del artículo 261 (Rol 222.900-2023) ni con la litispendencia acogida (Rol 171.296-2022, Primera Sala, 1 de julio de 2024). La absolución del artículo 2503 N° 3 alcanzó a la demanda de mera certeza y al recurso de protección desestimados (Rol 87.466-2021; Rol 8.711-2024).

En 2026 y tendencia actual. Los fallos de 2026 reiteraron que el abandono suprime la interrupción y deja intacta la aceleración (Roles 49.774-2025, 1.706-2025 y 32.568-2025), y el Rol 10.210-2025 resolvió que una nueva demanda presentada antes de declararse el abandono renueva la interrupción aún vigente, con el voto disidente de un integrante. La distinción entre los artículos 152 y 153 es criterio de mayoría, con votos de minoría en los dos fallos que la tratan.

5.4. Efectos personales de la interrupción y duración del efecto mientras dura el juicio

La relación entre el artículo 2519 del Código Civil y el artículo 100 de la Ley N° 18.092 presenta criterios dispares en la Primera Sala. En el Rol 98.543-2022 (Primera Sala, 16 de mayo de 2023), quien se obligó como avalista y además como codeudor solidario quedó sujeto al artículo 2519, porque la codeuda solidaria añadida al aval es caución de derecho común, de modo que la notificación al suscriptor lo alcanzó; el fallo registra el voto disidente de dos integrantes. En el Rol 16.287-2024 (Primera Sala, 4 de julio de 2024), en cambio, se afirmó que el artículo 100 consagra un efecto “personal y relativo” que prevalece por especialidad sobre el artículo 2519, respecto de una fiadora y codeudora solidaria. El retiro de la demanda respecto de la ejecutada en el segundo caso explica en parte la diferencia, pero las reglas formuladas son opuestas. El carácter personal de la interrupción se proyecta también entre herederos, pues la notificación a una heredera del codeudor solidario no se comunicó a los demás herederos, por haberse establecido que no hay solidaridad entre ellos, con el voto disidente de dos integrantes que habrían anulado de oficio por no ponderarse el pagaré que la pactaba (Rol 43.111-2024, Primera Sala, 27 de noviembre de 2025).

La accesoriedad de la hipoteca conduce, en sentido inverso, a extender el efecto interruptivo más allá de la persona demandada. Catorce fallos de la Primera Sala resuelven que la interrupción contra el deudor personal perjudica al tercer poseedor de la finca hipotecada. La razón es que “mientras no haya prescrito la obligación principal, tampoco prescribirá la acción hipotecaria contra el tercero poseedor, pues ésta es inseparable de la acción contra el deudor personal” (Rol 39.012-2025, Primera Sala, 13 de noviembre de 2025, considerando séptimo; en el mismo sentido, Rol 56.614-2024, Primera Sala, 15 de enero de 2025). Se registra una divergencia sobre la defensa, pues el Rol 32.568-2025 reconoce al tercer poseedor la facultad de oponer la prescripción de la obligación principal y el Rol 12.446-2024 (Primera Sala, 28 de octubre de 2025) estimó impertinentes en el desposeimiento las excepciones personales relativas a las obligaciones caucionadas.

En cuanto a la duración, la Primera Sala sostiene de manera reiterada que el efecto de la notificación perdura mientras el juicio no termine por desistimiento, abandono o sentencia absolutoria. El Rol 54.894-2024 (Primera Sala, 19 de diciembre de 2024) afirmó que se extiende “durante toda la prosecución del juicio sin importar su duración” (considerando cuarto), y el Rol 33.365-2024 (Primera Sala, 22 de octubre de 2025) lo mantuvo mientras siga vigente el cuaderno de apremio, en la línea del Rol 98.543-2022. En los cobros tributarios, en cambio, el requerimiento judicial seguido de inactividad fiscal dio inicio a una nueva prescripción, con apoyo en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Roles 36.596-2019 y 36.911-2019, Primera Sala, 8 de julio de 2025). Esa diferencia es explicable por el régimen especial del Código Tributario.

En 2026 y tendencia actual. En 2026 el Rol 10.210-2025 reiteró que la interrupción dura mientras la causa esté vigente, y el Rol 18.397-2025 (Primera Sala, 28 de mayo de 2026) dejó sin examen de fondo la exigencia de notificar a todos los herederos demandados. La extensión al tercer poseedor es criterio asentado, y la tensión entre los artículos 2519 y 100 no registra nuevo pronunciamiento desde el Rol 16.287-2024.

