Las penas sustitutivas de la Ley N° 18.216 en la Corte Suprema: pena concreta, condenas anteriores, requisito subjetivo y revocación

Penas sustitutivas de la Ley 18.216 en la jurisprudencia de la Corte Suprema (2024 a 2026). Este comentario examina cincuenta y seis sentencias de la Corte Suprema, casi todas de su Segunda Sala, sobre cuándo procede, cuándo se niega y cuándo se revoca una pena sustitutiva: remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva y prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Responde si la exclusión se decide por la pena abstracta o por la pena concreta, cómo se computan las condenas anteriores y los plazos de diez y cinco años, qué factores admite el requisito subjetivo de la libertad vigilada y qué exige la revocación del artículo 27.

I. Planteamiento↑ índice

La Ley N° 18.216 regula la sustitución de las penas privativas o restrictivas de libertad por otras que se cumplen en el medio libre, y lo hace a través de un sistema de requisitos objetivos, que miran a la pena impuesta y a las condenas anteriores, y de requisitos subjetivos, que miran al pronóstico de reinserción del condenado. A ese sistema la Ley N° 20.603 le añadió, en 2012, un conjunto de exclusiones por la naturaleza del delito, que las reformas posteriores han ampliado en varias oportunidades, la última de ellas con las Leyes N° 21.523, 21.694 y 21.732. El resultado es un artículo 1 de diez incisos cuya aplicación exige decidir, en cada caso, si rige la pena abstracta del delito o la que efectivamente se impuso, desde cuándo se cuentan los plazos de diez y cinco años que neutralizan las condenas anteriores, qué antecedentes pueden valorarse en el pronóstico y qué incumplimientos autorizan la revocación.

La importancia práctica de estas cuestiones difícilmente puede exagerarse. De la respuesta depende que una persona condenada a una pena de simple delito ingrese a un recinto penitenciario o cumpla en libertad bajo control de Gendarmería de Chile, y la decisión se adopta, por lo general, en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal o en la de ejecución, con un debate breve y a partir de un extracto de filiación y de informes sociales. Quien litiga en sede penal, sea como fiscal, defensor o querellante, necesita saber si la condena anterior a una multa cuenta como condena por simple delito, si el plazo de cinco años corre desde la sentencia o desde el cumplimiento, si la tenencia de un arma cuya pena abstracta es de crimen excluye la sustitución cuando la pena impuesta es de simple delito, y si una nueva condena a pena de falta durante el cumplimiento revoca la pena sustitutiva de pleno derecho. Ese es el origen de este trabajo.

Las sentencias revisadas provienen de dos fuentes. La primera es una base propia de fallos de la Corte Suprema, reunida a partir de su publicación oficial y ordenada por fecha y por sala, en la que se identificaron, mediante búsquedas de texto completo con los términos propios de la materia, setenta y cinco candidatos de los que se leyeron íntegramente cuarenta y tres sentencias de la Segunda Sala. La segunda es el Buscador Unificado de Sentencias del Poder Judicial, consultado el 22 de octubre y el 3 y 5 de noviembre de 2026, en el que la fórmula “pena sustitutiva” y “ley 18.216” arroja 1.174 resultados en la pestaña de la Corte Suprema y 23.047 en la de Cortes de Apelaciones, de los cuales se leyeron íntegramente trece fallos de la Corte Suprema y siete de Cortes de Apelaciones que trataban cuestiones no cubiertas por la base propia o que eran posteriores a su última actualización. Desde el 1 de julio de 2025 el portal publica una selección de sentencias, de modo que esas cifras son un piso y no describen la actividad total de los tribunales. El conjunto examinado comprende, por tanto, cincuenta y seis sentencias de la Corte Suprema leídas en su texto completo, casi todas de la Segunda Sala, y siete de Cortes de Apelaciones, más un grupo de fallos conocidos solo por sus extractos, que se mencionan únicamente cuando sirven para situar un criterio y nunca como fuente de doctrina. La tabla distribuye las sentencias de la Corte Suprema leídas íntegramente por vía procesal y año.

El predominio del amparo no es casual. La decisión que deniega o revoca una pena sustitutiva es apelable ante la Corte de Apelaciones según el artículo 37 de la Ley N° 18.216, y contra lo que esta resuelve no procede casación, de modo que la cuestión llega a la Corte Suprema por la vía de la apelación del amparo del artículo 21 de la Constitución o por la del recurso de queja. Esa particularidad explica dos rasgos del conjunto: las sentencias son breves y resuelven con fórmulas que se repiten de un fallo a otro, y una parte de las disidencias no versa sobre el fondo, sino sobre la procedencia del amparo contra lo resuelto por una Corte de Apelaciones en sede de apelación. Esos votos se dejan constancia donde corresponde, pero el comentario se concentra en las reglas sustantivas.

El trabajo responde cuatro preguntas. La primera es cómo decide la Corte las exclusiones por la naturaleza del delito, y en particular si atiende a la pena abstracta o a la impuesta. La segunda es cómo computa las condenas anteriores que obstan a cada pena sustitutiva. La tercera es qué factores admite en el requisito subjetivo y qué exige a la motivación de la denegación. La cuarta es qué reglas aplica a la revocación, al quebrantamiento y a la ejecución. Con fines de claridad expositiva, la sección II expone el marco normativo mínimo, con la numeración vigente del artículo 1, la sección III examina las exclusiones por el delito, la sección IV las condenas anteriores, la sección V el requisito subjetivo y la motivación, y la sección VI la revocación y la ejecución; cada una desarrolla los casos que fijan o discuten la regla, con su tramitación, su decisión y su ratio decidendi sometidas a crítica, y cierra con la corriente actual de la Sala según sus últimos fallos. La sección VII responde las cuatro preguntas y formula el balance. Las sentencias se identifican por rol, sala y fecha, y los nombres de los condenados se omiten salvo cuando el propio fallo es público bajo esa carátula.

II. Marco normativo: un artículo 1 de diez incisos y cinco regímenes de requisitos↑ índice

1. La facultad de sustituir y las exclusiones del artículo 1

El inciso primero del artículo 1 de la Ley N° 18.216, en el texto fijado por la Ley N° 20.603, dispone que la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga por alguna de las siguientes penas: remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, expulsión en el caso del artículo 34 y prestación de servicios en beneficio de la comunidad. La ley habla de una facultad, y la Corte Suprema insiste en ese carácter cuando conoce de recursos de queja, pero la facultad está sujeta a requisitos legales cuyo cumplimiento la Corte controla por la vía del amparo.

Los incisos siguientes contienen las exclusiones. Conviene fijar su numeración según el texto vigente en Ley Chile al 3 de noviembre de 2026, porque las sentencias citan los incisos por su ordinal y ese ordinal ha cambiado con las reformas. El inciso segundo excluye a los autores de los delitos consumados que enumera, entre ellos los de los artículos 141 incisos tercero a quinto, 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 363, 365 bis, 366 incisos primero y segundo, 366 bis, 372 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391 y 411 quáter del Código Penal, lista a la que la Ley N° 21.523, de 31 de diciembre de 2022, incorporó los delitos sexuales; el mismo inciso excluye los delitos o cuasidelitos cometidos empleando alguna de las armas o elementos de las letras a) a e) del artículo 2 y del artículo 3 de la Ley N° 17.798, salvo que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera del artículo 11 del Código Penal, y los delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios policiales, de Gendarmería y de las Fuerzas Armadas cometidos mientras ejercen funciones de resguardo del orden público. El inciso tercero prohíbe la prestación de servicios en beneficio de la comunidad a los condenados por crímenes o simples delitos de las Leyes N° 20.000, 19.366 y 18.403, y, desde la Ley N° 21.694, de 4 de septiembre de 2024, niega toda pena sustitutiva a quien hubiere sido condenado con anterioridad por alguno de esos delitos, haya cumplido o no la condena. El inciso cuarto, agregado por la Ley N° 21.732, de 12 de febrero de 2025, excluye a los autores de delitos consumados calificados como terroristas. El inciso quinto niega las penas sustitutivas a los condenados por crímenes o simples delitos de la Ley N° 17.798, y el sexto atenúa esa regla: tratándose de simples delitos previstos en dicha ley, solo proceden la reclusión parcial y la libertad vigilada intensiva. El inciso séptimo excluye a los autores de robo con violencia o intimidación consumado que hubiesen sido condenados antes por los delitos de los artículos 433, 436 y 440. El inciso octavo levanta todas esas prohibiciones cuando se hubiere reconocido la atenuante de cooperación eficaz. El inciso noveno, que las sentencias llaman penúltimo, contiene la regla que más litigio ha producido: “Para los efectos de esta ley, no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito”. El inciso final ordena sumar las penas privativas de libertad impuestas por una misma sentencia para los efectos de la sustitución y de la pena mixta del artículo 33.

Dos observaciones sobre esta estructura ayudan a leer los fallos. La primera es que, antes de la Ley N° 21.732, la regla de las condenas cumplidas ocupaba el inciso octavo, y así la citan sentencias de enero de 2026 que resolvieron hechos anteriores; la referencia al “inciso penúltimo”, que otras sentencias prefieren, evita el problema. La segunda es que varias exclusiones están formuladas por referencia al delito, no a la pena, y por eso la discusión central del período es si la exclusión se mide por la pena abstracta asignada al tipo o por la pena concreta impuesta en la sentencia.

2. Los requisitos de cada pena sustitutiva

La remisión condicional, según el artículo 4, procede si la pena no excede de tres años, si el penado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, sin considerar las condenas cumplidas diez o cinco años antes, si sus antecedentes personales, su conducta anterior y posterior y la naturaleza, modalidades y móviles del delito permiten presumir que no volverá a delinquir, y si esas circunstancias hacen innecesaria una intervención o la ejecución efectiva de la pena. Su inciso final la excluye para los delitos de los artículos 15 letra b) y 15 bis letra b).

La reclusión parcial, según el artículo 8, procede si la pena no excede de tres años, si el penado no ha sido condenado anteriormente o lo ha sido a penas que en total no excedan de dos años, con la misma regla de neutralización por el transcurso de diez o cinco años y con límites adicionales para quien ya ha recibido reclusiones parciales, y si existen antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justifiquen la pena, o si los antecedentes personales y la naturaleza del delito permiten presumir que la reclusión parcial disuadirá al condenado de cometer nuevos ilícitos.

La prestación de servicios en beneficio de la comunidad, según el artículo 11, exige una pena igual o inferior a trescientos días, antecedentes laborales o un pronóstico favorable y la voluntad del condenado de someterse a ella, y procede por una sola vez, únicamente cuando los antecedentes penales anteriores hacen improcedentes las demás penas sustitutivas.

La libertad vigilada, según el artículo 15, procede si la pena es superior a dos años y no excede de tres, o si se trata de los delitos del artículo 4 de la Ley N° 20.000 o de los incisos segundo y tercero del artículo 196 de la Ley de Tránsito con pena superior a quinientos cuarenta días y no superior a tres años. En ambos casos se exige, además, que el penado no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, con la regla de los diez y cinco años, y, en el numeral 2, que “los antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitieren concluir que una intervención individualizada de conformidad al artículo 16 de esta ley, parece eficaz en el caso específico, para su efectiva reinserción social”. El mismo numeral dispone que esos antecedentes deben ser aportados por los intervinientes antes de la sentencia o en la oportunidad del artículo 343 del Código Procesal Penal, y que solo excepcionalmente el juez puede solicitar informe a Gendarmería de Chile. La libertad vigilada intensiva, según el artículo 15 bis, procede si la pena es superior a tres años y no excede de cinco, o si se trata de los delitos que la letra b) enumera, entre ellos los de los artículos 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter y 367 del Código Penal, con pena superior a quinientos cuarenta días y no superior a cinco años, y exige las mismas condiciones de los dos numerales del artículo 15. Las condiciones de la libertad vigilada intensiva están en el artículo 17 y las de intervención formativa en el 17 ter.

3. Incumplimiento, quebrantamiento y ejecución

El artículo 24 obliga al condenado a presentarse a Gendarmería dentro de cinco días desde que la sentencia está firme y autoriza al juez a despachar orden de detención si no lo hace, previa comunicación del servicio. El artículo 25 distingue el incumplimiento grave o reiterado, que obliga a revocar o a reemplazar por una pena de mayor intensidad, de los demás incumplimientos injustificados, que obligan a intensificar las condiciones. El artículo 27 dispone que las penas sustitutivas “siempre se considerarán quebrantadas por el solo ministerio de la ley y darán lugar a su revocación, si durante su cumplimiento el condenado cometiere nuevo crimen o simple delito y fuere condenado por sentencia firme”. El artículo 28 ordena citar a audiencia, dentro de quince días, cuando se comunica un incumplimiento. El artículo 31 regula el incumplimiento de la prestación de servicios y su letra c) contempla los incumplimientos “en forma reiterada y manifiesta”. El artículo 37 hace apelable la decisión sobre concesión, denegación, revocación, sustitución, reemplazo, reducción, intensificación y término anticipado de las penas sustitutivas, de acuerdo a las reglas generales.