5.5. Suspensión e interrupción: dos institutos que los fallos mantienen separados

La suspensión no borra el tiempo corrido, sino que impide su curso, y los fallos revisados la tratan con independencia de la interrupción. El Rol 13.291-2023 (Primera Sala, 15 de junio de 2023) resolvió que el período en que el tribunal difirió la notificación por el estado de catástrofe “debe descontarse del que transcurrió entre el vencimiento del documento y la notificación de la demanda” (considerando cuarto), al margen del artículo 8 de la Ley N° 21.226, y el Rol 46.593-2022 (Cuarta Sala, 18 de abril de 2023) precisó que esa ley, respecto de las acciones laborales, solo prorrogó los plazos. La suspensión en favor de las personas que la ley protege aparece en un número reducido de fallos del período. El Rol 13.401-2023 resolvió que la suspensión en favor de los menores y de la mujer casada en sociedad conyugal opera respecto de la acción del artículo 2332, porque el artículo 2524 la excluye solo para ciertas acciones, y el Rol 50.925-2022 la aplicó a la usucapión ordinaria del derecho de herencia y no a la extraordinaria; entre cónyuges, el Rol 10.616-2023 dejó abierta la suspensión del cuadrienio y resolvió por la interrupción. Respecto del Estado, el Rol 137.496-2022 recordó que la prescripción corre contra el Fisco, y los Roles 233.973-2023 (Primera Sala, 11 de septiembre de 2024) y 33.629-2023 (Primera Sala, 6 de febrero de 2025) aplicaron la imprescriptibilidad del artículo 13 de la Ley N° 20.027 a créditos con garantía estatal documentados en pagaré, el segundo cuando su titular es el Fisco. No se registran pronunciamientos sobre suspensión por mediación.

En 2026 y tendencia actual. No hay fallos de 2026 sobre suspensión en favor de menores, cónyuges o Fisco; el último es el Rol 13.401-2023, de 8 de mayo de 2025. En 2026 el Rol 41.225-2025 (Primera Sala, 31 de agosto de 2026) precisó que el artículo 8 de la Ley N° 21.226 presupone una acción vigente al presentarse la demanda.

5.6. Lo resuelto en 2026 y tendencia actual

Las sentencias de 2026 revisadas confirman la lectura amplia de la demanda judicial al reconocer efecto interruptivo a la demanda de filiación frente a la usucapión del derecho de herencia (Rol 28.897-2024), a la gestión preparatoria de facturas hasta que queda afinada (Rol 5.971-2025), a la tercería deducida en una ejecución ajena (Rol 10.210-2025) y a la demanda notificada ante tribunal incompetente (Rol 38.478-2025). A la vez, fijaron sus límites frente a la demanda en procedimiento anulado (Rol 17.950-2025), al proceso penal sin acción civil (Rol 25.428-2025) y a la querella contra otra persona jurídica (Rol 34.729-2026). En materia de pérdida, los Roles 49.774-2025, 1.706-2025 y 32.568-2025 reiteraron que el abandono suprime la interrupción sin afectar la aceleración. El reconocimiento natural siguió tratado como cuestión de hecho (Roles 61.966-2024 y 15.951-2026).

Puede tenerse por asentado, en los fallos revisados, que la gestión preparatoria interrumpe desde su notificación, que la interrupción natural exige un acto del deudor referido a la misma obligación, que la interrupción contra el deudor personal alcanza al tercer poseedor y que el efecto de la demanda notificada perdura mientras el juicio sigue vigente. Presentan criterios dispares la relación entre los artículos 2519 y 100 de la Ley N° 18.092, el efecto del abandono declarado en el cuaderno de apremio, la eficacia de lo obrado ante tribunal incompetente y la oportunidad en que el tercer poseedor puede oponer la prescripción de la obligación caucionada. Por sala, la Primera concentra la mayor parte de los pronunciamientos sobre actos distintos de la demanda y se inclina por la amplitud del acto interruptivo, acompañada de un control estricto de sus efectos personales y de su pérdida. La Cuarta Sala ha trasladado la noción amplia de gestión judicial a la caducidad laboral por medio de las medidas prejudiciales, aunque en 2026 calificó de discutible que esa interrupción transforme el plazo de seis meses (Rol 40.077-2026, Cuarta Sala, 9 de septiembre de 2026), y en materia de interrupción natural mantiene lo que fijan los jueces del fondo.

6. Valoración crítica: dos reglas en un mismo tribunal y una propuesta de equilibrio ↑ índice

6.1. La coexistencia de reglas y la igualdad ante la ley

La primera observación que dejan los fallos revisados es que la impresión de una Corte dividida según la sala se mantiene en lo sustancial, aunque con matices relevantes: la Primera Sala ha hecho de la notificación una regla estable, que se reitera en fallos de distinta integración y que se difunde incluso a través de resoluciones de cuenta, mientras la Cuarta Sala conserva la división, ahora ordenada en buena medida por materias. La convergencia es, por eso, parcial. En los asuntos civiles que la Cuarta Sala conoce por su competencia mixta, como las nulidades mineras, las acciones posesorias y algunos cobros de pesos, se dictan fallos opuestos con pocos meses de diferencia, y basta comparar el Rol 12.249-2024 (Cuarta Sala, 27 de abril de 2026), que acogió la tesis de la presentación, con el Rol 31.699-2024 (Cuarta Sala, 28 de septiembre de 2026), que volvió a la notificación, para advertir que la regla aplicable a un mismo problema de derecho común puede depender de la sala y, dentro de ella, de la integración que conozca del recurso.

Esa situación merece atención desde la perspectiva de la igualdad ante la ley, porque la diferencia no parece explicarse por los hechos de cada caso, sino por la adhesión de los integrantes a una u otra lectura de los artículos 2503 y 2518. Las mayorías de tres votos contra dos, la reiteración casi textual de los argumentos de cada posición y la escasa referencia a los fallos de signo contrario sugieren que no se trata de una evolución, en la que un criterio sucede a otro, sino de dos reglas que conviven. La casación en el fondo, concebida para uniformar la interpretación de la ley, no logra cumplir bien esa función cuando la disyuntiva se resuelve caso a caso, y la experiencia del Pleno de 2024 indica que el mecanismo del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil tampoco basta por sí solo: una mayoría de nueve votos contra seis, que no obliga fuera de la causa, no impidió que la Cuarta Sala siguiera acogiendo la tesis de la presentación. Mientras ello ocurra, quien presenta su demanda dentro de plazo no puede saber con certeza, al hacerlo, si la notificación que practique después de vencido tendrá o no efecto. La importancia práctica de estas cuestiones difícilmente puede exagerarse, porque la prescripción opera como un todo o nada: la acción subsiste íntegra o se extingue.

Distinto es el caso de la materia laboral, donde la diferencia de criterio con la Primera Sala tiene una explicación normativa que no depende de la integración. Si el artículo 510 del Código del Trabajo remite al artículo 2523 y este interrumpe la prescripción “desde que interviene requerimiento”, la Cuarta Sala dispone de un texto distinto del que interpreta la Primera, y la conclusión favorable a la presentación, como la del Rol 4.212-2024 (Cuarta Sala, 13 de agosto de 2025) o la del Rol 28.192-2025 (Cuarta Sala, 20 de enero de 2026), no contradice la regla civil, sino que aplica una norma diversa. A mi juicio, la línea laboral descansa, por eso, en un fundamento más firme que la divergencia en lo civil, aunque su consolidación es reciente y se ha construido, también, por mayorías estrechas.

6.2. Lo que la tesis de la notificación explica y lo que deja sin resolver

La tesis de la notificación tiene a su favor razones de texto y de sistema que los fallos de la Primera Sala exponen con cuidado. El N° 1 del artículo 2503 priva de efecto a la demanda cuya notificación no se hizo en forma legal, y el argumento a fortiori según el cual con mayor razón carece de él la demanda no notificada tiene un peso considerable en el plano literal. La interrupción, además, opera contra el deudor, y es razonable que un efecto que altera su posición jurídica se produzca cuando este conoce la pretensión, como sostiene el Rol 251.917-2023 (Primera Sala, 17 de marzo de 2025) al vincularla con la certeza que persigue la prescripción. El argumento a contrario que se extrae de las leyes especiales tiene también peso, porque si el legislador debió disponer expresamente en el artículo 8 de la Ley N° 21.226 y en el inciso tercero del artículo 18 de la Ley N° 17.322 que la sola presentación interrumpe, cabe inferir que la regla general es otra.

La tesis tiene, sin embargo, costos que los propios fallos ponen de manifiesto. El primero es que traslada al acreedor el riesgo de demoras que no siempre le son imputables, como la búsqueda de un deudor que cambió de domicilio, la espera de la certificación del receptor o la resolución de la solicitud de notificación por cédula, y lo hace sin distinguir entre el actor diligente y el negligente: la demanda presentada un día antes del vencimiento y notificada dos semanas después sufre la misma suerte que la notificada años más tarde. El segundo es la asimetría que la Primera Sala ha consolidado en los cobros con cláusula de aceleración facultativa, donde la presentación de la demanda hace exigible el total y abre el plazo de prescripción, pero carece de aptitud para interrumpirlo. Como se vio en la sección 3.3, la consecuencia es que el mismo acto del acreedor le perjudica para iniciar el cómputo y no le aprovecha para detenerlo, y que la aceleración subsiste aunque la demanda que la manifestó haya sido retirada, desistida o declarada abandonada, como resolvieron el Rol 7.854-2023 (Primera Sala, 18 de abril de 2024) y el Rol 1.706-2025 (Primera Sala, 29 de enero de 2026). La distinción entre el efecto sustantivo de la voluntad de acelerar y el efecto procesal de la demanda tiene coherencia dogmática, pero el resultado práctico es que una misma pieza procesal recibe un tratamiento distinto según convenga al deudor.