4. Las normas que deciden las disputas

Las discusiones que siguen enfrentan esas reglas con otras del ordenamiento. La disputa sobre la pena concreta se resuelve, en los fallos, con los artículos 21, 97 y 98 del Código Penal, que clasifican las penas y fijan la prescripción de las impuestas por sentencia ejecutoriada, y con el artículo 5 del Código Procesal Penal, que exige interpretar restrictivamente las normas que restringen la libertad. La disputa sobre la motivación se resuelve con el artículo 36 del mismo Código. La discusión sobre la ejecutoriedad de la revocación se apoya en el artículo 79 del Código Penal, según el cual no puede ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia ejecutoriada. En los procesos por delitos cometidos durante la dictadura, sujetos al Código de Procedimiento Penal, la cuestión llega por casación y se resuelve con los artículos 500 y 541 de ese Código y con el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza la casación de oficio.

III. Las exclusiones por el delito: la pena concreta frente a la pena abstracta↑ índice

1. Los delitos de la Ley N° 17.798

El inciso quinto del artículo 1 niega las penas sustitutivas a los condenados por crímenes o simples delitos de la Ley N° 17.798, y el inciso sexto permite, para los simples delitos de esa ley, la reclusión parcial y la libertad vigilada intensiva. La pregunta es qué hace que un delito de esa ley sea crimen o simple delito para estos efectos, cuando la pena asignada por el tipo es de crimen y la impuesta, por efecto de las atenuantes, es de simple delito. Las sentencias del período responden con uniformidad que rige la pena impuesta.

El primer fallo de la serie resolvió un amparo contra la Corte de Apelaciones de Temuco, que había confirmado la decisión del Juzgado de Garantía de esa ciudad de denegar la reclusión parcial domiciliaria nocturna a un condenado a quinientos cuarenta y un días por los artículos 13 y 3 de la Ley N° 17.798, porque la pena asignada al delito es de crimen (Rol 40.366-2025, Segunda Sala, 8 de octubre de 2025). La Sala acogió el amparo y concedió la libertad vigilada intensiva, con informe social a la vista, porque la judicatura “incurrió en una ilegalidad al interpretar extensivamente y en perjuicio del sentenciado, el inciso sexto del art. 1° de la Ley N° 18.216” (considerando cuarto). La Ministra suplente Lusic votó en contra por la improcedencia del amparo contra una sentencia de segunda instancia de un tribunal de igual jerarquía, objeción que reaparecerá en casi todos los grupos de fallos y que en 2026 llegó a ser mayoría, como se verá en la sección VII.

La misma regla se aplicó en el Rol 25.924-2026 (Segunda Sala, 18 de mayo de 2026) a dos condenas de quinientos cuarenta y un días por tenencia ilegal de arma prohibida, en que el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial había denegado la sustitución “fundado en que debía atenderse a la penalidad abstracta del ilícito por el que fue condenado, y no a la pena efectivamente impuesta” (considerando cuarto); la Sala calificó esa lectura de contraria a una interpretación in bonam partem que, según dijo, “jurisprudencialmente se encuentra asentado”, y ordenó una audiencia para debatir la libertad vigilada intensiva sin considerar la penalidad abstracta. La Ministra Gajardo disintió por la misma razón de competencia. En el Rol 17.926-2026 (Segunda Sala, 15 de abril de 2026), que combinaba tres penas de quinientos cuarenta y un días por dos receptaciones y un porte ilegal de arma adaptable, la Sala transcribió los incisos pertinentes del artículo 1 y concedió directamente la libertad vigilada intensiva, con la precisión de que para los simples delitos de la Ley N° 17.798 solo proceden la reclusión parcial y la libertad vigilada intensiva. El fallo es de interés porque el problema principal era la condena anterior, de la que se trata en la sección IV, pero su parte resolutiva confirma que la Sala trata como simple delito la tenencia o porte sancionado en concreto con pena de simple delito.

La regla tiene un fundamento sólido y una debilidad que conviene señalar. El fundamento es el artículo 21 del Código Penal, que clasifica las penas y no los delitos, y la circunstancia de que la propia Ley N° 18.216 mide todos sus requisitos objetivos por la pena que “impusiere la sentencia”; leer el inciso quinto con un criterio distinto introduciría, dentro de un mismo artículo, dos vocabularios para una misma palabra. La debilidad es que el inciso quinto habla de “crímenes o simples delitos contemplados en la ley N° 17.798”, expresión que remite a la tipificación y no a la sentencia, y que el legislador de la Ley N° 21.412 conocía la práctica de rebajar la pena por atenuantes cuando redactó la regla del inciso sexto. La Sala no se hace cargo de esa objeción y resuelve el punto con la interpretación restrictiva del artículo 5 del Código Procesal Penal, que es un argumento de cierre más que de texto. Para el litigante, en todo caso, la regla es clara y estable.

2. El arma del funcionario y los límites de la exclusión por el medio de comisión

Distinta es la exclusión del inciso segundo, que no mira a la ley que tipifica el delito sino al medio de comisión: los delitos o cuasidelitos cometidos empleando alguna de las armas o elementos de la Ley N° 17.798, salvo que se hubiere considerado la atenuante de irreprochable conducta anterior. La norma fue pensada, según su texto, para agravar el tratamiento de quien delinque armado, y su formulación no distingue entre el arma de porte ilícito y la que el autor porta por mandato de la ley. El Rol 14.466-2026 (Segunda Sala, 10 de septiembre de 2026) tuvo que decidir si esa falta de distinción es un silencio del legislador que el intérprete debe respetar o una laguna que debe colmar.

El caso provenía del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que en la causa RIT 297-2023 había condenado a un capitán de Carabineros a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo como autor de violencia innecesaria causando lesiones graves, delito del artículo 330 N° 2 del Código de Justicia Militar, cometido con una carabina lanza gases durante funciones de control del orden público. El tribunal había dispuesto el cumplimiento efectivo y la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó, en el ingreso 6.746-2025, con un argumento de texto: el inciso segundo no exige que el delito sea de la Ley N° 17.798, sino que se cometa empleando un arma de las que esa ley menciona, y la carabina lanza gases lo es. La defensa recurrió de queja y sostuvo que el precepto no está previsto para quien porta legítimamente el arma en el ejercicio de sus funciones, porque la alusión a la Ley N° 17.798 no se refiere solo al objeto sino al régimen de control que esa ley establece, de modo que extender la prohibición al funcionario armado por la ley equivale a sancionar el porte que la ley autoriza.

La Sala acogió la queja por mayoría, dejó sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones y concedió la libertad vigilada intensiva, sin remitir los antecedentes al Pleno. Su razonamiento tiene dos tiempos. En el primero sostuvo que los recurridos “no pudieron basar su decisión únicamente en la prohibición establecida en el mencionado artículo 1º inciso 2º de la Ley N°18.216” (considerando noveno), lo que sugiere que la exclusión no opera de modo automático y que el tribunal debe examinar si el caso corresponde a la situación que la norma quiso regular. En el segundo precisó la razón: los recurridos “hacen extensible una prohibición a quien estaba facultado para tener y portar el arma” (considerando décimo). La exclusión, en esta lectura, mira al empleo de un arma cuyo porte está sujeto a la Ley N° 17.798 por quien no está autorizado, y no al uso delictivo que el funcionario armado hace del instrumento de su servicio, caso en que la sustitución se decide con los requisitos generales. Los Ministros Llanos y Zepeda votaron por rechazar la queja, porque la resolución no es de las que admiten el recurso según el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales y porque la lectura de la Corte de Apelaciones es una diferencia interpretativa legítima y no una falta o abuso grave.

La decisión merece un juicio matizado. Desde la finalidad de la norma, la mayoría tiene razón en que una exclusión concebida para el delincuente armado se aplica con dificultad al policía que usa el arma de dotación en un procedimiento, y en que el inciso segundo, leído con el artículo 11 circunstancia primera que él mismo menciona, está pensado para un sujeto cuyo porte es reprochable por sí mismo. Desde el texto, en cambio, la Corte de Apelaciones no agregó nada a la ley: aplicó una exclusión que no distingue, y la distinción la introdujo la Corte Suprema. Esa es la razón por la que la disidencia tiene peso: si la lectura de los recurridos es una de las posibles, la queja no era el instrumento, porque la propia Sala ha repetido, en los fallos que se examinan en la sección V, que una posición frente al sentido de una norma no constituye falta o abuso grave. El fallo revela, así, una tensión interna de la Sala entre el fondo, en que la mayoría quiere corregir una exclusión que considera desproporcionada, y la vía, en que la corrección por queja desmiente la doctrina de la discrepancia interpretativa. Su consecuencia práctica es nítida: en los delitos cometidos con armas por funcionarios legalmente armados, la exclusión del inciso segundo no basta por sí sola para denegar y el debate se traslada a los requisitos subjetivos. Su valor como precedente es más frágil, porque descansa en una mayoría de tres votos sobre una cuestión en que dos ministros estimaron que no había falta grave.

3. Los delitos sexuales y la Ley N° 21.523: la exclusión se aplica, la antinomia sigue sin respuesta de la Corte Suprema

Tras la Ley N° 21.523, el inciso segundo del artículo 1 excluye a los autores de los delitos sexuales consumados de los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366 incisos primero y segundo, 366 bis y 372 bis, y niega también la pena mixta del artículo 33, sin que la reforma modificara el artículo 15 bis letra b), que sigue mencionando los artículos 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter y 367 como delitos respecto de los cuales procede la libertad vigilada intensiva con pena superior a quinientos cuarenta días y no superior a cinco años. En las fuentes revisadas, que incluyen una búsqueda específica en el portal del Poder Judicial realizada el 5 de noviembre de 2026, no se halló pronunciamiento de la Corte Suprema que resuelva esa antinomia ni que aplique la exclusión a un delito sexual cometido después de la vigencia de la reforma. Las decisiones son de Cortes de Apelaciones y permiten distinguir dos situaciones.

La primera es la de los delitos que figuran en el inciso segundo del artículo 1 y no en el artículo 15 bis letra b), como la violación impropia del artículo 362. Aquí no hay antinomia y la exclusión opera sin matices. La Corte de Apelaciones de Rancagua lo resolvió en el Rol 910-2026 (Segunda Sala, 1 de octubre de 2026), en que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esa ciudad había condenado a cinco años de presidio menor en su grado máximo por violación impropia y había concedido la libertad vigilada intensiva. El Ministerio Público y el querellante apelaron y la Corte revocó, porque el artículo 1 “establece una prohibición expresa e imperativa de conceder alguna de las penas sustitutivas que aquella ley contempla a quienes sean condenados por el delito establecido en el artículo 362 del Código Penal, como ocurre en la especie” (considerando quinto), y dispuso el cumplimiento efectivo. El fallo no necesita más argumentos, pero llama la atención que un tribunal de juicio oral haya concedido la sustitutiva en un caso cubierto por el texto expreso de la ley, lo que sugiere que la reforma de 2022 no ha sido asimilada de modo uniforme en la instancia.

La segunda situación es la de los delitos que figuran en ambas normas, como el abuso sexual del artículo 366 incisos primero y segundo y el del artículo 366 bis. Aquí está la antinomia, y la única decisión leída que la aborda es la de la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la denegación de la libertad vigilada intensiva a un condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle por abuso sexual de mayor de catorce años (Rol 787-2026, Segunda Sala, 20 de octubre de 2026). La mayoría, formada por el Ministro Espinosa y el abogado integrante Fonseca, compartió la solución del tribunal del grado, que aplicó el principio de temporalidad, y agregó que la historia fidedigna de la Ley N° 21.523 muestra que el propósito fue prohibir la sustitución para los autores consumados de esos delitos, “de modo que con ello se produjo la denominada derogación tácita de la referencia a dicho precepto (el citado artículo 366) en el literal b) del artículo 15 bis de la Ley 18.216”. El Ministro suplente Díaz votó por revocar: a su juicio no hay antinomia, porque el artículo 15 bis letra b) opera como excepción cuando la pena queda entre quinientos cuarenta y un días y cinco años, y así lo impone el principio pro reo, de modo que debían examinarse los demás requisitos.