6.3. Lo que la tesis de la presentación protege y el riesgo que crea

La tesis de la presentación responde mejor a la idea de la prescripción como sanción a la inactividad del acreedor, porque quien demanda dentro de plazo ha dejado de estar inactivo, y al hecho de que la duración del trámite de notificación escapa en parte a su control. En lo laboral se suma la circunstancia, destacada en el Rol 4.699-2024 (Cuarta Sala, 24 de febrero de 2025), de que la notificación de la demanda corresponde al tribunal, lo que hace aún menos razonable imputar al trabajador la demora. Su debilidad es la inversa de la anterior, pues si la sola presentación interrumpe y no se fija un límite para notificar, el actor puede mantener viva una acción durante años sin que el deudor sepa que existe. La cobranza previsional ofrece ejemplos claros, con demandas notificadas cinco, diez o trece años después de presentadas, y en esos casos la tesis de la presentación sin límite conduce a un resultado que contradice la finalidad de certeza que comparten ambas posiciones.

Los propios partidarios de la presentación han advertido ese riesgo. Las prevenciones del Rol 64.678-2023 (Cuarta Sala, 28 de octubre de 2024), del Rol 251.609-2023 (Cuarta Sala, 7 de julio de 2026) y del Rol 33.685-2026 (Cuarta Sala, 17 de julio de 2026) concurren a declarar la prescripción cuando la notificación se practicó después de diez años desde la exigibilidad, y el Rol 210.454-2023 (Cuarta Sala, 24 de junio de 2025) añadió que, interrumpida la prescripción con la presentación, el nuevo plazo comienza a correr desde ese momento, de modo que la notificación debe practicarse antes de que se cumpla otro plazo completo. Ambas soluciones buscan corregir la tesis de la presentación desde dentro, y ambas sugieren que su versión pura es difícil de sostener.

6.4. Una propuesta: la presentación condicionada a una notificación oportuna

Las dos tesis coinciden, al cabo, en más de lo que su enfrentamiento sugiere. La de la notificación admite que la presentación produce efectos, porque es ella la que fija la aceleración y la que, en las leyes especiales, interrumpe; la de la presentación admite que la notificación es necesaria, porque sin ella la interrupción no se consolida, y sus partidarios más cuidadosos aceptan que debe practicarse en un tiempo razonable. La diferencia real se reduce a quién soporta el riesgo del intervalo entre ambos actos, y la respuesta que intentaré fundar es que ese riesgo debe distribuirse: la interrupción debería entenderse producida con la presentación de la demanda, bajo la condición de que esta sea notificada dentro de un plazo razonable, cuyo incumplimiento priva de efecto a la presentación y deja la interrupción en la fecha de la notificación efectiva.

Esa fórmula no es una construcción ajena a nuestro ordenamiento ni a la jurisprudencia del período. Es la que adoptó el legislador en el artículo 8 de la Ley N° 21.226, que tuvo por interrumpida la prescripción con la sola presentación “bajo condición de que esta no sea declarada inadmisible y que sea válidamente notificada” dentro de un plazo determinado, y que la Primera Sala aplicó como excepción muy calificada a la regla general. Es también la de los sistemas que los fallos de la Cuarta Sala citan para negar efecto retroactivo a la presentación, como el artículo 94 del Código General del Proceso de Colombia, el artículo 2892 del Code civil du Québec y el artículo 240 del Código de Processo Civil de Brasil, que según esas sentencias fijan un plazo para notificar la demanda ya presentada. Y es, en sustancia, la que expresan las prevenciones de la Cuarta Sala que fijan un límite temporal a la tesis de la presentación. Tampoco es una idea nueva en el debate chileno, pues el voto de minoría del Pleno de 2024 reconoció como real el riesgo de una interrupción indefinida y transcribió la propuesta de Corral Talciani de reformar la ley para fijar un plazo de treinta días, contado desde la presentación de la demanda, dentro del cual debería practicarse la notificación (Rol 75.995-2021 (Pleno, 16 de mayo de 2024), motivo 4° del voto disidente). El argumento comparado que la mayoría emplea en favor de la notificación sirve, así, para sostener la tesis intermedia, porque lo que esos ordenamientos rechazan no es el efecto de la presentación, sino su efecto incondicionado.