Dos decisiones de octubre de 2026 muestran cómo se comporta la cuestión en otras Cortes sin resolverla. La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó, en el Rol 2.620-2026 (Cuarta Sala, 27 de octubre de 2026), la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar que denegó la libertad vigilada intensiva a un condenado por abuso sexual de menor de catorce años, “en virtud de sus propios fundamentos”, sin exponer los suyos, de modo que no es posible saber si la denegación se fundó en la exclusión o en los requisitos subjetivos. La Corte de Apelaciones de Valdivia, en el Rol 437-2026 (Segunda Sala, 29 de octubre de 2026), rechazó un amparo contra la Corte de Apelaciones de Temuco, que había confirmado la negativa a sustituir por libertad vigilada intensiva el saldo de una pena de cinco años por abuso sexual reiterado de mayor de catorce años, del artículo 366 en relación con el 361 N° 1, en la forma de la pena mixta del artículo 33; la Corte de Valdivia declaró que lo discutido eran “las razones esgrimidas por los jueces recurridos para el ejercicio de la facultad establecida en el artículo 33 de la Ley N.º18.216, cuestión que escapa a esta Corte revisar” (considerando cuarto), y que no había afectación de la libertad personal. Lo notable de este último caso es que, por hechos de 2023, ni el tribunal de ejecución ni las dos Cortes de Apelaciones invocaron la exclusión del inciso segundo, que niega expresamente la facultad del artículo 33 a los autores del delito del artículo 366 incisos primero y segundo, y trataron la pena mixta como una facultad cuyo ejercicio se debate en los requisitos subjetivos. Si ese modo de proceder refleja una lectura implícita favorable a la especialidad del artículo 15 bis o una simple inadvertencia, es algo que el texto no permite saber.

El voto de minoría de La Serena tiene a su favor que la Ley N° 21.523 no derogó expresamente la mención del artículo 366 en el artículo 15 bis y que la especialidad de esta última norma, referida a una pena sustitutiva determinada y a un tramo penal concreto, es un argumento tan fuerte como la posterioridad de la reforma. La mayoría tiene a su favor la historia de la ley y la redacción imperativa del inciso segundo. Hay, además, un argumento sistemático que ninguno de los dos votos desarrolla: el artículo 4 inciso final excluye la remisión condicional precisamente para los delitos del artículo 15 bis letra b), lo que supone que esos delitos siguen siendo sustituibles por libertad vigilada intensiva; si la Ley N° 21.523 hubiera querido cerrar esa puerta, habría tenido que modificar también esa remisión. Mientras la Corte Suprema no se pronuncie, lo que puede afirmarse es que la cuestión está abierta, que la única Corte que la ha decidido de modo explícito lo hizo dividida y en contra de la sustitución, y que un amparo o una queja sobre ella tiene perspectivas inciertas, tanto más cuanto que, como se verá, la propia procedencia del amparo contra lo resuelto por una Corte de Apelaciones ha dejado de ser pacífica.

4. Los delitos de lesa humanidad: procedencia y control de convencionalidad

En los procesos por delitos cometidos durante la dictadura, sustanciados bajo el Código de Procedimiento Penal, la cuestión de las penas sustitutivas llega a la Corte Suprema por casación, con dos particularidades: la exclusión del inciso segundo respecto de los artículos 150 A y 150 B del Código Penal es posterior a los hechos, y los tribunales de instancia han invocado los instrumentos internacionales para denegar la sustitución. Dos sentencias del período adoptan una posición nítida.

En el Rol 141.759-2023 (Segunda Sala, 16 de junio de 2025, redacción del Ministro Llanos), la Corte de Apelaciones de Santiago había reducido a cuatro años la pena por un secuestro calificado de 1974 y denegado toda pena sustitutiva por un informe presentencial negativo y por el móvil, naturaleza y gravedad de un delito de lesa humanidad. La Sala rechazó la casación en el fondo por defectos de formulación, pero invalidó de oficio la sentencia por falta de fundamentación, porque “no existe norma legal que impida su concesión en delitos de lesa humanidad o crímenes de esta clase”, y de los instrumentos internacionales “sólo se infiere la necesidad de ponderar este aspecto al momento de dictarse la sentencia” (considerando octavo). En la sentencia de reemplazo, la Sala descartó la exclusión del inciso segundo por los artículos 150 A y 150 B, incorporados por la Ley N° 19.567 con posterioridad a los hechos, porque “en materia penal, está vedada la opción de interpretar por analogía in malam partem” (considerando segundo), y concedió la libertad vigilada intensiva por cumplirse los requisitos de los artículos 14 a 19, con las condiciones del artículo 17 y los programas del artículo 17 ter. El Ministro Llanos, redactor de la decisión mayoritaria, y el abogado integrante Gandulfo votaron en contra de obrar de oficio, por estimar que la concesión de una pena sustitutiva es una facultad del tribunal de fondo que no es revisable en casación, criterio que ya habían sostenido en el Rol 230.511-2023.

El Rol 10.837-2024 (Segunda Sala, 9 de marzo de 2026, redacción del Ministro suplente Crisosto) llevó la regla más lejos. En una causa por detención ilegal y secuestro con grave daño de 1973, fallada por la Corte de Apelaciones de Temuco, la Sala rechazó las casaciones e invalidó de oficio por un error en la determinación de la pena que dejó a uno de los condenados fuera del marco de la Ley N° 18.216, “dejando en claro que dicha normativa es plenamente procedente en delitos o crímenes de lesa humanidad, siendo incorrecto decidir que, por medio de una suerte de control de convencionalidad, puede inaplicarse una norma de esta naturaleza” (considerando décimo octavo). El Ministro suplente Mera previno sobre otros aspectos del fallo.

Frente a esas dos decisiones, el Rol 49.472-2025 (Segunda Sala, 19 de febrero de 2026) rechazó un recurso de queja contra la Corte de Apelaciones de Concepción, que había denegado la sustitución en un secuestro calificado de 1973 con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Sala, integrada en esa oportunidad por el Ministro Carroza, las Ministras suplentes Quezada y Catepillán y los abogados integrantes Tavolari y Valdivia, no declaró que la denegación fuera correcta, sino que “en caso alguno la decisión emitida por los jueces recurridos se erige como discrecional, antojadiza ni menos ilegal” (considerando séptimo), con prevención del abogado integrante Valdivia sobre la improcedencia de la queja según el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales. La diferencia de resultado se explica por la vía: en la queja la Sala solo examina si hubo falta o abuso grave, en la casación de oficio corrige el derecho aplicado. Pero el contraste muestra que, con tres semanas de diferencia, una integración de la Sala consideró razonable denegar por estándares interamericanos y otra declaró incorrecto inaplicar la ley por control de convencionalidad. La posición del Rol 10.837-2024 es, en lo sustantivo, la más consistente con el principio de legalidad: el control de convencionalidad sirve para preferir la norma más protectora de la persona, no para privar a un condenado de un derecho que la ley interna le reconoce, y los instrumentos que castigan la impunidad se satisfacen con una condena firme y proporcionada, no con una determinada modalidad de cumplimiento.

5. Los delitos de la Ley N° 20.000

El inciso tercero del artículo 1 excluye la prestación de servicios en beneficio de la comunidad para los condenados por delitos de la Ley N° 20.000 y, desde septiembre de 2024, toda pena sustitutiva para quien registra una condena anterior por esos delitos. En las sentencias revisadas no hay ninguna que decida un conflicto sobre esta exclusión. Lo que hay son concesiones de libertad vigilada intensiva en causas por tráfico: la sentencia de reemplazo del Rol 54.832-2025 (Segunda Sala, 13 de febrero de 2026), que condenó a cuatro años por el artículo 3 de la Ley N° 20.000 y la concedió “reuniéndose en este caso los requisitos del artículo 15 bis de la Ley N°18.216”, y el amparo del Rol 10.688-2026 (Segunda Sala, 16 de marzo de 2026), en que el Juzgado de Garantía de Arauco la había concedido por tráfico del artículo 4 y la discusión versó sobre la competencia para controlarla. En ambas, la ausencia de condena anterior por delitos de drogas hacía inaplicable la nueva exclusión. El artículo 15 letra b), por su parte, sigue permitiendo la libertad vigilada simple para el tráfico del artículo 4 con pena superior a quinientos cuarenta días, y ninguna sentencia del período la discute. Cuando la nueva exclusión llegue a la Corte, planteará las mismas preguntas de esta sección y de la siguiente: si la condena anterior por delitos de drogas se mide por la pena impuesta y si se neutraliza por el transcurso del tiempo, cuestión esta última que el inciso tercero parece resolver en sentido negativo al decir “hayan cumplido o no efectivamente la condena”, frase que sugiere una exclusión perpetua y que el principio de proporcionalidad hará difícil de sostener sin matices.

6. La corriente actual

Los últimos fallos de la Segunda Sala sobre las exclusiones por el delito son de mayo y septiembre de 2026 y mantienen la regla de la pena concreta para la Ley N° 17.798 (Rol 25.924-2026, 18 de mayo de 2026, con disidencia de competencia) y la reducen, para el funcionario legalmente armado, en sede de queja y por mayoría (Rol 14.466-2026, 10 de septiembre de 2026). En lesa humanidad, la última palabra es la del Rol 10.837-2024 (9 de marzo de 2026), que declara plenamente procedentes las penas sustitutivas y rechaza el control de convencionalidad como vía para inaplicarlas, con la salvedad de que la queja no corrige la denegación fundada en estándares interamericanos (Rol 49.472-2025, 19 de febrero de 2026). En los delitos sexuales, la Corte Suprema no se ha pronunciado; en el único caso reciente en que tuvo a la vista una libertad vigilada intensiva concedida por abuso sexual de menor de catorce años, el Rol 49.426-2026 (17 de septiembre de 2026), resolvió solo sobre el abono y no cuestionó la concesión, sin que conste la fecha de los hechos. Las Cortes de Apelaciones, en octubre de 2026, aplican la exclusión del inciso segundo sin discusión cuando el delito no figura en el artículo 15 bis letra b) (Rancagua, Rol 910-2026) y, cuando figura, la única que ha razonado la antinomia la resolvió en contra de la sustitución por mayoría (La Serena, Rol 787-2026), mientras otras confirman denegaciones sin fundamentos propios (Valparaíso, Rol 2.620-2026) o debaten la pena mixta por los requisitos subjetivos sin invocar la exclusión (Valdivia, Rol 437-2026, sobre lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Temuco). Sobre la nueva exclusión del inciso tercero para las condenas anteriores por delitos de drogas no hay fallo alguno. En lo que va de 2026, por tanto, la corriente es de continuidad en el fondo y de creciente fragilidad en la vía, porque las dos decisiones de la Corte Suprema que fijan reglas sustantivas se adoptaron con votos en contra que no discuten la regla sino el instrumento, y la cuestión de mayor volumen, la de los delitos sexuales, se está decidiendo en las Cortes de Apelaciones sin una regla común.

IV. Las condenas anteriores: el cómputo del plazo, las faltas y los adolescentes↑ índice

1. El plazo de diez o cinco años: una regla de fines de 2025 que en 2026 quedó en minoría

El inciso noveno del artículo 1, que reproducen el artículo 4 letra b), el artículo 8 letra b) y el artículo 15 N° 1, ordena no considerar las condenas por crimen o simple delito “cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito”. La redacción admite dos lecturas: que la condena debe estar cumplida y que, además, el plazo se cuenta desde el cumplimiento, o que la condena debe estar cumplida y el plazo se cuenta desde la sentencia, como ocurre con la prescripción de la pena. Entre octubre y diciembre de 2025 la Segunda Sala adoptó la segunda lectura en una serie de amparos que comparten una misma fórmula, y entre julio y septiembre de 2026 dejó de aplicarla por mayoría.

El Rol 52.971-2025 (Segunda Sala, 10 de diciembre de 2025) es el fallo líder de la primera etapa. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua había negado la libertad vigilada intensiva a un condenado a tres años y un día por receptación de vehículo, porque registraba una condena de dos años dictada el 20 de enero de 2012 y cumplida en 2013, de la que no habían transcurrido diez años contados desde el cumplimiento. La Sala razonó que la norma exige que las penas estén cumplidas, “pero no impone la obligación que estos plazos se cuenten desde el cumplimiento de ellas” (considerando cuarto), y remitió a los plazos de prescripción de los artículos 94, 97 y 98 del Código Penal, que corren desde la comisión del delito o desde la sentencia de término. Acogió el amparo y ordenó una audiencia para debatir los demás requisitos. Las Ministras suplentes Quezada y Mera votaron por confirmar, por los fundamentos de la sentencia apelada, sin desarrollar los propios.

La misma regla se aplicó en el Rol 43.465-2025 (Segunda Sala, 29 de octubre de 2025) a un robo con intimidación sancionado con cuatro años, cuya condena anterior de 2017, con una libertad vigilada intensiva quebrantada en 2018, se tuvo por cumplida en 2021; en el Rol 53.530-2025 (Segunda Sala, 12 de diciembre de 2025), a una receptación con una sentencia unificada de 2012 cumplida en 2021, respecto de la cual la Sala declaró que el plazo corre “desde que la sentencia se encuentra ejecutoriada” (considerando quinto); en el Rol 55.125-2025 (Segunda Sala, 24 de diciembre de 2025), a una reclusión parcial denegada por el artículo 8 letra b) con una condena de 2010 cumplida en 2019, “por cuanto habían transcurrido más de diez años de la dictación de la sentencia” (considerando quinto); y en el Rol 41.859-2025 (Segunda Sala, 17 de octubre de 2025), a una remisión condicional denegada por el artículo 4 letra b) con una condena de 2016 cumplida en 2019, en que la Sala señaló que el inciso penúltimo del artículo 1 “replica” la letra b) del artículo 4 (considerando quinto). En todos ellos la Sala acogió el amparo y ordenó una nueva audiencia sobre los restantes requisitos, sin conceder directamente la pena sustitutiva. Las disidencias de los Ministros Letelier y Gajardo en el Rol 43.465-2025 no discuten la regla, sino la procedencia del amparo contra la sentencia de segundo grado de otra Corte de Apelaciones.