De lege lata, la propuesta encuentra apoyo en la letra de los artículos 2503 y 2518, que vinculan la interrupción a la demanda y exigen su notificación legal sin fijar su oportunidad, y en la lectura de la notificación como condición de eficacia de un efecto que nace con el acto del acreedor. Su debilidad es que el Código no establece el plazo razonable, y que dejarlo a la apreciación judicial reproduciría, en otra escala, la incertidumbre que se quiere superar. Por eso me parece que la solución más adecuada es legislativa: una regla que, como la de 2020, fije un plazo breve contado desde que la demanda es proveída, dentro del cual la notificación retrotrae la interrupción a la presentación, permitiría proteger al acreedor diligente sin dejar al deudor expuesto a acciones de duración indefinida. Mientras esa regla no exista, la Corte podría contribuir a la previsibilidad explicitando, en cada fallo, el criterio que sigue y los fallos de signo contrario que no comparte, y procurando que la disyuntiva en lo civil se resuelva de un mismo modo en la Primera y en la Cuarta Sala, para lo cual el punto de partida natural es lo resuelto por el Pleno en 2024.

6.5. Lo que se sigue para quien litiga

Lo que sigue está pensado para quien litiga mientras subsista la división descrita, sea como acreedor que demanda o como deudor que opone la excepción. Al acreedor le conviene asumir que la interrupción exige la notificación dentro de plazo, porque esa es la regla que con mayor probabilidad aplicará la Primera Sala y la que la Cuarta aplica en lo previsional, y en consecuencia presentar la demanda con holgura, solicitar de inmediato las diligencias de búsqueda y notificación y, en los cobros con cláusula de aceleración facultativa, tener presente que la presentación por el total abre el plazo de la deuda acelerada. Quien demanda en sede laboral dispone de una línea favorable a la presentación, pero, atendidas las mayorías estrechas que la sostienen, también le conviene notificar dentro del plazo cuando ello es posible. La petición de que el recurso sea conocido por el pleno, conforme al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, sigue disponible para quien enfrente una divergencia entre salas, aunque la experiencia de 2024 muestra que su efecto se agota en la causa.

Al deudor ejecutado le corresponde oponer la prescripción por la vía del N° 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, y a quien recurre de casación en el fondo denunciar esa norma junto con los artículos 2503, 2514 y 2518 del Código Civil, las normas que fijan el plazo de la acción ejercida y, cuando corresponda, el artículo 8 de la Ley N° 21.226 o el artículo 100 de la Ley N° 18.092, porque la omisión de cualquiera de ellas ha conducido al rechazo del recurso sin examen de fondo. Y el tribunal de instancia contribuye a la solución del caso cuando fija con precisión las fechas de exigibilidad, de presentación, de notificación y de requerimiento, porque sobre esos hechos, que la Corte no puede alterar sin denuncia de leyes reguladoras de la prueba, se decide finalmente la casación.

7. Conclusiones ↑ índice

La pregunta que orientó el trabajo admite una respuesta negativa, en los términos de la hipótesis formulada, porque la Primera y la Cuarta Sala de la Corte Suprema no aplicaron entre 2023 y 2026 un criterio común sobre el momento en que la demanda interrumpe la prescripción. La Primera Sala, que concentra 385 de las 475 sentencias revisadas, ha consolidado la tesis de la notificación como regla general, en coincidencia con la mayoría del Pleno de 16 de mayo de 2024: la reitera en fallos de distinta integración, la presenta como jurisprudencia reiterada en las resoluciones de cuenta y la refuerza en materia cambiaria con el artículo 100 de la Ley N° 18.092. La única excepción que admite es la del artículo 8 de la Ley N° 21.226, que trata como un régimen transitorio y muy calificado, inaplicable a las demandas anteriores al 18 de marzo de 2020, y sobre cuyo alcance en las demandas presentadas y notificadas durante el estado de excepción subsisten decisiones opuestas. Las cifras de 2026, aun leídas como un piso, no registran sentencias que vuelvan a la presentación como regla del Código Civil.

La Cuarta Sala presenta un cuadro distinto, que corresponde a la otra mitad de la hipótesis, porque en los fallos de fondo revisados la mayoría se pronunció veintiséis veces por la notificación y trece por la presentación, con frecuencia por tres votos contra dos y en fallos de distinta integración, y la Sala ha ido perfilando una distinción por materias que ordena buena parte de esa división: en lo laboral, la remisión del artículo 510 del Código del Trabajo al requerimiento del artículo 2523 N° 2 sostiene desde 2025 una línea favorable a la presentación, mientras en la cobranza previsional la lectura restrictiva del inciso tercero del artículo 18 de la Ley N° 17.322 conduce a computar el plazo hasta la notificación. En lo civil y en lo minero, en cambio, la divergencia permanece abierta, y el último fallo del período volvió a la notificación pocos meses después de una decisión en sentido contrario. Que esa divergencia persista después del pronunciamiento del Pleno es, probablemente, uno de los datos más significativos del período. La impresión de que la sala que conoce del asunto anticipa el resultado conserva así su vigencia para los asuntos civiles de la Cuarta Sala, aunque hoy no podría decirse que esta favorezca de modo general la presentación.

En cuanto a los actos interruptivos, ambas salas comparten un concepto amplio de demanda judicial, que comprende toda gestión con la que el titular activa la jurisdicción en resguardo de su derecho, como las gestiones preparatorias, la tercería, ciertas querellas y, en la caducidad laboral, las medidas prejudiciales probatorias. Esa amplitud tiene límites que los fallos han precisado, pues no interrumpen el proceso penal sin acción civil, la querella dirigida contra otra persona ni la demanda en un procedimiento que fue anulado, y la interrupción se pierde con el abandono del procedimiento y con el desistimiento. La interrupción natural, por su parte, exige un acto del deudor referido a la misma obligación, y su existencia queda entregada a los jueces del fondo. Persisten criterios dispares sobre la relación entre el artículo 2519 del Código Civil y el artículo 100 de la Ley N° 18.092, sobre el efecto del abandono declarado en el cuaderno de apremio y sobre la eficacia de lo obrado ante tribunal incompetente.

La valoración de este cuadro conduce a dos conclusiones. La primera es que la coexistencia de dos reglas sobre una misma cuestión de derecho común debilita la función uniformadora de la casación y afecta la igualdad ante la ley, porque el resultado de casos semejantes puede depender de la sala o de la integración que los conozca, sin que los fallos expliciten el criterio que abandonan; la sentencia del Pleno de 2024, adoptada por nueve votos contra seis, no alteró ese cuadro. La segunda es que ninguna de las dos tesis, en su versión pura, parece resolver de manera satisfactoria el problema: la de la notificación traslada al acreedor diligente el riesgo de demoras que no siempre controla y genera una asimetría difícil de justificar en los cobros con cláusula de aceleración, mientras la de la presentación sin límite permite mantener viva una acción durante años sin conocimiento del deudor. La fórmula de una presentación condicionada a una notificación practicada dentro de un plazo razonable, que el legislador ya empleó en 2020, que reconocen los sistemas comparados citados por la propia Corte y que han planteado algunas prevenciones de la Cuarta Sala y que la minoría del Pleno tuvo a la vista al transcribir la propuesta de reforma de Corral Talciani, ofrece, a mi juicio, un equilibrio razonable entre ambos intereses. Su adopción plena requiere, con todo, una reforma legal que fije ese plazo, y mientras ella no se produzca la previsibilidad dependerá de que la Corte explicite su criterio y procure que las dos salas resuelvan del mismo modo los asuntos civiles que conocen.

Referencias ↑ índice

Normas citadas

Código Civil, artículos 3, 920, 2332, 2503, 2514, 2515, 2518, 2519, 2521, 2522, 2523 y 2524.

Código de Procedimiento Civil, Ley N° 1.552 (1902), artículos 54, 55, 152, 153, 156, 261, 280, 442, 464, 467, 758 y 780.

Código Procesal Penal, Ley N° 19.696 (2000), artículo 68.

Código del Trabajo, artículos 168, 429, 436, 489 y 510.

Código de Minería, Ley N° 18.248 (1983), artículo 96.

Ley N° 17.322 (1970), sobre cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, artículos 18 y 31 bis.

Ley N° 18.092 (1982), sobre letra de cambio y pagaré, artículos 98, 100, 105 y 107.

Ley General de Bancos, Decreto con Fuerza de Ley N° 3 (1997), Ministerio de Hacienda, artículo 103.

Ley N° 20.027 (2005), que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, artículo 13.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), artículo 8.1. Promulgada en Chile por Decreto N° 873 (1991), Ministerio de Relaciones Exteriores.

Decreto Supremo N° 104 (2020), Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, y sus prórrogas.

Ley N° 21.226 (2020), que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile, artículo 8.