La lectura de la Sala tenía una consecuencia práctica inmediata: una condena cumplida poco antes del nuevo delito no obstaba a la sustitución si la sentencia que la impuso tenía más de diez o cinco años. La objeción obvia es que la ley exige que la condena esté “cumplida” y que esa exigencia pierde sentido si el plazo no se cuenta desde el cumplimiento; la respuesta de la Sala fue que el cumplimiento es condición de la neutralización y no su punto de partida, y que, a falta de regla expresa, rige el criterio general de los artículos 97 y 98 del Código Penal. El argumento es defendible pero incompleto, porque la remisión a la prescripción de la pena explica desde cuándo se cuenta el plazo y no por qué la ley habría agregado la exigencia de cumplimiento, que en la lectura de la Sala solo opera en el caso marginal de una pena antigua que no se ha cumplido por evasión. La lectura contraria, que cuenta desde el cumplimiento, da sentido a las dos palabras de la norma y es, además, la que corresponde a la función de la regla, que no es extinguir una pena sino medir el tiempo durante el cual el condenado ha vivido sin delinquir después de cumplirla. Es probable que esa objeción explique lo que ocurrió a mediados de 2026.

En efecto, entre julio y septiembre de 2026 la Sala conoció de al menos tres amparos en que la Corte de Apelaciones respectiva había rechazado la acción contra denegaciones fundadas en el cómputo desde el cumplimiento, y en los tres confirmó, sin fundamentos propios, con el voto en contra del Ministro Llanos, que reprodujo en cada uno la fórmula de diciembre de 2025. En el Rol 39.157-2026 (Segunda Sala, 29 de julio de 2026), el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle había negado la sustitutiva a un condenado a ochocientos dieciocho días por conducción en estado de ebriedad causando lesiones graves, por una condena de sesenta y un días cumplida el 19 de julio de 2019, y la Sala, integrada por los Ministros Valderrama, Astudillo y Zepeda y la abogada integrante Tavolari, confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena; el Ministro Llanos sostuvo en su voto que habían transcurrido más de cinco años desde la sentencia, dictada en 2023, y que procedía la pena sustitutiva. En el Rol 42.467-2026 (Segunda Sala, 12 de agosto de 2026), con los Ministros Valderrama, Gajardo, López y Franulic, la Sala confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en un caso en que la condena anterior era de 2013, y el Ministro Llanos insistió en que el plazo corre desde que la sentencia está ejecutoriada “pero en ningún caso de la fecha de cumplimiento de la sanción”. Y en el Rol 49.132-2026 (Segunda Sala, 16 de septiembre de 2026), con los Ministros Valderrama, Llanos y González, el Ministro suplente Crisosto y el abogado integrante Ferrada, la Sala confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que había rechazado el amparo contra la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, con eliminación de dos de sus fundamentos, una prevención de la Ministra González, que concurría solo por esos fundamentos eliminados, otra del abogado integrante Ferrada, que habría confirmado en todos sus extremos, y el voto en contra del Ministro Llanos, para quien el plazo de cinco años se contaba desde la sentencia de 2019.

Estos tres fallos no contienen una regla explícita de signo contrario, porque la mayoría confirmó sin razonar, y por eso no puede afirmarse que la Sala haya declarado que el plazo corre desde el cumplimiento. Lo que puede afirmarse es que la regla de diciembre de 2025 dejó de tener mayoría: en tres oportunidades consecutivas, con integraciones distintas, cuatro de cinco miembros de la Sala rechazaron aplicarla y solo su autor la mantuvo. El contraste con los fallos de 2025 es llamativo, porque en estos la regla se adoptó por unanimidad o con disidencias que no la discutían, y el Ministro Valderrama, que concurrió a todos ellos, integró también las tres mayorías de 2026. La explicación más plausible no es un cambio de criterio declarado sino la combinación de dos factores: la renovación de la integración de la Sala, con ministros suplentes y abogados integrantes que no participaron en la construcción de la regla, y el peso creciente de la objeción de competencia, que en agosto de 2026 llegó a ser mayoría en un caso vecino, como se verá en la sección VII. Sea cual fuere la causa, para quien litiga la situación en octubre de 2026 es la siguiente: la lectura que cuenta desde la sentencia es la de un voto de minoría, y una denegación fundada en el cómputo desde el cumplimiento tiene altas probabilidades de ser confirmada.

2. La condena anterior se mide por la pena impuesta: multas, prisión y faltas

La segunda regla de esta sección es que la condena anterior cuenta como condena por crimen o simple delito según la pena impuesta en concreto y no según la calificación legal del delito. En el Rol 53.394-2025 (Segunda Sala, 22 de diciembre de 2025) y en el Rol 24.430-2026 (Segunda Sala, 13 de mayo de 2026) la Sala declaró, con una misma fórmula, que “el tribunal para determinar la procedencia de una pena sustitutiva no debe considerar las condenas impuesta a raíz de faltas” (considerando tercero en ambos), en el primero respecto de una multa por el artículo 318 del Código Penal que el Juzgado de Garantía de Peralillo había opuesto a la libertad vigilada, y en el segundo respecto de la revocación de una reclusión nocturna por el Juzgado de Garantía de Bulnes. La Ministra Letelier disintió en el primero por la razón de competencia ya indicada.

El Rol 57.159-2025 (Segunda Sala, 6 de enero de 2026) dio a la regla su formulación más completa, y conviene detenerse en él porque es el fallo en que la Sala expone con mayor claridad la operación intelectual que subyace a toda esta sección. El condenado registraba, en la causa RIT 3.776-2023 del Juzgado de Garantía de Puente Alto, una condena a multa de un tercio de unidad tributaria mensual por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, por un hecho de abril de 2023. En la causa RIT 5.530-2025 del mismo juzgado fue condenado nuevamente y solicitó la libertad vigilada intensiva, que el tribunal negó el 3 de diciembre de 2025 por estimar que el plazo del artículo 1 no había transcurrido, pues debía atenderse a la naturaleza de simple delito del hecho anterior. La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el amparo el 15 de diciembre y la defensa apeló. La Sala, integrada por los Ministros Llanos, Valderrama y Gajardo y los abogados integrantes Tavolari y Ferrada, revocó y acogió, pero no concedió la pena sustitutiva: dejó sin efecto la resolución en la parte que la negaba y ordenó una audiencia limitada a los requisitos subjetivos del artículo 15 bis en relación con el artículo 15.

El razonamiento encadena tres premisas. La primera es que, cuando se analiza la prescripción de la pena, “el tribunal debe estarse a la efectivamente impuesta por la sentencia en el caso concreto” (considerando primero), porque el artículo 97 habla de las penas impuestas por sentencia ejecutoriada y el artículo 98 cuenta el plazo desde la sentencia de término. La segunda es que la multa es pena de falta según el artículo 21 y prescribe en seis meses, con cita de Cury. La tercera es que el artículo 1 ordena al tribunal no considerar “las penas en que el plazo de prescripción hubiere transcurrido” (considerando cuarto). De ahí que el juzgado contraviniera esas normas al atender a la naturaleza del delito “y no a la pena impuesta, que era de un tercio de unidad tributaria mensual, que corresponde a una falta” (considerando quinto). La tercera premisa es la decisiva y también la más discutible, porque el artículo 1 no habla de prescripción sino de condenas cumplidas hace diez o cinco años, y lo que la Sala hace es asimilar la neutralización de las condenas anteriores a la prescripción de la pena, con el efecto de aplicarle no solo el punto de partida de esta sino también sus plazos, incluido el de seis meses de las faltas. La asimilación tiene un fundamento razonable, que es la identidad de función entre ambas instituciones en cuanto miden el tiempo transcurrido desde una condena, pero conduce a un resultado que la ley no previó: una condena a multa por un simple delito deja de contar a los seis meses, aunque la ley solo haya previsto plazos de cinco y diez años. El resultado es favorable al condenado y coherente con el artículo 5 del Código Procesal Penal, y por eso la Sala no lo problematiza, pero muestra que la regla de la pena concreta, llevada a sus últimas consecuencias, reescribe la de los plazos.

El Rol 17.926-2026 (Segunda Sala, 15 de abril de 2026) aplicó lo mismo a una condena anterior de cuarenta y un días de prisión por receptación: la pena en concreto es de falta y prescribe en seis meses, de modo que la judicatura, al descartar la sustitutiva “en consideración a la naturaleza de simple delito por el que fue condenado previamente, desatendiendo la pena concreto que se le impuse” (considerando cuarto), interpretó extensivamente una norma restrictiva en contra del artículo 5 del Código Procesal Penal. En este caso la Sala sí concedió directamente la libertad vigilada intensiva, con el mérito del informe social acompañado, y lo hizo por unanimidad, lo que indica que la regla de la pena concreta aplicada a las faltas tiene un respaldo más amplio en la Sala que la del cómputo desde la sentencia.

Estas sentencias combinan dos operaciones. La primera es clasificar la condena anterior por la pena impuesta, de acuerdo con el artículo 21 del Código Penal, de modo que una multa o una prisión son penas de falta aunque el delito sea simple delito. La segunda es aplicar a esa pena de falta el plazo de prescripción de seis meses del artículo 97, lo que la saca del cómputo con mayor rapidez que la regla de los cinco años. El resultado es que las condenas anteriores que cuentan son, en la práctica, las que impusieron penas de simple delito o de crimen, y que las primeras dejan de contar a los cinco años y las segundas a los diez, contados desde la sentencia o desde el cumplimiento según la etapa de la jurisprudencia que se considere.

3. Las condenas cumplidas hace más de diez años y los antecedentes de adolescente

Dos reglas complementarias cierran el cuadro. En el Rol 10.238-2026 (Segunda Sala, 11 de marzo de 2026), el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir había denegado la reclusión parcial nocturna por condenas de 2001 y 2012, y la Sala declaró que las dos primeras no podían considerarse “por tratarse de sentencias que imponen penas que fueron cumplidas” (considerando cuarto), con disidencia de la Ministra Gajardo por la vía. En cuanto a los antecedentes como adolescente, el Rol 43.505-2025 (Segunda Sala, 30 de octubre de 2025) declaró que a los jueces “les estaba vedado […] tener en consideración las condenas que el acusado […] mantenía en su registro como adolescente” (considerando séptimo), con apoyo en la regla 21.2 de las Reglas de Beijing y en el artículo 59 de la Ley N° 20.084, y con prevención de las Ministras Letelier y Gajardo, que esta vez no opusieron la objeción de competencia porque los intereses constitucionales en juego la hacían ceder. El Rol 54.470-2024 (Segunda Sala, 15 de enero de 2026) rechazó una queja sobre el mismo punto pero invalidó de oficio la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, porque “resultaría contradictorio que por una parte la legislación interna reconociese las especiales características de un adolescente en desarrollo, aplicándole un estatuto punitivo diferenciado y más benigno” (considerando séptimo), y por otra se usaran esas condenas para negar la sustitución en la adultez. Esta última regla es la más sólida del grupo, porque no depende de una lectura de los plazos sino de un principio del sistema de responsabilidad penal adolescente, y es la única en que las ministras que habitualmente objetan la vía declararon expresamente que la objeción cede.

4. El contrapunto de las Cortes de Apelaciones: las condenas que no cuentan reaparecen en el pronóstico

La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó, en el Rol 822-2026 (Primera Sala, 21 de octubre de 2026), la denegación de las penas sustitutivas de los artículos 4 y 8 a una condenada a cuarenta días de prisión por hurto. La Corte admitió que “algunas de las condenas previas, pueden estimarse prescritas atendida su extensión”, pero sostuvo que “no puede soslayarse que registra ocho anotaciones por ilícitos de la misma naturaleza, de manera que los antecedentes sociales alegados por la defensa, no permiten presumir” que se abstendrá de delinquir (considerando tercero). El razonamiento traslada al requisito subjetivo las condenas que el requisito objetivo no permite considerar, y plantea una cuestión que la Corte Suprema no ha resuelto de modo directo: si la neutralización de las condenas antiguas es una regla de cómputo, que solo impide tratarlas como impedimento objetivo, o una regla de valoración, que impide también usarlas como indicio de reincidencia. El texto del inciso noveno, que habla de no considerarlas “para los efectos de esta ley”, favorece la segunda lectura, porque el pronóstico del artículo 4 letra c) y del artículo 8 letra c) es también un efecto de esta ley. Las quejas rechazadas que se examinan en la sección V muestran, sin embargo, que la Sala tolera, en sede disciplinaria, la valoración de antecedentes del mismo delito en ese pronóstico, de modo que la cuestión está abierta y de ella depende que la regla de los diez y cinco años sea una garantía o una presunción desvirtuable.

5. La corriente actual

La última etapa de la jurisprudencia de la Segunda Sala sobre las condenas anteriores presenta dos movimientos de signo distinto. Por una parte, los fallos de enero a mayo de 2026 consolidaron la regla de la pena concreta para las condenas a multa o a prisión, que no cuentan como condenas por simple delito y prescriben en seis meses (Roles 57.159-2025, 10.238-2026, 17.926-2026 y 24.430-2026), y extendieron a la queja, por la vía de la invalidación de oficio, la prohibición de considerar los antecedentes de adolescente (Rol 54.470-2024). Por otra, los fallos de julio a septiembre de 2026 dejaron en minoría la regla del cómputo desde la sentencia, que solo el Ministro Llanos mantiene en sus votos disidentes (Roles 39.157-2026, 42.467-2026 y 49.132-2026). En octubre de 2026, por tanto, la regla vigente de hecho es que la condena anterior se clasifica por la pena impuesta, que las penas de falta no cuentan y que los plazos de cinco y diez años se cuentan, según la mayoría actual de la Sala, del modo que lo hagan los tribunales del grado, que lo hacen desde el cumplimiento. A ello se agrega la práctica de algunas Cortes de Apelaciones de valorar en el pronóstico las condenas que no pueden contarse como impedimento (Corte de Apelaciones de Chillán, Rol 822-2026), sobre la que no hay decisión de la Corte Suprema.

V. El requisito subjetivo y la motivación de la denegación↑ índice

1. Un requisito tasado: los factores del artículo 15 N° 2 “y no otros”

El requisito subjetivo de la libertad vigilada y de la libertad vigilada intensiva está en el artículo 15 N° 2, al que remite el artículo 15 bis, y se formula con cuatro factores: los antecedentes sociales y características de personalidad, la conducta anterior y posterior al hecho punible, y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito. La sentencia más importante del período sobre este requisito es el recurso de queja acogido en el Rol 104.756-2023 (Segunda Sala, 18 de enero de 2024), que merece un examen detenido porque fija el alcance de cada factor y, al hacerlo, delimita lo que el tribunal puede y no puede considerar al decidir la forma de cumplimiento.

El caso provenía de un procedimiento abreviado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa RIT 15.000-2019, en que el acusado fue condenado a cinco años de presidio menor en su grado máximo por delitos reiterados de apropiación indebida, administración desleal, estafa y giro doloso de cheques en concurso medial con usos maliciosos de instrumentos falsos, cometidos entre 2005 y 2019 en perjuicio de múltiples víctimas, entre ellas su propio hermano. El juzgado concedió la libertad vigilada intensiva por cinco años con el mérito de un informe social que calificaba el riesgo de reincidencia como muy bajo y de un informe psicológico favorable, decisión con la que se conformaron el Ministerio Público y la defensa. Uno de los querellantes apeló y la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Rol 1523-2023, revocó y dispuso el cumplimiento efectivo, por la extensión temporal de las conductas, su número, la calidad profesional del autor, los bienes jurídicos afectados, el aprovechamiento de la calidad de ex Presidente de la República de su hermano y dos condenas posteriores por giro doloso de cheques. La defensa recurrió de queja con dos argumentos: la infracción de la igualdad ante la ley respecto de un adulto mayor, con apoyo en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y la infracción del artículo 15 N° 2, porque la Corte había valorado la conducta durante el período de los delitos como si fuera conducta anterior, había exigido una ocasionalidad que solo el artículo 4 letra c) contempla y había tratado como conducta posterior condenas por hechos del mismo período.

La Sala, integrada por los Ministros Valderrama, Llanos y Gajardo, la Ministra suplente Gutiérrez y el abogado integrante Munita, acogió la queja, dejó sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones y concedió la libertad vigilada intensiva por cinco años, sin remitir los antecedentes al Pleno. No se pronunció sobre el argumento de la edad ni sobre la ocasionalidad. Su razonamiento parte de la Ley N° 20.603, que convirtió las antiguas medidas alternativas en penas sustitutivas con dos objetivos, la reinserción social y el uso racional de la privación de libertad, y que impuso para ello dos tipos de requisitos: uno objetivo, la pena impuesta, y otro subjetivo que “están vinculadas a la existencia de antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito” (considerando octavo). A partir de ahí la Sala formuló la regla que da nombre a esta sección: para determinar la concurrencia del elemento subjetivo “únicamente deben considerarse” esos antecedentes “y no otros”, los que han de ser ponderados “no a la luz de la particularidad que pueda importar el modo de comisión del delito o el número de ellos, así como tampoco su extensión en el tiempo o el nivel profesional de su autor, ni los bienes jurídicos vulnerados, puesto que ello debe hacerse al momento de determinar la pena a imponer” (considerando décimo). Añadió que los cheques girados o protestados durante el período de los hechos no son conducta posterior al hecho punible (considerando noveno) y que la referencia al aprovechamiento de la calidad del hermano no estaba en los hechos de la acusación sino en los alegatos de los querellantes, de modo que los recurridos fallaron “con un claro sesgo de parcialidad y subjetividad preconcebida” (considerando undécimo). La Ministra Gajardo y el abogado integrante Munita estuvieron por rechazar la queja, porque la resolución sobre el cumplimiento de la pena no es sentencia definitiva ni interlocutoria de las del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, y porque la aplicación de los artículos 15 y 15 bis es un asunto interpretativo que no constituye falta o abuso.

El fallo tiene un mérito y un problema. El mérito es la separación entre la determinación de la pena, en la que pesan la gravedad, la reiteración y la extensión de las conductas, y la decisión sobre su forma de cumplimiento, en la que solo pesan los factores de reinserción. La separación es coherente con la finalidad de la Ley N° 20.603 y evita que el condenado sea castigado dos veces por la misma gravedad, primero en el quantum y después en la modalidad. El problema es que el artículo 15 N° 2 incluye entre sus factores “la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito”, y no es evidente que la extensión temporal de una defraudación, el número de víctimas y el modo de obtener su confianza sean ajenos a las modalidades y móviles del delito. La Sala resuelve ese punto por la vía de decir que esos elementos ya se valoraron al determinar la pena, pero la ley no establece que un factor valorado en la determinación de la pena quede excluido del pronóstico de reinserción, y de hecho la conducta anterior, que es un factor del artículo 15 N° 2, también pesa en la determinación de la pena a través de las circunstancias modificatorias. Lo que el fallo verdaderamente sanciona, y en esto acierta, es que la Corte de Apelaciones sustituyó el pronóstico de reinserción por un juicio de merecimiento, y que lo hizo con hechos que no estaban en la acusación. Pero al formular la regla con la expresión “y no otros” la Sala fue más allá de lo que el caso exigía, y el resultado es una doctrina que, leída literalmente, impide al tribunal considerar la escala del delito aun cuando esta diga algo sobre la personalidad del autor. Es también por eso que la decisión se adoptó por mayoría y en sede disciplinaria, con una disidencia que no discute el fondo sino la vía, y que la propia Sala, en las quejas rechazadas que se examinan más adelante, ha tolerado valoraciones de los antecedentes que no se compadecen del todo con la rigidez de la fórmula.

2. El informe presentencial y los informes sociales: insumos, no condiciones

Una segunda regla del período es que los informes de Gendarmería o los informes sociales y psicológicos aportados por la defensa son insumos que el tribunal debe ponderar, sin que su signo determine la decisión ni su omisión la impida. En el Rol 141.759-2023 (Segunda Sala, 16 de junio de 2025) la Sala declaró que el informe presentencial “responde a uno de varios de los elementos que deben ser valorados para determinar su procedencia y, en ningún caso, su resultado es determinante ni concluyente, sino que es parte de los insumos que deben colacionarse” (considerando octavo), y en la sentencia de reemplazo concedió la libertad vigilada intensiva pese a un informe de Gendarmería desfavorable, porque este “no refiere antecedentes categóricos que sustenten una conclusión de esa clase” (considerando tercero). En el mismo sentido, la sentencia de reemplazo del Rol 54.315-2025 (Segunda Sala, 21 de agosto de 2026, redacción del Ministro Franulic) concedió la libertad vigilada intensiva con un informe de Gendarmería que calificaba el riesgo como muy bajo, en una causa por homicidios calificados como crímenes de lesa humanidad, y declaró inaplicables las modificaciones de la Ley N° 18.216 posteriores a los hechos por ser menos favorables. La regla es consistente con el texto del artículo 15 N° 2, que hace de los antecedentes aportados por los intervinientes la fuente ordinaria del pronóstico y del informe de Gendarmería una fuente excepcional, y con la naturaleza de ese informe, que es una opinión técnica sobre un pronóstico y no una prueba de un hecho.

La contrapartida es que el tribunal no puede ignorar el informe favorable que tiene a la vista. En el Rol 1.860-2024 (Segunda Sala, 29 de enero de 2024) la Corte de Apelaciones de Antofagasta había denegado la libertad vigilada intensiva en una apelación subsidiaria sin hacerse cargo del informe psicosocial que la defensa había acompañado y que ella misma había tenido presente, “sin que se explique la razón por la que dicho tribunal no se hizo cargo de dicho documento” (considerando tercero); la Sala revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó que había rechazado el amparo y concedió directamente la pena sustitutiva, porque la irreprochable conducta anterior y “la contundencia del informe pericial” configuraban los requisitos objetivos y subjetivos del artículo 15 (considerando quinto). En el Rol 37.391-2026 (Segunda Sala, 22 de julio de 2026) la Sala acogió el amparo contra la denegación de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad por el Juzgado de Garantía de Villarrica, confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco, porque los jueces desecharon el informe social sin reflexión alguna y no precisaron la fecha ni la forma de cumplimiento del antecedente que invocaban, “incurriendo en una manifiesta falta de fundamentación que trasgrede lo previsto en el artículo 36 del Código Procesal Penal” (considerando cuarto); el Ministro Valderrama votó por confirmar y la Ministra Gajardo por la improcedencia del amparo contra una sentencia de tribunal de igual jerarquía. Y en el Rol 13.260-2026 (Segunda Sala, 25 de marzo de 2026) la Sala dejó sin efecto la denegación de la libertad vigilada intensiva por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso en una causa por tráfico de drogas, porque el tribunal “incurrió en un error de hecho que ha tornado en ininteligible y carente de fundamentación” la decisión (considerando quinto), al apoyarla en una situación migratoria que no era la del condenado, y por la desigualdad respecto del coacusado; los Ministros Valderrama y Gandulfo votaron en contra, porque la sentencia estaba firme, conforme al artículo 79 del Código Penal, y no advertían ilegalidad manifiesta.

Estos fallos muestran que la Sala ha convertido el artículo 36 del Código Procesal Penal en el instrumento principal de control de las decisiones sobre penas sustitutivas, y que lo aplica con una intensidad que varía según la integración. Cuando el vicio es un error de hecho o la omisión de un informe que consta en el proceso, la mayoría acoge el amparo y, en ocasiones, concede directamente la pena sustitutiva, lo que supone sustituir al tribunal del grado en una apreciación que la ley le confía. Esa sustitución es defendible cuando los antecedentes son unívocos, como en el Rol 1.860-2024, y más discutible cuando el tribunal del grado tuvo a la vista elementos que la Corte no pondera, razón por la cual la práctica más frecuente en 2026, y la más prudente, es la de ordenar una nueva audiencia en lugar de conceder la pena.

3. Lo que la queja no corrige: la valoración de antecedentes en el pronóstico

Las reglas anteriores conviven con una línea constante de rechazo de recursos de queja contra decisiones que denegaron la sustitución valorando antecedentes del mismo delito, otras investigaciones o la conducta del condenado. En el Rol 53.602-2024 (Segunda Sala, 6 de octubre de 2025) la Sala rechazó la queja contra la Corte de Apelaciones de Coyhaique porque “una determinada posición frente al sentido de una norma jurídica no pueda constituir falta o abuso grave que deba ser enmendada por la vía disciplinaria” (considerando cuarto), con prevención del Ministro Llanos, quien rechazaba porque había dos condenas no cubiertas por el plazo del inciso noveno del artículo 1 y no se cumplía el artículo 8 letra c). En el Rol 18.519-2024 (Segunda Sala, 9 de octubre de 2025) declaró que “lo que verdaderamente subyace tras la interposición del recurso de queja dice relación con una mera disconformidad con la valoración de los antecedentes” (considerando octavo). En el Rol 38.500-2024 (Segunda Sala, 18 de marzo de 2026) calificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó como un “ejercicio netamente jurisdiccional, de subsunción y encuadre de los hechos en una norma en concreto” (considerando quinto). En el Rol 7.922-2025 (Segunda Sala, 31 de marzo de 2026) rechazó la queja contra la denegación en un delito de contrato simulado. Y en el Rol 10.341-2025 (Segunda Sala, 11 de mayo de 2026) sostuvo que “la mayor o menor extensión que exhibe una determinada resolución judicial no emerge como un aspecto trascendental” (considerando séptimo), aunque el Ministro Llanos previno que habría invalidado de oficio por fundamentación insuficiente según el artículo 36 del Código Procesal Penal.