Jurisprudencia citada

Sentencias de la Corte Suprema citadas en el texto, ordenadas por sala y fecha. Fuente: Buscador Unificado de Sentencias del Poder Judicial (juris.pjud.cl), consulta del 11 de octubre de 2026. Formato: tribunal y sala, año, rol, fecha y vía procesal.

Corte Suprema, Pleno

Corte Suprema, Pleno. (2024). Sentencia Rol 75.995-2021, 16 de mayo de 2024 [casación en el fondo conocida por el pleno conforme al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil].

Corte Suprema, Primera Sala

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 139.998-2022, 9 de enero de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 131.700-2022, 18 de enero de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 115.196-2022, 20 de enero de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 26.403-2022, 30 de enero de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 133.356-2022, 31 de enero de 2023 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 34.488-2021, 27 de febrero de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 32.297-2022, 13 de marzo de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 10.242-2022, 4 de abril de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 157.965-2022, 20 de abril de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 13.864-2022, 27 de abril de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 98.543-2022, 16 de mayo de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 54.199-2022, 30 de mayo de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 57.424-2022, 30 de mayo de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 11.282-2021, 5 de junio de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 13.291-2023, 15 de junio de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 84.175-2021, 5 de julio de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 98.504-2022, 5 de julio de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 111.187-2022, 10 de julio de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 87.466-2021, 1 de agosto de 2023 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 68.316-2023, 14 de agosto de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 138.322-2022, 31 de agosto de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 85.430-2022, 5 de septiembre de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2023). Sentencia Rol 208.765-2023, 20 de octubre de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 137.496-2022, 12 de febrero de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 51.839-2023, 12 de febrero de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 33.487-2023, 13 de febrero de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 10.616-2023, 26 de marzo de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 5.957-2024, 26 de marzo de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 9.274-2024, 4 de abril de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 7.854-2023, 18 de abril de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 47.583-2023, 22 de abril de 2024 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 38.285-2023, 30 de abril de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 151.853-2022, 13 de mayo de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 11.778-2024, 16 de mayo de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 135.476-2022, 22 de mayo de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 50.925-2022, 28 de mayo de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 162.662-2022, 13 de junio de 2024 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 34.736-2023, 18 de junio de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 171.296-2022, 1 de julio de 2024 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 16.287-2024, 4 de julio de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 183.406-2023, 6 de agosto de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 25.088-2023, 22 de agosto de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 35.347-2024, 26 de agosto de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 233.973-2023, 11 de septiembre de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 79.950-2023, 26 de septiembre de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 2.180-2024, 27 de noviembre de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 238.191-2023, 4 de diciembre de 2024 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 54.894-2024, 19 de diciembre de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2024). Sentencia Rol 704-2024, 31 de diciembre de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 215.542-2023, 13 de enero de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 243.836-2023, 14 de enero de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 56.614-2024, 15 de enero de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 60.222-2024, 21 de enero de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 33.629-2023, 6 de febrero de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 1.945-2024, 19 de febrero de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 15.574-2024, 25 de febrero de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 222.900-2023, 7 de marzo de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 238.188-2023, 17 de marzo de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 251.917-2023, 17 de marzo de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 15.577-2024, 25 de marzo de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 6.954-2025, 17 de abril de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 19.932-2024, 22 de abril de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 11.377-2025, 12 de mayo de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 12.420-2024, 15 de mayo de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 4.443-2024, 23 de junio de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 8.355-2025, 26 de junio de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 36.596-2019, 8 de julio de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 36.911-2019, 8 de julio de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 55.575-2024, 31 de julio de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 40.494-2025, 20 de octubre de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 61.500-2024, 20 de octubre de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 59.462-2024, 21 de octubre de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 33.365-2024, 22 de octubre de 2025 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 12.446-2024, 28 de octubre de 2025 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 39.012-2025, 13 de noviembre de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 44.758-2024, 24 de noviembre de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 43.111-2024, 27 de noviembre de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 49.297-2025, 1 de diciembre de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2025). Sentencia Rol 38.055-2024, 22 de diciembre de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 59.868-2024, 5 de enero de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 49.774-2025, 12 de enero de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 61.966-2024, 15 de enero de 2026 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 54.926-2024, 27 de enero de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 1.706-2025, 29 de enero de 2026 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 3.072-2025, 5 de febrero de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 28.897-2024, 10 de febrero de 2026 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 2.247-2026, 13 de febrero de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 8.223-2026, 4 de marzo de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 20.805-2025, 10 de marzo de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 5.971-2025, 16 de marzo de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 15.951-2026, 7 de abril de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 17.950-2025, 15 de abril de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 4.361-2025, 16 de abril de 2026 [casación en la forma].