La coexistencia de estas quejas rechazadas con las acogidas de los Roles 104.756-2023 y 14.466-2026 no es contradictoria en sus términos, porque la Sala distingue entre agregar exigencias que la ley no tolera, que es falta grave, y valorar de un modo discutible los antecedentes que la ley sí permite considerar, que no lo es. Pero la distinción es fina y su aplicación depende de la integración de la Sala, como lo muestran las disidencias por la vía en las quejas acogidas y las prevenciones del Ministro Llanos en las rechazadas. Para quien litiga, la consecuencia es que la vía idónea contra una denegación mal motivada es el amparo fundado en el artículo 36 del Código Procesal Penal, y no la queja, que la Sala reserva para los casos en que el tribunal recurrido agregó un requisito o aplicó una exclusión inexistente.

4. La corriente actual

Los fallos más recientes sobre el requisito subjetivo y la motivación son el Rol 37.391-2026 (22 de julio de 2026), que acoge el amparo por falta de fundamentación con dos votos en contra, y la sentencia de reemplazo del Rol 54.315-2025 (21 de agosto de 2026), que concede la libertad vigilada intensiva con un informe favorable y reitera la inaplicabilidad de las reformas desfavorables a hechos anteriores. A ellos se suma, en el Rol 41.058-2026 (Segunda Sala, 5 de agosto de 2026), un voto de minoría de los Ministros Llanos y Zepeda que merece atención, porque sostiene que el tribunal que desecha la remisión condicional no puede disponer el cumplimiento efectivo por la sola falta de peticiones subsidiarias de la defensa, “desatendiendo que se trata de una atribución entregada por la ley a la judicatura, no pudiendo ser soslayado por las omisiones que pudo incurrir la defensa”, de modo que debe examinar de oficio las demás penas sustitutivas; la mayoría no entró al fondo porque estimó improcedente el amparo. La corriente de 2026 mantiene, por tanto, el control de la motivación por el amparo y la regla del informe no vinculante, pero con mayorías cada vez más estrechas y con la objeción de competencia como obstáculo creciente. Las quejas, por su parte, siguen rechazándose cuando solo denuncian una valoración discutible (Roles 38.500-2024, 7.922-2025 y 10.341-2025, todos de 2026).

VI. Revocación, quebrantamiento y ejecución↑ índice

1. El artículo 27 exige un nuevo crimen o simple delito, medido por la pena impuesta

El artículo 27 dispone que las penas sustitutivas se consideran quebrantadas por el solo ministerio de la ley si durante su cumplimiento el condenado comete nuevo crimen o simple delito y es condenado por sentencia firme. Dos amparos de 2026 fijan el alcance de la norma. En el Rol 31.588-2026 (Segunda Sala, 15 de junio de 2026), el Juzgado de Garantía de Parral había revocado la libertad vigilada intensiva impuesta por el artículo 195 inciso tercero de la Ley de Tránsito a raíz de una condena posterior a cuarenta y un días de prisión por conducir con licencia suspendida, y las Cortes de Apelaciones de Talca y de Rancagua habían confirmado. La Sala acogió el amparo y mantuvo la pena sustitutiva, porque “el artículo 27 de la Ley 18.216 sólo permite su revocación por la imposición de una nueva condena por crimen o simple delito” (considerando cuarto), y debe primar la clasificación de las penas del artículo 21 del Código Penal. La Ministra Gajardo y el Ministro Franulic disintieron por la razón de competencia.

El Rol 34.107-2026 (Segunda Sala, 2 de julio de 2026) resolvió el mismo problema respecto de una remisión condicional revocada por el Juzgado de Garantía de Puerto Varas a raíz de una condena a cuarenta y un días de prisión por conducir con licencia suspendida, delito cuya pena abstracta es de simple delito. La Corte de Apelaciones de Valdivia había rechazado el amparo y la defensa apeló. La Sala, con disidencia de la Ministra Gajardo por la vía, aplicó por analogía el criterio de los artículos 97 y 98 del Código Penal y sostuvo que, tratándose de una norma sancionatoria cuyo sentido es reservar la revocación de pleno derecho a infracciones graves, “debe estarse a la pena concreta que ha sido impuesta y no a aquella que establece la ley de forma abstracta” (considerando cuarto), acogió el amparo y ordenó el reingreso al cumplimiento de la sustitutiva.

Con estas dos decisiones, la regla de la pena concreta, que la Sala había construido para las exclusiones y para las condenas anteriores, se extiende a la revocación, y conviene preguntarse si el traslado es correcto. A favor de la Sala está la gravedad de la consecuencia, que es la revocación de pleno derecho y el cumplimiento efectivo del saldo, y la circunstancia de que el artículo 27 habla de “nuevo crimen o simple delito” con el mismo vocabulario que el artículo 1 inciso noveno y el artículo 4 letra b), de modo que leer la expresión de dos maneras dentro de la misma ley sería incoherente. En contra está que el artículo 27 describe una conducta del condenado, cometer un nuevo delito durante el cumplimiento, y no una pena, y que la gravedad de esa conducta como quebrantamiento no depende de la pena que después se imponga, que puede ser de falta por efecto de atenuantes ajenas al hecho. La Sala resuelve el punto por analogía con la prescripción, pero la analogía es imperfecta, porque la prescripción mide el tiempo que debe transcurrir para que una pena se extinga, mientras que el artículo 27 mide la gravedad de un incumplimiento. El resultado práctico es, en todo caso, el más razonable: una condena a multa o a prisión por un hecho menor no debería convertir en efectiva una pena de varios años que se venía cumpliendo en libertad, y si el legislador quiso ese efecto debió decirlo.

Una regla anterior precisa, además, que el artículo 27 exige que el nuevo delito se cometa durante el cumplimiento. En el Rol 43.884-2025 (Segunda Sala, 30 de octubre de 2025) y en el Rol 44.796-2025 (Segunda Sala, 6 de noviembre de 2025) la Sala acogió amparos contra revocaciones de penas sustitutivas cuyo cumplimiento nunca se había iniciado, en el primero porque el plan de actividades de la prestación de servicios no se había aprobado y en el segundo por una razón equivalente, “al no configurarse el incumplimiento de condiciones o quebrantamiento que permite su revocación” (considerando quinto en ambos), y ordenó citar a una nueva audiencia para resolver la situación del condenado; las Ministras Letelier y Gajardo disintieron en el primero por estimar inadmisible el amparo cuando la libertad ya fue resuelta en ambas instancias.

2. La misma multa, dos respuestas: la resistencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel

La regla del Rol 34.107-2026 no ha sido recibida de modo uniforme en la instancia, y el ejemplo más claro es el Rol 990-2026 de la Corte de Apelaciones de San Miguel (Segunda Sala, 21 de octubre de 2026). Una condenada que cumplía libertad vigilada intensiva por tráfico de drogas, en la causa RIT 4646-2023 del Juzgado de Garantía de Puente Alto, fue condenada después a una multa de un tercio de unidad tributaria mensual por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, y el juzgado revocó en audiencia de 20 de marzo de 2026. La Corte confirmó con un razonamiento de texto: el artículo 27 contempla la revocación cuando el condenado comete un nuevo crimen o simple delito, y “para determinar la revocación de la pena sustitutiva debe atenderse a la naturaleza del nuevo ilícito, sin que altere dicha conclusión la circunstancia de habérsele impuesto una pena de falta” (considerando segundo). El Ministro Cerda votó en contra, porque a su juicio debe atenderse a la pena concreta, “que en la especie corresponde a una multa de un tercio de Unidad Tributaria Mensual y, por tanto, a una sanción propia de una falta, insuficiente para configurar la causal legal de revocación”.

El contraste es instructivo por tres razones. La primera es que la Corte de Apelaciones resolvió tres meses y medio después del Rol 34.107-2026 y nueve meses después del Rol 57.159-2025, en que la Corte Suprema había tratado exactamente la misma condena, una multa de un tercio de unidad tributaria mensual por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, como pena de falta, y no cita ninguno de los dos. La segunda es que la mayoría de la Corte de Apelaciones tiene de su lado la letra del artículo 27, que habla del delito y no de la pena, de modo que la discrepancia no es un error sino una lectura alternativa que la Corte Suprema no ha refutado con un argumento de texto, sino con una analogía. La tercera es que el voto del Ministro Cerda reproduce la regla de la Corte Suprema, lo que indica que esta ha permeado en la instancia aunque no haya logrado imponerse. Para la defensa, el caso enseña que una revocación fundada en una condena a multa o a prisión es impugnable por amparo con perspectivas favorables en la Corte Suprema, siempre que la Sala no estime improcedente el amparo por la razón de competencia, y que en la Corte de Apelaciones el resultado dependerá de la sala.

3. El incumplimiento del artículo 25 y los incumplimientos de la prestación de servicios

El artículo 25 reserva la revocación al incumplimiento grave o reiterado. En el Rol 41.315-2025 (Segunda Sala, 15 de octubre de 2025) la Sala acogió el amparo contra la revocación de una libertad vigilada intensiva por tres inasistencias al control quincenal, porque, ponderadas las circunstancias del condenado, que tenía arraigo laboral y familiar y necesidad de tratamiento, esas inasistencias “no configuran un incumplimiento grave y reiterado a las condiciones que le han sido impuesta”, y ordenó la reanudación de la pena sustitutiva y la inmediata libertad. Respecto de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, el Rol 59.443-2024 (Segunda Sala, 16 de diciembre de 2024) confirmó sin fundamentos propios una revocación, con voto en contra del Ministro Llanos, para quien la sola incomparecencia a la municipalidad para iniciar el cumplimiento no configura los incumplimientos “en forma reiterada y manifiesta” del artículo 31 letra c), y las inasistencias a las audiencias de revocación no pueden computarse para ese efecto. Los extractos de amparos de 2021 y 2024 no leídos íntegramente sugieren que la Sala exige, además, que el tribunal revise la justificación de las inasistencias y la compatibilidad de las condiciones con la situación laboral antes de revocar.

4. El condenado que no se presenta y el que se radica en el extranjero

El artículo 24 autoriza la orden de detención contra el condenado que no se presenta a Gendarmería dentro de cinco días. El Rol 46.955-2025 (Segunda Sala, 13 de noviembre de 2025) resolvió un caso distinto: el condenado a remisión condicional por el Juzgado de Garantía de Talca se había presentado al Centro de Reinserción Social de Linares, había estampado su primera firma y luego se había radicado en Suiza, con residencia y trabajo, y había pedido controlar su pena ante el consulado. El juzgado rechazó la petición por falta de norma y despachó orden de detención, y la Corte de Apelaciones de Talca rechazó el amparo. La Sala revocó, porque el juzgado atribuyó al condenado la intención de evadir el cumplimiento por el solo hecho de residir en Suiza, sin ponderar las demás alegaciones, “incumpliendo el deber establecido en el artículo 36 del Código Procesal Penal” (considerando quinto), y ordenó una audiencia para debatir la forma de cumplimiento. El caso tuvo continuación. El juzgado volvió a rechazar el control consular, por tratarse el artículo 5 letra b) de una norma de orden público, en mayo de 2026 despachó una nueva orden de detención, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad de esa norma, y el juzgado invocó luego la orden vigente para negar una audiencia en que la defensa ofrecía retomar el cumplimiento ante Gendarmería. La Corte de Apelaciones de Talca, en el Rol 1.100-2026 (Primera Sala, 21 de octubre de 2026), mantuvo la orden de detención por el incumplimiento persistente, pero acogió el amparo en cuanto ordenó fijar la audiencia del artículo 28, porque la existencia de una orden de detención “no constituye, por sí sola, un impedimento para convocar a una audiencia en que puedan examinarse las alegaciones de los intervinientes” (considerando octavo). El recorrido ilustra dos cosas: que la Corte Suprema controla la motivación de las decisiones de ejecución pero no ha afirmado que el control consular sea una modalidad admisible, lo que deja al condenado radicado en el extranjero sin otra salida que regresar, y que la audiencia del artículo 28 es un derecho del condenado que el tribunal no puede sustituir por la orden de detención, aunque esta se mantenga.

5. La revocación no se ejecuta antes de quedar firme

Una regla procesal de consecuencias prácticas inmediatas es que la resolución que revoca la pena sustitutiva y ordena el ingreso del condenado en calidad de rematado no puede ejecutarse mientras no esté ejecutoriada, aunque la apelación del artículo 37 se conceda en el solo efecto devolutivo. En el Rol 53.558-2025 (Segunda Sala, 12 de diciembre de 2025) la Sala acogió el amparo contra una revocación de libertad vigilada intensiva ejecutada de inmediato, porque se trata de “una sentencia interlocutoria que fija derechos permanentes en favor de las partes” (considerando segundo), y ordenó abstenerse de internar al condenado hasta que se resolviera la apelación. En el Rol 22.042-2026 (Segunda Sala, 30 de abril de 2026) repitió la regla, con apoyo en el artículo 79 del Código Penal, y declaró que, tratándose de una privación de libertad, “es exigible la ejecutoriedad del fallo respectivo” (considerando cuarto). En el Rol 53.501-2026 (Segunda Sala, 15 de octubre de 2026), con los Ministros Llanos, Valderrama y Gajardo y los abogados integrantes Fuentes y Gandulfo, la Sala la aplicó por tercera vez, en términos idénticos, a una orden de ingreso inmediato dictada el 8 de septiembre de 2026 por un juez de garantía de Santiago, y agregó una consideración sobre el artículo 37: la norma “al consagrar el recurso de apelación no señaló la extensión de este, pero al determinar el efecto en que se concede, debe tenerse en consideración las consecuencias que produce otorgar el arbitrio en el solo efecto devolutivo, tratándose del cumplimiento de penas, asimilados de esa manera a la naturaleza de una sentencia definitiva” (considerando tercero). Las tres decisiones fueron unánimes, lo que las convierte en la regla más estable de todo el conjunto examinado.

La regla tiene una base sólida en el artículo 79 del Código Penal, pero su fundamentación técnica es menos firme de lo que parece. La Sala califica la resolución que revoca como interlocutoria que fija derechos permanentes, categoría del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil que sirve para hacerla apelable, pero la apelabilidad ya la da el artículo 37, y lo que está en juego es el efecto de la apelación, que según el artículo 355 del Código Procesal Penal es solo devolutivo salvo disposición en contrario. La Sala no dice que la apelación del artículo 37 se conceda en ambos efectos; dice que la ejecución de una pena de encierro exige sentencia ejecutoriada, lo que equivale a suspender de hecho la ejecución sin suspender formalmente el efecto del recurso. El resultado es correcto y la regla es clara, pero habría ganado en solidez si la Sala hubiera declarado que el artículo 79 del Código Penal es la “disposición en contrario” que el artículo 355 del Código Procesal Penal admite.

6. Competencia, abonos y prescripción de la pena sustituida

Tres reglas completan el cuadro de la ejecución. En el Rol 10.688-2026 (Segunda Sala, 16 de marzo de 2026), el Juzgado de Garantía de Arauco se había declarado incompetente para controlar una libertad vigilada intensiva y había derivado la causa a Talcahuano, pero despachó después una orden de detención por inasistencia a una audiencia sobre la multa; la Sala dejó sin efecto la orden y radicó todo el control en un solo tribunal, porque los artículos 32 y 36 de la Ley N° 18.216 buscan simplificar la fiscalización y no admiten “la existencia de dos tribunales competentes sobre el mismo reproche” (considerando cuarto). En el Rol 49.426-2026 (Segunda Sala, 17 de septiembre de 2026), un condenado a cinco años con libertad vigilada intensiva había visto reservado el abono de la prisión preventiva y del arresto domiciliario para el evento de una revocación; la Sala, integrada por los Ministros Valderrama, Llanos y Zepeda, el Ministro suplente Crisosto y el abogado integrante Ferrada, ordenó el abono inmediato conforme al artículo 348 del Código Procesal Penal, “no pudiendo quedar sujeto su reconocimiento a un evento futuro e incierto” (considerando quinto). Y en los Roles 46.797-2025 (Segunda Sala, 12 de noviembre de 2025) y 54.046-2025 (Segunda Sala, 17 de diciembre de 2025), la Sala declaró prescritas penas de cuarenta y un días de prisión por lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, sustituidas por reclusión parcial nocturna y nunca cumplidas, porque la prisión “es una pena de falta” (considerando tercero en ambos) y prescribe en seis meses según el artículo 97 del Código Penal, computado sobre la pena concreta; en el Rol 36.986-2026 (Segunda Sala, 21 de julio de 2026) ordenó, en un caso igual, una nueva audiencia para verificar los demás requisitos de la prescripción. Esta última serie muestra que la regla de la pena concreta opera también en favor de la extinción de la pena sustituida, con el efecto de que una reclusión parcial nocturna por una falta que no se ejecuta en seis meses deja de poder ejecutarse, consecuencia que debería llevar a los tribunales de ejecución a controlar con mayor diligencia el inicio del cumplimiento de las penas breves.

7. La corriente actual

Los fallos más recientes de la Segunda Sala en materia de ejecución son de septiembre y octubre de 2026 y confirman las reglas de esta sección con mayorías más amplias que las de las secciones anteriores. El Rol 49.426-2026 (17 de septiembre de 2026) ordena el abono inmediato en la pena sustituida. El Rol 53.501-2026 (15 de octubre de 2026) reitera por unanimidad que la revocación no se ejecuta antes de quedar firme y vincula esa regla con la naturaleza de la apelación del artículo 37. El Rol 54.341-2026 (Segunda Sala, 19 de octubre de 2026), con los Ministros Llanos, Valderrama, Matus, Ruz y Zepeda, acogió el amparo de un condenado cuya libertad vigilada intensiva había sido revocada en 2020, con orden de detención para el cumplimiento del saldo, porque la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el rechazo de la prescripción de la pena “sin mediar debate al respecto”, y declaró que “debió discutirse en audiencia la procedencia de la prescripción de las penas” con los antecedentes de las condenas anteriores y de las salidas del país a la vista (considerando tercero), lo que extiende la exigencia de audiencia a la discusión sobre la prescripción de la pena cuya sustitutiva fue revocada. En la revocación del artículo 27, la última palabra de la Corte Suprema es la del Rol 34.107-2026 (2 de julio de 2026), que mide el nuevo delito por la pena concreta, y la última de las Cortes de Apelaciones es la del Rol 990-2026 de San Miguel (21 de octubre de 2026), que lo mide por su naturaleza, de modo que la cuestión volverá a la Sala. La ejecución es, en suma, el ámbito en que la jurisprudencia de la Segunda Sala es más estable en el fondo y en que la fricción con la instancia es mayor en la práctica.

VII. Respuestas a las cuatro preguntas y balance↑ índice

1. Primera pregunta: cómo se deciden las exclusiones por el delito

Las exclusiones del artículo 1 que la ley formula por referencia a un delito o a una ley se miden, en la jurisprudencia de la Segunda Sala, por la pena impuesta en concreto y no por la asignada en abstracto. Así ocurre con los crímenes y simples delitos de la Ley N° 17.798, respecto de los cuales la tenencia o el porte sancionado en concreto con pena de simple delito admite la reclusión parcial y la libertad vigilada intensiva (Roles 40.366-2025, 25.924-2026 y 17.926-2026). La exclusión por el empleo de armas no alcanza al funcionario legalmente facultado para portarlas (Rol 14.466-2026, por mayoría y en sede de queja). En los delitos de lesa humanidad, las penas sustitutivas son procedentes, la exclusión de los artículos 150 A y 150 B no puede aplicarse por analogía a hechos anteriores a su tipificación, y los instrumentos internacionales obligan a ponderar pero no a denegar (Roles 141.759-2023 y 10.837-2024), aunque la denegación fundada en estándares interamericanos no constituye falta o abuso grave (Rol 49.472-2025). La exclusión de los delitos sexuales introducida por la Ley N° 21.523 se aplica sin discusión en las Cortes de Apelaciones cuando el delito no figura en el artículo 15 bis letra b) (Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol 910-2026); su relación con esa norma, para los delitos que figuran en ambas, no ha sido resuelta por la Corte Suprema, y la única decisión de Corte de Apelaciones que la razona la entiende como derogación tácita, con voto en contra (Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 787-2026), mientras otras Cortes debaten la pena mixta del artículo 33 en esos delitos sin invocar la exclusión (Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol 437-2026). Sobre la exclusión de la Ley N° 20.000 no hay pronunciamiento de fondo.

2. Segunda pregunta: cómo se computan las condenas anteriores

Entre octubre y diciembre de 2025 la Sala sostuvo que las condenas anteriores se neutralizan por el transcurso de diez o cinco años contados desde la sentencia que las impuso, no desde su cumplimiento, siempre que estén cumplidas (Roles 52.971-2025, 43.465-2025, 53.530-2025, 55.125-2025 y 41.859-2025); entre julio y septiembre de 2026, en cambio, confirmó por mayoría y sin fundamentos propios tres denegaciones fundadas en el cómputo desde el cumplimiento, y esa regla quedó reducida al voto disidente del Ministro Llanos (Roles 39.157-2026, 42.467-2026 y 49.132-2026). La condena anterior cuenta como condena por crimen o simple delito según la pena impuesta, de modo que las multas y las prisiones son penas de falta que no obstan a la sustitución y que, además, prescriben en seis meses (Roles 53.394-2025, 57.159-2025, 17.926-2026 y 24.430-2026). No pueden considerarse las condenas cumplidas hace más de diez años (Rol 10.238-2026) ni las impuestas como adolescente (Roles 43.505-2025 y 54.470-2024). Las Cortes de Apelaciones aceptan estas reglas en el requisito objetivo, pero al menos una de ellas vuelve a valorar las condenas neutralizadas en el pronóstico subjetivo (Corte de Apelaciones de Chillán, Rol 822-2026), práctica sobre la que la Corte Suprema no se ha pronunciado de modo directo.

3. Tercera pregunta: qué admite el requisito subjetivo y qué exige la motivación

El requisito subjetivo de la libertad vigilada y de la libertad vigilada intensiva está tasado por el artículo 15 N° 2: antecedentes sociales y de personalidad, conducta anterior y posterior y naturaleza, modalidades y móviles del delito, “y no otros”, de modo que la gravedad, la reiteración, la extensión temporal, el nivel profesional del autor y los bienes jurídicos afectados pertenecen a la determinación de la pena y no a su forma de cumplimiento (Rol 104.756-2023). El informe presentencial y los informes sociales son insumos que el tribunal debe ponderar sin que su signo decida la cuestión (Roles 141.759-2023, 54.315-2025 y 1.860-2024). La denegación debe cumplir el artículo 36 del Código Procesal Penal, y no lo cumple la que ignora el informe favorable, omite precisar el antecedente que invoca o se funda en un error de hecho (Roles 37.391-2026 y 13.260-2026). La valoración discutible de antecedentes que la ley sí permite considerar no es falta o abuso grave y no se corrige por la queja (Roles 53.602-2024, 18.519-2024, 38.500-2024, 7.922-2025 y 10.341-2025).

4. Cuarta pregunta: qué reglas rigen la revocación y la ejecución

La revocación del artículo 27 exige una nueva condena firme por crimen o simple delito, medida por la pena impuesta, y una nueva condena a prisión o a multa no la autoriza (Roles 31.588-2026 y 34.107-2026); tampoco la autoriza un delito cometido antes de iniciarse el cumplimiento (Roles 43.884-2025 y 44.796-2025). La revocación del artículo 25 exige un incumplimiento grave o reiterado que tres inasistencias no configuran (Rol 41.315-2025). La resolución que revoca no se ejecuta antes de quedar firme (Roles 53.558-2025, 22.042-2026 y 53.501-2026), y la prescripción de la pena cuya sustitutiva fue revocada debe debatirse en audiencia (Rol 54.341-2026). El abono de las medidas cautelares se reconoce de inmediato aunque la pena se cumpla sustituida (Rol 49.426-2026), el control corresponde a un solo tribunal (Rol 10.688-2026), y la pena de falta sustituida y no cumplida prescribe en seis meses (Roles 46.797-2025 y 54.046-2025). La Corte de Apelaciones de San Miguel, en octubre de 2026, mantuvo la lectura literal del artículo 27 frente a una condena a multa (Rol 990-2026), con voto disidente alineado con la Corte Suprema.

5. Lo consolidado, lo contradictorio y lo pendiente

Lo consolidado es un criterio: la pena concreta. La Segunda Sala lo aplica, con fórmulas que se repiten de un fallo a otro, a la exclusión por los delitos de la Ley N° 17.798, a la clasificación de las condenas anteriores, a la revocación del artículo 27 y a la prescripción de la pena sustituida, y lo funda cada vez en los artículos 21, 97 y 98 del Código Penal y en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Es un criterio de interpretación restrictiva de las normas que excluyen la sustitución, coherente con la finalidad de reinserción y de uso racional de la privación de libertad que la Ley N° 20.603 declaró, y que la Sala recuerda en el Rol 104.756-2023. A su lado se consolidan la tasación del requisito subjetivo, el carácter no vinculante del informe presentencial, el control de la motivación por el artículo 36 del Código Procesal Penal y la ejecutoriedad previa de la revocación. Son conclusiones descriptivas de los fallos examinados; conforme al artículo 3 del Código Civil, las sentencias no tienen fuerza obligatoria general.