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 25.428-2025, 23 de abril de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 20.311-2026, 20 de mayo de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 18.397-2025, 28 de mayo de 2026 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 6.948-2025, 25 de junio de 2026 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 10.210-2025, 3 de julio de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 32.275-2026, 21 de julio de 2026 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 33.875-2025, 4 de agosto de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 38.478-2025, 4 de agosto de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 35.715-2025, 14 de agosto de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 34.729-2026, 27 de agosto de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 41.225-2025, 31 de agosto de 2026 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 32.568-2025, 1 de septiembre de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 41.973-2026, 11 de septiembre de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2023). Sentencia Rol 44.004-2022, 27 de marzo de 2023 [recurso de queja].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2023). Sentencia Rol 29.922-2022, 29 de marzo de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2023). Sentencia Rol 46.593-2022, 18 de abril de 2023 [recurso de queja].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2023). Sentencia Rol 31.925-2022, 4 de julio de 2023 [unificación de jurisprudencia].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2023). Sentencia Rol 40.155-2022, 28 de julio de 2023 [unificación de jurisprudencia].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2023). Sentencia Rol 153.480-2023, 3 de agosto de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2023). Sentencia Rol 80.648-2023, 12 de octubre de 2023 [recurso de queja].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2023). Sentencia Rol 133.355-2022, 8 de noviembre de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2023). Sentencia Rol 229.028-2023, 14 de noviembre de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2023). Sentencia Rol 223.061-2023, 5 de diciembre de 2023 [recurso de queja].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2023). Sentencia Rol 244.329-2023, 22 de diciembre de 2023 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 222.843-2023, 11 de enero de 2024 [recurso de queja].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 161.167-2022, 4 de abril de 2024 [unificación de jurisprudencia].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 9.648-2024, 4 de abril de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 171.803-2022, 8 de abril de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 1.294-2024, 20 de mayo de 2024 [recurso de queja].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 17.649-2024, 2 de julio de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 3.741-2024, 26 de septiembre de 2024 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 4.842-2024, 26 de septiembre de 2024 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 64.678-2023, 28 de octubre de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 64.679-2023, 28 de octubre de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 32.804-2024, 15 de noviembre de 2024 [recurso de queja].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 53.186-2024, 27 de noviembre de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 106.776-2023, 6 de diciembre de 2024 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2024). Sentencia Rol 252.279-2023, 27 de diciembre de 2024 [unificación de jurisprudencia].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 167.273-2023, 6 de enero de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 184.255-2023, 13 de febrero de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 4.699-2024, 24 de febrero de 2025 [unificación de jurisprudencia].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 175.332-2023, 14 de marzo de 2025 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 13.401-2023, 8 de mayo de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 210.454-2023, 24 de junio de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 226.177-2023, 8 de agosto de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 4.212-2024, 13 de agosto de 2025 [unificación de jurisprudencia].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 5.694-2023, 13 de agosto de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 8.711-2024, 15 de septiembre de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 20.149-2024, 16 de septiembre de 2025 [unificación de jurisprudencia].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 5.520-2024, 30 de septiembre de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 246.894-2023, 17 de octubre de 2025 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2025). Sentencia Rol 40.654-2024, 9 de diciembre de 2025 [unificación de jurisprudencia].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 50.809-2025, 8 de enero de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 35.488-2024, 13 de enero de 2026 [unificación de jurisprudencia].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 28.192-2025, 20 de enero de 2026 [recurso de queja].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 13.952-2024, 2 de febrero de 2026 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 133.277-2023, 30 de marzo de 2026 [casación en la forma y en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 10.490-2026, 10 de abril de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 10.491-2026, 10 de abril de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 10.626-2026, 10 de abril de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 10.804-2026, 15 de abril de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 17.546-2026, 22 de abril de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 12.249-2024, 27 de abril de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 23.430-2026, 5 de junio de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 24.317-2026, 5 de junio de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 24.318-2026, 5 de junio de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 251.609-2023, 7 de julio de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 33.685-2026, 17 de julio de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 39.373-2026, 9 de septiembre de 2026 [casación en el fondo].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 40.077-2026, 9 de septiembre de 2026 [recurso de queja].

Corte Suprema, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 31.699-2024, 28 de septiembre de 2026 [casación en el fondo].

Cómo citar: Torres Labbé, L. (2026). ¿Presentación o notificación? La interrupción civil de la prescripción en la Primera y la Cuarta Sala de la Corte Suprema. Estudio de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre los artículos 2503, 2518 y 2523 del Código Civil (enero de 2023 a septiembre de 2026). Docencia Jurídica Online, Comentarios de jurisprudencia y legislación N° 11. https://doi.org/10.5281/zenodo.23962365. Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).