Lo contradictorio se sitúa en cuatro lugares. El primero es el instrumento. Casi todas las reglas de fondo se han fijado por la vía de la apelación del amparo, y una parte constante de la Sala, en particular las Ministras Letelier y Gajardo y, según la integración, los Ministros Valderrama y Franulic y la Ministra suplente Lusic, considera improcedente el amparo contra lo resuelto por una Corte de Apelaciones en sede de apelación o contra una sentencia firme, por los artículos 66 del Código Orgánico de Tribunales y 79 del Código Penal. Esa objeción, que durante 2025 fue de minoría, llegó a ser mayoría el 5 de agosto de 2026, cuando la Sala confirmó un rechazo de amparo “teniendo únicamente presente” que el amparo no es la vía para impugnar lo resuelto por un tribunal de la misma jerarquía (Rol 41.058-2026), con el voto en contra de los Ministros Llanos y Zepeda. La regla de fondo es, por tanto, más estable que el instrumento que la hizo posible, y la Sala no ha explicado por qué el amparo procede en unos casos y no en otros en que la misma objeción se formula. El segundo es el cómputo de las condenas anteriores, única cuestión en que la Sala ha cambiado de posición dentro del período: la regla del cómputo desde la sentencia, adoptada entre octubre y diciembre de 2025, dejó de aplicarse por mayoría entre julio y septiembre de 2026, sin que la nueva mayoría haya formulado una regla de reemplazo, de modo que hoy la lectura vigente es la de los tribunales del grado, que cuentan desde el cumplimiento, y la Corte Suprema no ha dicho si la comparte. El tercero es la queja. La Sala acoge quejas cuando el tribunal recurrido agregó un requisito o aplicó una exclusión inexistente (Roles 104.756-2023 y 14.466-2026) y las rechaza cuando valoró de modo discutible los antecedentes admitidos (Roles 53.602-2024 y 10.341-2025), pero la frontera entre ambas situaciones es fina y las disidencias en las quejas acogidas muestran que no es compartida. El cuarto es la instancia. Las Cortes de Apelaciones de San Miguel y de Chillán resolvieron en octubre de 2026 con criterios opuestos a los de la Corte Suprema, la primera en la revocación por una condena a multa y la segunda en el uso de condenas prescritas en el pronóstico, y la de La Serena decidió, dividida, una cuestión que la Corte Suprema no ha abordado.

Lo pendiente es, en primer lugar, la exclusión de los delitos sexuales de la Ley N° 21.523 y su antinomia con el artículo 15 bis letra b), que afecta a un número considerable de causas y que llegará a la Corte Suprema por amparo o por queja. En segundo lugar, el valor de las condenas neutralizadas en el pronóstico subjetivo, cuestión en la que la regla de los diez y cinco años puede quedar sin efecto útil si las Cortes de Apelaciones la convierten en una presunción desvirtuable. En tercer lugar, la nueva exclusión del inciso tercero para quien registra una condena anterior por delitos de la Ley N° 20.000, que no ha producido aún litigio en las fuentes revisadas y que plantea el mismo problema de la pena concreta y del cómputo del plazo. En cuarto lugar, los requisitos propios de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad y de la libertad vigilada simple, sobre los que la Sala solo se ha pronunciado por referencia. Y en quinto lugar, la vía: una definición de la Sala sobre la procedencia del amparo contra las decisiones de las Cortes de Apelaciones en materia de penas sustitutivas evitaría que la regla de fondo dependa de quién integra la Sala el día de la vista, riesgo que los fallos de agosto y septiembre de 2026 convirtieron en realidad. A ello se suma, en sexto lugar, la cuestión que los Ministros Llanos y Zepeda plantearon en su voto del Rol 41.058-2026, esto es, si el tribunal que desecha la pena sustitutiva pedida debe examinar de oficio las demás, aunque la defensa no las haya solicitado en subsidio, cuestión que la mayoría no abordó y que tiene rendimiento práctico inmediato en la audiencia del artículo 343.

6. Lo que se sigue para quien litiga y para quien resuelve

Para la defensa, conviene plantear la procedencia de la pena sustitutiva en la audiencia del artículo 343 con el extracto de filiación y los informes sociales a la vista, identificando la pena concreta de cada condena anterior y la fecha de la sentencia que la impuso, y objetar de inmediato la valoración de condenas prescritas, de faltas o de antecedentes de adolescente. Contra la denegación, la apelación del artículo 37 es el camino ordinario, y contra lo que resuelva la Corte de Apelaciones el amparo fundado en el artículo 36 del Código Procesal Penal y en la regla de la pena concreta tiene perspectivas favorables en la Segunda Sala, con dos advertencias: que desde agosto de 2026 la objeción de competencia ha sido mayoría en al menos un caso, y que la regla del cómputo desde la sentencia ya no la comparte la mayoría de la Sala, de modo que conviene pedir en subsidio todas las penas sustitutivas procedentes y fundar el amparo en las reglas que sí mantienen respaldo, como la de la pena concreta para las faltas y la de la motivación. La queja debe reservarse para los casos en que el tribunal recurrido agregó un requisito o aplicó una exclusión que la ley no contempla. Contra la revocación, debe exigirse la ejecutoriedad antes del ingreso y plantearse el amparo si la nueva condena es a pena de falta. Para el Ministerio Público y el querellante, la oposición a la sustitución debe construirse sobre los factores del artículo 15 N° 2 y no sobre la gravedad del delito, que ya pesó en la pena, y debe acreditar con precisión la fecha y la forma de cumplimiento de las condenas que invoca.

Para quien resuelve, la motivación es la clave. La decisión sobre la pena sustitutiva debe identificar la pena concreta de cada condena anterior, la fecha de su sentencia, el plazo aplicable y el cumplimiento; debe pronunciarse sobre cada informe acompañado y explicar por qué lo sigue o se aparta de él; debe limitarse a los factores del artículo 15 N° 2 cuando se trata de la libertad vigilada; y, si deniega por una exclusión, debe explicar por qué la pena concreta impuesta la hace aplicable. Esa motivación, que el artículo 36 del Código Procesal Penal exige, permite el control por la Corte de Apelaciones y evita que la Corte Suprema intervenga por amparo. En la revocación, la audiencia del artículo 28 y la ejecutoriedad previa al ingreso son exigencias que la Sala ha hecho explícitas y cuyo incumplimiento conduce, con regularidad, a dejar sin efecto lo resuelto.

Referencias↑ índice

Normas citadas

Código Civil, artículo 3.

Código de Procedimiento Civil, Ley N° 1.552 (1902), artículos 158, 772 y 775.

Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1.853 (1906), artículos 500, 535, 541 y 546.

Código Orgánico de Tribunales, Ley N° 7.421 (1943), artículos 66 y 545.

Código Penal (1874), artículos 11, 21, 63, 79, 94, 97, 98, 104, 141, 148, 150 A, 150 B, 318, 330, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 367, 433, 436 y 440.

Código Procesal Penal, Ley N° 19.696 (2000), artículos 5, 36, 343, 344, 348, 355 y 468.

Ley N° 17.798 (1972), sobre control de armas, artículos 2, 3 y 13.

Ley N° 18.216 (1983), que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, artículos 1, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 15 bis, 16, 17, 17 ter, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 36 y 37. Texto consultado en Ley Chile el 3 de noviembre de 2026.

Ley N° 19.567 (1998), que modifica el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en lo relativo a la detención.

Ley N° 20.000 (2005), que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, artículos 3 y 4.

Ley N° 20.084 (2005), sobre responsabilidad penal adolescente, artículo 59.

Ley N° 20.603 (2012), que modifica la Ley N° 18.216.

Ley N° 21.523 (2022), que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización, artículo 6.

Ley N° 21.694 (2024), artículo cuarto.

Ley N° 21.732 (2025), artículo 25.

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), regla 21.2.

Doctrina citada

Cury, E. (2005). Derecho Penal. Parte General (8ª ed.). Ediciones Universidad Católica de Chile. Citado por la Corte Suprema en el Rol 57.159-2025, p. 805.

Jurisprudencia citada

Sentencias citadas en el texto, ordenadas por tribunal, sala y fecha. Fuentes: Buscador Unificado de Sentencias del Poder Judicial (juris.pjud.cl), consultas de 22 de octubre y 3 de noviembre de 2026, y base propia de sentencias de la Corte Suprema.

Corte Suprema, Segunda Sala

Corte Suprema, Segunda Sala. (2024). Sentencia Rol 104.756-2023, 18 de enero de 2024 [recurso de queja].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2024). Sentencia Rol 1.860-2024, 29 de enero de 2024 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2024). Sentencia Rol 59.443-2024, 16 de diciembre de 2024 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 141.759-2023, 16 de junio de 2025 [casación en el fondo, invalidación de oficio y sentencia de reemplazo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 53.602-2024, 6 de octubre de 2025 [recurso de queja].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 40.366-2025, 8 de octubre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 18.519-2024, 9 de octubre de 2025 [recurso de queja].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 41.315-2025, 15 de octubre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 41.859-2025, 17 de octubre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 43.465-2025, 29 de octubre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 43.505-2025, 30 de octubre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 43.884-2025, 30 de octubre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 44.796-2025, 6 de noviembre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 46.797-2025, 12 de noviembre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 46.955-2025, 13 de noviembre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 52.971-2025, 10 de diciembre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 53.530-2025, 12 de diciembre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 53.558-2025, 12 de diciembre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 54.046-2025, 17 de diciembre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 53.394-2025, 22 de diciembre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2025). Sentencia Rol 55.125-2025, 24 de diciembre de 2025 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 57.159-2025, 6 de enero de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 54.470-2024, 15 de enero de 2026 [recurso de queja e invalidación de oficio].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 54.832-2025, 13 de febrero de 2026 [sentencia de reemplazo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 49.472-2025, 19 de febrero de 2026 [recurso de queja].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 10.837-2024, 9 de marzo de 2026 [casación en la forma y en el fondo, invalidación de oficio].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 10.238-2026, 11 de marzo de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 10.688-2026, 16 de marzo de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 38.500-2024, 18 de marzo de 2026 [recurso de queja].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 13.260-2026, 25 de marzo de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 7.922-2025, 31 de marzo de 2026 [recurso de queja].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 17.926-2026, 15 de abril de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 22.042-2026, 30 de abril de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 10.341-2025, 11 de mayo de 2026 [recurso de queja].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 24.430-2026, 13 de mayo de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 25.924-2026, 18 de mayo de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 31.588-2026, 15 de junio de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 34.107-2026, 2 de julio de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 36.986-2026, 21 de julio de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 37.391-2026, 22 de julio de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 39.157-2026, 29 de julio de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 41.058-2026, 5 de agosto de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 42.467-2026, 12 de agosto de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 54.315-2025, 21 de agosto de 2026 [casación en el fondo y sentencia de reemplazo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 14.466-2026, 10 de septiembre de 2026 [recurso de queja].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 49.132-2026, 16 de septiembre de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 49.426-2026, 17 de septiembre de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 53.501-2026, 15 de octubre de 2026 [apelación de amparo].

Corte Suprema, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 54.341-2026, 19 de octubre de 2026 [apelación de amparo].

Cortes de Apelaciones

Corte de Apelaciones de La Serena, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 787-2026, 20 de octubre de 2026 [apelación de sentencia definitiva].

Corte de Apelaciones de Rancagua, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 910-2026, 1 de octubre de 2026 [apelación de sentencia definitiva].

Corte de Apelaciones de Chillán, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 822-2026, 21 de octubre de 2026 [apelación].

Corte de Apelaciones de San Miguel, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 990-2026, 21 de octubre de 2026 [apelación de incidente].

Corte de Apelaciones de Talca, Primera Sala. (2026). Sentencia Rol 1.100-2026, 21 de octubre de 2026 [recurso de amparo].

Corte de Apelaciones de Valparaíso, Cuarta Sala. (2026). Sentencia Rol 2.620-2026, 27 de octubre de 2026 [apelación de incidente].

Corte de Apelaciones de Valdivia, Segunda Sala. (2026). Sentencia Rol 437-2026, 29 de octubre de 2026 [recurso de amparo].

Cómo citar: Torres Labbé, L. (2026). Las penas sustitutivas de la Ley N° 18.216 en la Corte Suprema: pena concreta, condenas anteriores, requisito subjetivo y revocación. Estudio de la jurisprudencia de la Segunda Sala sobre los requisitos y las exclusiones de las penas sustitutivas (enero de 2024 a octubre de 2026), con referencia a fallos de Cortes de Apelaciones de 2026. Comentarios de jurisprudencia y legislación, N° 13. Docencia Jurídica Online. https://doi.org/10.5281/zenodo.24148923